El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados y lo ha enviado a las Cortes para su posterior aprobación. La norma restringirá por primera vez el uso de plásticos de un solo uso en España y su texto se plantea como una revisión de la ley de 2011 para cumplir con los objeticos marcados por la Unión Europea en gestión de basuras.

De esta forma, España hace una transposición de la Directiva Europea aprobada en 2018 con la que se pretende sacar del mercado determinados productos difíciles de reciclar y que terminan contaminando ecosistemas marinos y terrestres. En la lista de utensilios que deberán dejar de estar hechos de plásticos destacan los bastoncillos para los oídos, bolsas, cubiertos, vasos y platos, pajitas, agitadores de bebidas, palos de globos, recipientes de alimentos que se vendan para consumir en ese mismo envase, así como tapones y tapas.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica con esta Ley –que debería entrar en vigor el próximo 3 de julio si se quiere cumplir con los plazos dictados por Europa– se pretende reducir la presencia vasos y platos de plástico en un 50% para 2026 y en un 70% para 2030. No obstante, la nueva norma da un plazo para sacar definitivamente estos productos y establece que a partir del 1 de enero de 2023 quedará prohibida la venta de estos objetos.

No sólo se estrecha el cerco del plástico de un sólo uso, ya que también se fijan normas de diseño para botellas y recipientes de PET (tereftalato de polietileno), que deberán contener un 25% de plástico reciclado en 2025 y un 30% en 2030. Para alcanzar todos estos objetivos, el Ministerio pretende dar un peso importante a la economía circular y fomentar el uso de alternativas reutilizables o recipientes compuestos por otros materiales diferentes al plástico.

También aparecen en este proyecto de ley otras novedades relacionadas con el modo en el que se separan los residuos. Así, el Ministerio ha establecido un calendario de nuevas recogidas selectivas de residuos para su valorización. Además de haber mayores plazos para las recogidas existentes de residuos como el papel, metal, plástico o vidrio, se añaden recogidas selectivas de biorresiduos domésticos. Esto es algo que entrará en vigor, si finalmente se aprueba el texto, a partir de 2022.

Obligación de ofrecer agua del grifo

Para conseguir que el número de recipientes de plástico descienda, la nueva ley plantea que los establecimientos del sector de la hostelería y la restauración estarán obligados a ofrecer siempre agua del grifo de manera gratuita a sus clientes. 

En ese sentido, el texto también menciona a las Administraciones públicas, que deberán adoptar medidas para recudir también el consumo de agua embotellada en sus dependencias, fomentando la activación de fuentes públicas que den suministro de agua potable.

¿Un sistema de retorno?

Una de las peticiones más sonadas de los colectivos ecologistas es el desarrollo de un Sistema de Retorno (SDDR) de envases que fomente la economía circular y reduzca el número de envases que terminan en la basura. Este sistema consiste en dotar de una fianza ligada al envase, que estará fabricado principalmente de vidrio. Cada ciudadano podrá devolver el recipiente al establecimiento una vez haya finalizado su consumo y se le devolverá la fianza. 

El nuevo proyecto de ley planteado por el Ministerio de Transición Ecológica plantea revisar el concepto de Responsabilidad Ampliada del Productor. En ese punto, se menciona por primera vez posibilidad de obligar mediante un Real Decreto a imponer un Sistema de Retorno, sin embargo no se han dado detalles de si será un elemento que finalmente llegará a España o sólo un mecanismo que podrá ser ejecutado por las comunidades autónomas.

Medidas fiscales

La nueva ley contempla también algunos mecanismos fiscales para mejorar el sistema de tratamiento de residuos. De esta forma, se prioriza la prevención y la reutilización y se pretende dejar como última opción la eliminación. Para ello, el Gobierno desarrollará un impuesto a la incineración y coincineración, así como al depósito de desechos en vertederos. Se pretende obligar a las entidades locales a desarrollar una tasa asociada a los servicios de gestión.

La ley llevará medidas fiscales orientadas a incentivar o promocionar sistemas de pago por generación de residuos además de buscar mecanismos para que las Administraciones compren residuos con la finalidad de promover su reparación o reciclaje. Según los últimos datos públicos, España tan sólo recupera el 35% de los desechos municipales generados anualmente, un porcentaje muy alejado del objetivo marcado por Bruselas del 50% para el año 2020.