La Comisión Europea aplaza un año la ley pionera contra la deforestación mundial

La Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta para aplazar un año la legislación de la Unión Europea destinada a prevenir la deforestación. Esta normativa, que ya había sido adoptada y que estaba prevista para entrar en vigor en enero de 2025, ha recibido fuertes críticas por parte de la industria y ciertos partidos políticos.

"La Comisión reafirma su apoyo para la implementación del Reglamento de la UE sobre la Deforestación y sugiere un período de adaptación adicional de 12 meses, en respuesta a las solicitudes de socios globales", señala un comunicado del Ejecutivo comunitario.

La propuesta deberá contar con la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros. Ambas instituciones habían respaldado la legislación contra la deforestación en 2023 con una amplia mayoría.

El reglamento tiene como objetivo prevenir que ciertas materias primas y productos derivados consumidos en la UE contribuyan a la deforestación, tanto en el territorio comunitario como en países externos. Entre 1990 y 2020, se destruyó a nivel global una superficie de masa forestal superior a la de la UE, de la cual aproximadamente el 10% se puede atribuir al consumo europeo.

A partir del 30 de diciembre, las empresas deberán demostrar que no han contribuido a la deforestación ni a la degradación de los bosques

La normativa se aplica a productos como ganado, cacao, café, aceite de palma, soja, madera y caucho, así como a sus derivados, como cuero, chocolate y muebles. Establece que, a partir del 30 de diciembre, las empresas que importen estas materias primas a la UE deberán demostrar, mediante un sistema de geolocalización, que no han contribuido a la deforestación ni a la degradación de los bosques.

Cómplices de la deforestación mundial

El texto ha sido sometido a una presión extraordinaria en los últimos meses, tanto por parte de la industria como por países como Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Indonesia, Estados Unidos, Malasia, Australia, Nueva Zelanda o Canadá.

Asimismo, ha recibido presiones del Partido Popular Europeo (PPE), la familia política de la presidenta de la Comisión Europea y la democristiana alemana Ursula von der Leyen. Hay que señalar que este partido había liderado la negociación del texto en la Eurocámara, donde se amplió la ambición del reglamento en comparación con la propuesta original del Ejecutivo.

"No queremos seguir siendo cómplices en la deforestación mundial", afirmó el negociador de la norma en el Parlamento Europeo, el cristianodemócrata luxemburgués Christophe Hansen, tras su aprobación en 2023. Hansen ha sido propuesto ahora para ocupar el cargo de nuevo comisario de Agricultura en el segundo Ejecutivo de Von der Leyen.

Entre los Veintisiete, hay un consenso en no mantener el calendario establecido, con Estados miembros como Suecia, Finlandia, Austria, Polonia y Eslovaquia, así como Alemania, que recientemente han modificado su posición.

Un período de "adaptación"

Algunas de las preocupaciones se enfocan en el posible daño reputacional y la disminución de las exportaciones que podría causar el "ranking" de países que la Comisión tiene previsto publicar antes de fin de año. Este ranking implicaría que los Estados con mayor riesgo de incurrir en deforestación estarían sujetos a un mayor control en sus exportaciones. Otros críticos señalan que el reglamento generará obstáculos burocráticos, especialmente para los pequeños productores y comerciantes.

La Comisión, que hasta hace pocos días afirmaba tanto de manera oficial como extraoficial que no había planes para retrasar la implementación del reglamento, finalmente ha cedido a esa presión y ha decidido escalonar su aplicación. "Si es aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo, la ley sería aplicable el 30 de diciembre de 2025 para grandes empresas y el 30 de junio de 2026 para micro y pequeñas empresas. Dado que todas las herramientas de implementación están técnicamente listas, los 12 meses adicionales pueden servir como un período de adaptación para asegurar una implementación adecuada y efectiva", indicó el Ejecutivo.

Bruselas, que también ha publicado una serie de orientaciones técnicas, justifica su propuesta de prórroga en función de los comentarios recibidos por "socios internacionales sobre su estado de preparación". "La Comisión reconoce que, a tres meses de la fecha prevista para la implementación, varios socios globales han expresado reiteradamente preocupaciones sobre su estado de preparación, la más reciente durante la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York", agregó el Ejecutivo, que también ha detectado "inquietudes" en algunas partes interesadas dentro de la UE.