La Confederación del Guadalquivir niega vertidos desde Aznalcóllar al Guadiamar y defiende su rigor de las críticas ecologistas

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Gobierno, ha defendido este viernes en un comunicado su rigor en los controles y ha rechazado de manera muy contundente, en lo que afecta a sus competencias, las críticas de Ecologistas en Acción al nuevo proyecto minero en Aznalcóllar. Avisa incluso de que se reserva la posibilidad de "iniciar acciones legales". 

La CHG niega en su nota con rotundidad que se hayan producido desde la mina vertidos al río Guadiamar: "En sus labores periódicas y rigurosas de vigilancia e inspección, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no ha detectado ningún vertido al río Guadiamar procedente de la zona minera de Aznalcóllar". 

"La planta de tratamiento de las aguas —asegura la CHG— de esta zona minera está inactiva desde marzo de 2014, por lo que desde esa fecha no se realizan vertidos al río Guadiamar y las aguas de escorrentía producto de las precipitaciones se envían de forma íntegra a la corta de Aznalcóllar, sin conexión con el dominio público hidráulico y cuyo control depende de la Junta de Andalucía y de la propia empresa minera desde que se hizo cargo de la gestión de la misma".

"La mina no tiene actualmente actividad industrial, más allá de la que marca la concesión otorgada por la Administración autonómica de gestión de los pasivos mineros que se generaron tras la rotura de la balsa en 1995 y que, tras la limpieza del río Guadiamar, se alojaron en la corta de Aznalcóllar", agrega la CHG.

"La gestión de estos pasivos ambientales, como se ha explicado anteriormente, es competencia de la empresa minera con supervisión de la Junta de Andalucía, aunque desde la CHG se realiza un seguimiento de la misma en aplicación del principio de precaución y para que no sea afectado, en ningún momento, el dominio público hidráulico", añadió.

La depuradora

El comunicado de la CHG llega un día después de la rueda de prensa que Isidoro Albarreal, del área de minería de Ecologistas en Acción, dio este jueves en Sevilla. Tras la rueda, manifestó a Público que la organización tiene previsto llevar a los tribunales los permisos que se vayan dando para la nueva mina —este mismo jueves, la Junta aprobó la Autorización Ambiental Unificada—. Esta mina se quiere abrir en un enclave en el que en 1998 se produjo uno de los mayores desastres ambientales.

Además, Ecologistas puso en duda el rigor de los controles sobre la mina. La ONG recogió lo siguiente en un comunicado entregado a los medios, firmado por Albarreal.

Por un lado, que la empresa minera "debía cumplir con una serie de obligaciones de mantenimiento de los pasivos ambientales, como el mantenimiento y funcionamiento eficiente de la depuradora que allí existía para las aguas de contacto contaminadas [...]" .

Por otro que "desde 2015 esa depuradora dejó de funcionar [y ...] las aguas se han estado vertiendo sin control a la cuenca del Guadiamar o a las propias cortas mineras, aumentando el nivel de agua en las mismas". 

Y por último: "La responsabilidad por omisión del incumplimiento de esas obligaciones corresponde a la Junta de Andalucía y a la Confederación del Guadalquivir que no ha controlado esos vertidos en la cuenca del Guadiamar".

La CHG afirma en su nota que son "totalmente inexactas" las declaraciones de Albarreal, "sobre la existencia de vertidos al dominio público hidráulico sin control y con el conocimiento de este organismo de cuenca, puesto que no se realiza ningún tipo de vertidos desde que en marzo de 2014 deja de funcionar la depuradora encargada del tratamiento de las aguas provenientes de la corta de Aznalcóllar".

En la nota, la CHG tacha de "inadmisibles" las "insinuaciones de dejación de funciones o presunta prevaricación ante unos hechos tan graves como son los supuestos vertidos mineros, y se reserva la facultad de iniciar acciones legales sobre estas afirmaciones, que ponen en duda la profesionalidad, el compromiso y la honestidad de las trabajadoras y trabajadores públicos de la Confederación y, en concreto, de su Comisaría de Aguas". La CHG, añade el comunicado, "entiende que las manifestaciones de Ecologistas en Acción son inexactas, tendenciosas y alarmistas".