Teléfonos de atención al paciente saturados, ninguna restricción para reducir contagios por covid, una atención primaria desbordada por la sexta ola, confrontación, ruido y un llamado al autocuidado para evitar la toma de decisiones. Podría ser una síntesis sobre Madrid, tan acostumbrada a acaparar atenciones. Pero no. La escuela de Isabel Díaz Ayuso, visto su éxito electoral, tiene eco en otras comunidades autónomas, y la gestión del PP de Castilla y León parece encaminada a seguir esos pasos

El próximo 13 de febrero serán los comicios en Castilla y León después del adelanto electoral promovido por su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, tras romper su coalición con Ciudadanos y probar suerte en un momento en el que las encuestas ubican al candidato del PP cercano a la mayoría absoluta. Hasta la ruptura del acuerdo, Cs estaba al cargo de la Consejería de Sanidad, regida por Verónica Casado, una médica con perfil independiente que contaba con cierto consenso y aprobación en el entorno sanitario de la región, pero que fue fulminada por Mañueco junto al resto de consejeros del partido naranja.

"El PP ultraliberal de Madrid no era posible en Castilla y León, al menos hasta la llegada de Mañueco", sostiene Juan Gascón, coordinador de Izquierda Unida en la comunidad. "Vox tiene solo un representante en Castilla y León, pero es verdad que en la parte cultural de lo político se ha notado que han ido hacia una derechización, donde además parece que hay que hacer ruido y confrontación en lugar de crear espacios de dialogo. Las encuestas dicen que esto les viene bien", sostiene. 

Con la incidencia acumulada en 3.167 casos por cada 100.000 habitantes (la media está en 2.295) y 46.535 casos en los últimos 7 días (solo cinco comunidades han reportado más contagios), Mañueco ha seguido una estrategia similar para la emergencia sanitaria a su homóloga Ayuso: culpar al "sanchismo" de sus males y no tomar restricciones al ocio nocturno y la hostelería, a pesar de que el comité científico estaba por la labor de establecer cierres como ha pasado en otras comunidades para frenar la curva de contagios. 

Ignacio Rosell, experto en Medicina Preventiva y Salud Pública y miembro del Comité Expertos de Castilla y León, asegura que "el comité sí propuso" tomar medidas similares a las que tomaron comunidades limítrofes como Asturias, Aragón, La Rioja o Euskadi, aunque luego la cúpula política optó por el estatismo. 

Saturación de la atención primaria 

Susana Simón, de la Plataforma de la Sanidad Pública en Castilla y León, constata el malestar con la gestión: "Se han reducido las cuarentenas porque está ampliamente reconocido que no se pueden asumir las bajas. Está muy bien lo del autocuidado, nosotros hemos defendido la mascarilla desde el minuto uno, pero es irresponsable que no se haga nada". De hecho, la plataforma Amigos de la Sanidad Publica Castilla y León ha iniciado una campaña de recogida de firmas para frenar "una década de recortes y políticas privatizadoras".

Tras su última actualización, los protocolos de actuación de la comunidad decretan que se realizará un único test diagnostico sólo en personas vulnerables o personas que las atienden, así como en aquellos que desarrollen síntomas. Tras el aislamiento de siete días de los positivos o sospechosos de positivo, no se realizará una prueba para confirmar el negativo, con la salvedad de los sanitarios. Lo relativo a cómo terminar el aislamiento, donde el Gobierno central también ha optado por no exigir una prueba negativa, genera inquietud en la ciudadanía.

Además, otro aspecto en el que se llama al autocuidado es a la hora de rastrear contagios: "Tengo que avisar a todas las personas con las que he estado más de 15 minutos a menos de 1,5 metros y sin medidas de seguridad desde dos días antes de empezar con síntomas", es la indicación de Castilla y León.

La estrategia, por ahora, deja la comunidad con una ocupación de camas por covid del 9,80% (la media está en 10,10%) y de un 28,14% de las camas de UCI por coronavirus, casi un 7% por encima de la media nacional (21,18%). En cuanto a la positividad (personas que dieron positivo entre los que se han hecho prueba), también está disparada y alcanza el 35% (media nacional de 28). 

Sobre la crisis de saturación actual, acuciada por las bajas de sanitarios contagiados, Ignacio Rosell encuentra una "grandísima sobrecarga de trabajo que impide atender la demanda de pruebas diagnosticas y estudio de contactos y seguimiento de pacientes covid" y que "hay médicos asumiendo la agenda de dos".

El coordinador de Izquierda Unida, Juan Gascón, asegura que potenciar la atención primaria implica la contratación de personal. "Estas saturaciones ya pasaba con la gripe y se pasaban como se podía. Habría que potenciar la contratación de personal. Es verdad que ha habido problemas que no pasaban antes, como esperar varios días para ser atendido por médico de familia", asegura el político.

Los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad desvelan que Castilla y León se encuentra en la octava posición en el listado de PCR realizadas durante la semana de Nochebuena y Navidad, mientras que es la quinta que más muertes  ha notificado por coronavirus en los últimos siete días: 24, empatada con Andalucía. 

Además, aunque la financiación de la Consejería de Sanidad ha aumentado en los presupuestos para 2022 (el 43% de los presupuestos serán destinados a Sanidad) y es la quinta en financiación por habitante de cara a 2022, la necesidad de rastrear mejor el virus llevó a Mañueco a la contratación de unidades móviles para el cribado masivo a través de test de antígenos, que no dudó ofrecer a empresas privadas, dos de las cuales pertenecen a excargos del PP. 

Para concluir, Susana Simón incide en la particularidad de Castilla y León, la ruralidad, que no ha sido atendida con precisión por el Gobierno: "Hay pocos consultorios reabiertos y como pasa en pueblos pequeños que están poco poblados parece que no llega la noticia. La situación es preocupante. Que hagan un seguimiento real y no nos hagan ir a la privada", zanja ante la solución a la que recurren aquellos que se ven desatendidos: pagar y acudir a clínicas privadas en busca de pruebas PCR.