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Covid-19 El negocio de la muerte: opacidad y tendencia al monopolio

Algunas empresas funerarias han aprovechado la incertidumbre de la emergencia del coronavirus para subir el precio de los sepelios, lo que ha obligado al Gobierno a congelarlos para evitar que se especule con la muerte. Esta realidad responde a un modelo poco transparente y marcado por la ausencia competencia, según denuncian asociaciones de consumidores.

Un grupo de trabajadores entierran a una víctima en el cementerio de El Salvador, Vitoria. (REUTERS)
Un grupo de trabajadores entierran a una víctima en el cementerio de El Salvador, Vitoria. (REUTERS)

En la vida se paga por todo, hasta por morir. Así, con una pandemia que ya ha incrementado la mortandad en un 40% en España, el negocio funerario parece ser el único que esta maximizando sus beneficios. Tanto es así, que algunos ciudadanos han denunciado en los últimos días que la covid-19 se ha convertido en la excusa perfecta para aumentar los precios de los servicios.

"La funeraria nos pide 5.000 euros por los gastos funerarios, con un IVA del 21% y conceptos extraordinarios vinculados a la situación que estamos viviendo en Madrid con la pandemia (ataúdes estancos, medidas especiales de seguridad e higiene...). Morir de coronavirus es más caro", denunciaba públicamente el cineasta Pepe Jordana, que en los últimos días perdió a su madre de 86 años.

Lo mismo le ocurrió al cantautor Oriol Barri, otro ciudadano que denunció la subida de precio por parte de una funeraria, que reclamaba un suplemento de casi 1.600 euros por un ataúd especial para aquellos que han fallecido por coronavirus. En total, el tanatorio fijaba un precio que ascendía a los 4.000 euros, aunque después de una reclamación consiguieron rebajar a 3.000 euros el coste de un sepelio atípico; sin velatorio, ni flores, ni ceremonias.

Ante esta situación, el Gobierno se ha visto en la obligación de tomar medidas al respecto y el Ministerio de Consumo ha anunciado que los precios de los servicios funerarios quedarán congelados respecto a los que estaban vigentes antes del 14 de marzo, fecha en la que entró en vigor el estado de alarma. De hecho, los pagos que se hayan realizado después de esa fecha y que tengan un incremento de precio deberán devolverse. "La medida cuelga del decreto del estado de alarma y, por tanto, es de aplicación sólo durante este momento transitorio", explican a este diario fuentes del Ministerio dirigido por Alberto Garzón.

"Ciertas empresas han intentado especular en una situación de emergencia"

"La decisión de congelación de precios de servicios funerarios responde a un hecho concreto: se había detectado un alza injustificada en los precios en algunas empresas", manifiestan desde el ministerio, para detallar que "ciertas empresas han intentado especular en una situación de emergencia".

Pero esta subida exponencial de los precios no es un hecho aislado, sino que responde a la esencia de un sector marcado por un alza de los precios desde hace décadas. Concretamente desde 1996, cuando el Gobierno de José María Aznar aprobó el Real Decreto sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, cuyo artículo 22 abría la puerta a las privatizaciones de los servicios funerarios. Desde entonces el precio medio de los sepelios se ha disparado.

Según un informe de la revista Consumer, el precio medio de un funeral en España experimentó una subida exponencial, al pasar de los 1.040 euros en 1998 a los 1.978 euros en 2008. En 2017, según otro estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el precio medio se situaba ya en los 3.545 euros. La curva de las tarifas funerarias sólo ha ido en aumento, aunque, según las organizaciones de consumidores existe una gran opacidad en el sector, lo que impide tener cálculos más certeros.

El volumen de negocio dejó en el año 2018 –último año en el que hay registros– unas cifras de facturación global de 1.530 millones de euros, 25 millones más que el año anterior, según las cifras económicas publicadas por la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (PANASEF). La mayor parte del negocio, no en vano, se concentra en pocas manos, a pesar de que en España hay cerca de 1.300 empresas ubicadas en el sector. Tanto es así, que sólo cinco empresas facturan más de 50 millones anuales, repartiéndose entre ellas casi el 20% del negocio.

Memora, Servisa, Albia, ASV y Funespaña son las compañías que dominan el negocio. Entre las cinco acumularon más de 380 millones de euros facturados en 2018 y sumaron unos beneficios que rondan los 50 millones de euros, tal y como muestran los datos del Registro Mercantil recogidos por eldiario.es. Esta falta de competencia se ve sobre todo, según explica Enrique García, portavoz de la OCU, en las ciudades pequeñas, donde las empresas "juegan un régimen de monopolio, lo que siempre termina siendo negativo para los consumidores". Se trata, por ende, de una actividad "liberalizada, pero con matices", agrega el experto.

La solución, según explica García, no pasa tanto por una nacionalización plena del servicio, ya que las encuestas realizadas demuestran que hay localidades con servicios plenamente municipales donde el aumento de precios es también una realidad. Así pues, el problema, según la organización de consumidores, tiene que ver más con una falta de transparencia que, en una situación de crisis como la del coronavirus, se ve aún más agravada. "A través de las páginas web de las empresas no se muestran siquiera las informaciones de las tarifas y resulta muy difícil encontrar información previa", lo cual termina afectando a los ciudadanos de manera directa, ya que se pueden ver obligados a decidir de manera sin tener tiempo de reflexionar en una "circunstancia muy trágica".

Este medio ha tratado de ponerse en contacto con la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (PANASEF) para conocer su postura sobre la congelación de los precios y las denuncias de especulación, pero por el momento no ha encontrado respuesta. 

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