El proceso en torno al hotel Oliva Beach de Fuerteventura, situado en pleno paisaje natural protegido de las Dunas de Corralejo, ha llegado a su fin. El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado las alegaciones formuladas por el Gobierno de Canarias para asumir este expediente y ha abierto el camino hacia la demolición del edificio. 

El pleno del TC no ha dado por válidos los argumentos del Ejecutivo canario contra un informe del Ministerio de Transición Ecológica que advierte sobre los reiterados incumplimientos de la empresa propietaria de este hotel.

El trayecto que conduce hasta este dictamen del TC ha sido largo y ha estado marcado por las diferencias entre el Gobierno central, la empresa titular del hotel y la administración canaria en torno a quién tiene las competencias para actuar en este caso.

El pasado 29 de febrero, el Ministerio de Transición Ecológica emitió un informe en el que certificó la caducidad de la licencia de este complejo, levantado en los setenta y que logró una licencia por parte del Gobierno de José María Aznar en 2003.

El crecimiento de las instalaciones llevó en 2020 a las autoridades a determinar que el hotel se había expandido por encima de las condiciones acordadas, lo que abrió el camino hacia la resolución del ministerio que dirige Teresa Ribera de certificar su caducidad y solicitar la demolición del edificio.

El Gobierno de Canarias recurrió al TC, donde planteó que la competencia sobre costas –y, por tanto, sobre el futuro del polémico hotel– estaba en manos autonómicas y no del Gobierno de Madrid, por lo que consideraba que existía una "injerencia".

Según avanzó Eldiario.es, el pleno del Constitucional rechazó estas alegaciones y confirmó que el Gobierno central tiene potestad para adoptar este tipo de decisiones, lo que supone luz verde para la demolición del hotel.