La juez que se hizo cargo de la denuncia de la alcaldesa de Mogán (Gran Canaria) por el trato que reciben los migrantes en el muelle de Arguineguín ha decidido archivarla, al considerar que la situación del campamento es "efectivamente deplorable", pero no incurre en delito alguno.

La alcaldesa, Onalia Bueno, no señalaba formalmente en su denuncia ningún responsable concreto de la vulneración de los Derechos Humanos que, a su entender, se estaba produciendo en el campamento de primera acogida del puerto de Arguineguín, donde han llegado a pernoctar 2.500 personas, cinco veces su capacidad, pero al registrarla si manifestó ante la prensa que esperaba que se depurasen "responsabilidades penales" en el Gobierno.

"El examen de las diligencias de investigación practicadas, así como de la presente denuncia, debe llevar necesariamente a su archivo, por entender esta instructora que los hechos denunciados no son presuntamente constitutivos de infracción criminal", argumenta la juez Yanira del Carmen Gozález, que inspeccionó el campamento el pasado viernes, cuando había más de un millar de personas en su interior, para conocer en persona cuál era la situación.

Cuando la regidora del Ayuntamiento donde se encuentra el muelle de Arguineguín interpuso su denuncia, el pasado 28 de octubre, había en el interior del campamento 915 personas, de las que 495 dormían al raso, al no haber tiendas para todos. Hasta en ese momento, la mayor cifra que había albergado el muelle era de 1.575 personas.

Bueno denunciaba que se incumplían las normas de obligado cumplimiento para la prevención de la covid-19, que no había camas para ninguno de los migrantes, que solo se habían dispuesto 12 duchas, con lo que el acceso a la higiene era muy difícil, y que los cientos de personas allí congregadas compartían 25 baños químicos.

También cuestionaba que los migrantes solo recibieran bocadillos como alimentación o que no se les facilitara lavar la ropa y denunciaba que muchas de esas personas habían tenido que soportar "esas durísimas condiciones hasta más de 15 días" en el muelle.

"Efectivamente, deplorable"

"Efectivamente, deplorable", reconoce la jueza en su auto, para acabar subrayando que no se aprecia delito alguno en lo que ha ocurrido en el muelle de Arguineguín, ni se ha cuestionado conducta concreta de alguna persona que pueda tener repercusión penal.

La jueza entra en detalle sobre el presunto delito que supone que esas personas pasen en el muelle más de las 72 horas que la ley concede a Policía para tomar la filiación a los migrantes. El auto recuerda que, por protocolo sanitario, "no se puede realizar labor alguna, ni administrativa ni judicial, hasta obtener los resultados de las PCR realizadas a los migrantes y, en su caso, seguir la cuarentena o las prescripciones necesarias establecidas por el facultativo que los asiste".

"La libertad ambulatoria, tanto de nacionales como de extranjeros, puede encontrarse limitada por el protocolo a seguir", añade la juez, que observa "una prudente proporcionalidad entre la limitación de dicho derecho fundamental y la salvaguarda de la salud pública". Y añade que no se ha probado que los migrantes que han pasado por ese campamento siguieran en su interior "en contra de su voluntad, ni que se les haya impedido abandonarlo".

El papel de las fuerzas de seguridad

En el muelle de Arguineguín, argumenta, las fuerzas de seguridad "realizan las funciones de protección y salvaguarda que les son propias, pero no existe prueba alguna que acredite que los ciudadanos que se encuentran en dichas instalaciones lo estén en contra de su voluntad y que al intentar abandonar las mismas hayas regresado a la fuerza".

Sin embargo, la Policía desalojó la semana pasada a unos 200 migrantes del muelle de Arguineguín sin ofrecer ningún recurso de acogida. Los agentes sacaron del campamento de la Cruz Roja al grupo de migrantes, de origen marroquí, sin proporcionarles ningún lugar donde pernoctar ni al que ir. A última hora de la noche, por orden de la Secretaría de Estado de Migraciones y el Gobierno canario, fueron finalmente trasladados en autobuses a un complejo de bungalós de Maspalomas. Tras estos hechos, Marlaska aseguró que no iba a dimitir y que Interior iniciaría una investigación.

El ministro de Interior lleva un año dejando muy claro que Canarias es y será el tapón que pide la Unión Europea. Su departamento no ha autorizado apenas salidas de migrantes de unas islas totalmente sobrepasadas por la afluencia de pateras en lo que va de año, a pesar de que la cifras de 2019 ya advertían de este drástico repunte.

El PSOE rechaza trasladar migrantes a la Península

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha rechazado este lunes trasladar a migrantes desde Canarias a la Península como reclaman sus socios de Unidas Podemos y el Gobierno canario y ha apostado por repatriar a los que estén en situación irregular.

"Facilitar el acceso a la Península sería tanto como normalizar los flujos y entendemos que no es esa la vía ni va a resolver la presión de Canarias", ha dicho José Luis Ábalos en una rueda de prensa en la sede del PSOE después de la Ejecutiva de su partido, preguntado sobre la posición de Casado, que pide repatriar de forma "inmediata" a los migrantes que están en el puerto de Arguineguín.

Ábalos ha defendido que los centros para albergar a los migrantes en Canarias serán provisionales y ha defendido que España debe tener migración "regular y controlada" y por ello la irregular debe repatriarse. Lo que ya no tengo tan claro es cómo se hace eso inmediatamente porque para una repatriación hace falta el acuerdo de las autoridades que tienen que aceptarlas, y por eso se ha desplegado toda esta actividad diplomática", ha dicho en alusión a los viajes del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la de Exteriores, Arancha González Laya.

Unidas Podemos sí quiere traslados "a la mayor brevedad"

Ábalos se ha pronunciado en estos términos sobre la crisis migratoria que se vive en Canarias, ante la que Unidas Podemos, socios de Gobierno del PSOE, reclama que los ministerios de Interior y Migraciones trasladen "a la mayor brevedad" a lugares de acogida de la Península a los migrantes llegados a Canarias.

La ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, aseguró el jueves que hay imágenes que un Gobierno progresista no se puede permitir y defendió que el Ejecutivo tiene que garantizar los derechos humanos en España.

"Un Gobierno que se autodenomina progresista debe cumplir con su deber de ayuda a los migrantes", dijo a ese respecto el diputado de Unidas Podemos Gerardo Pisarello, para quien la gestión del Ejecutivo "no ha sido la mejor".