Los cruceros en Barcelona vuelven a las cifras previas a la covid sin mitigar su impacto ambiental

Definitivamente, este verano ha sido el del regreso del turismo de masas a Catalunya y a Barcelona. Los datos constatan que el bajón de visitantes provocado por las restricciones pandémicas ya ha quedado atrás. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante julio Catalunya recibió 2,47 millones de turistas, un dato superior al mismo mes de 2019. La recuperación de los visitantes ha llegado a todos los sectores, también al de los cruceros, uno de los más cuestionados en Barcelona por su impacto ambiental y los perjuicios que genera sobre todo a los vecinos de Ciutat Vella. En concreto, el pasado mes pasaron por la ciudad 347.969 cruceristas, casi los mismos que los registrados en el mismo mes de los años 2019 (358.760) y 2018 (351.600), los dos únicos en los que el cómputo anual superó la cifra de los tres millones.

La recuperación de los cruceristas se ha producido con mucha fuerza durante el verano —los datos de mayo y junio todavía eran notablemente inferiores a los del 2019— y llega en uno de los momentos en los que el sector está más bajo con los focos de la ciudad, con propuestas de regulación para limitarlo por parte del Ayuntamiento y una mesa de trabajo entre administraciones para abordar la cuestión. Sin embargo, de momento sin acuerdos significativos.

Paralelamente, pese a la promesa de haber adoptado medidas para adaptarse a la emergencia climática, la realidad es que los grandes barcos de pasajeros que pasan por la capital catalana siguen siendo muy contaminantes, como ha vuelto a demostrar un estudio presentado esta misma semana por la asociación medioambiental alemana Nabu.

El informe, que analiza a 19 compañías navieras, concluye que éstas hacen promesas y anuncios de compromisos climáticos, pero a la hora de la verdad hacen muy poco para mejorar la situación: "Los resultados muestran una vez más que la protección del medio ambiente y el clima siguen siendo objetivos lejanos para las compañías de cruceros. El fuel pesado todavía es el combustible elegido por la gran mayoría de la flota existente".

MSC, Costa Cruceros y Royal Caribbean, con mucha presencia en Barcelona, ​​son las tres compañías más contaminantes

Tres de las compañías que obtienen peor puntuación medioambiental —una clasificación que se obtiene a partir de las medidas que han implementado— son MSC, Costa Cruceros y Royal Caribbean, que justamente son de las que más peso tienen en el Puerto de Barcelona. Sin embargo, según subraya la organización ecologista, prácticamente no han dado pasos para reducir sus emisiones, algo que contribuye a mantener la elevadísima contaminación de la infraestructura catalana, que según un estudio del 2019 era el puerto más contaminante de Europa.

A raíz de la publicación del estudio, el teniente de alcaldía de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat del Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, reconoció que "tenemos un problema con los cruceros". "Más allá del modelo turístico que promueven, sigue siendo una actividad enormemente contaminante. Las compañías que operan en Barcelona, entre las peores", sostiene. De momento, la actividad no tiene pinta de detenerse en la ciudad y, de hecho, el año pasado el Puerto dio una nueva concesión a MSC para construir una nueva terminal de cruceros, que empezará en operar en 2024, mientras que Royal Caribbean también podrá construir una nueva terminal para su actividad.

También ha reaccionado Ecologistes en Acció, en su caso con propuestas concretas para que realmente exista una reducción de la contaminación generada por el sector. A través de un comunicado de esta semana, la ONG ha reclamado "la prohibición inmediata del uso de combustibles pesados, que se detenga la construcción de nuevas terminales de cruceros y un plan ambicioso de decrecimiento del sector". Sin embargo, el objetivo final sería avanzar hacia la "eliminación a corto plazo de esta industria por ser incompatible con los objetivos climáticos, la protección prioritaria de la salud de la población, la necesaria reducción del consumo energético y la transición urgente a un turismo sostenible y socialmente justo".

Colau apuesta por un decrecimiento

El pasado 18 de julio se celebró la primera reunión de la mesa de estudio sobre la regulación de los cruceros en Barcelona, en la que participan el Consistorio, la Generalitat, el Gobierno y el Puerto. El organismo, creado fundamentalmente a petición del Ayuntamiento, está ahora mismo muy lejos de llegar a acuerdos significativos y las posiciones son bastante divergentes, especialmente entre Barcelona en Comú —que apuesta por el decrecimiento del número de barcos y visitantes— y Junts, que preside el Puerto a través de Damià Calvet.

Ecologistes en Acció piden que se pare la construcción de nuevas terminales de cruceros

En este primer encuentro, la alcaldesa, Ada Colau, propuso rebajar a la mitad a los cruceristas que visitan Barcelona en temporada alta, que se alarga en los seis meses comprendidos entre mayo y octubre, cuando los turistas en barco oscilan entre los 355.000 y los 400.000 mensuales —según los datos del Puerto de 2019—. Paralelamente, Colau también defiende que la media diaria de cruceristas no supere los 10.000 —una cifra que se sobrepasa la mayor parte de las jornadas de la temporada alta— y que como máximo pueda haber en la ciudad tres cruceros al día, una medida que ya se ha implementado en Palma.

Para la también líder de Barcelona en Comú la primera prioridad sería reducir los cruceros de tránsito —los que no tienen la ciudad como punto de salida o llegada y solo están en ella unas pocas horas— ya que generan "poco retorno económico" y, en cambio, contribuyen a la congestión de Ciutat Vella. La intención de Colau es que la mesa tenga propuestas concretas sobre concretas para empezar a implementarlas en mayo del próximo año, justo cuando arranque la próxima temporada alta de los cruceros.

Colau quiere rebajar a la mitad a los cruceristas durante la temporada alta y fijar un límite de tres cruceros al día

Sin embargo, el Puerto de Barcelona no comparte las posiciones de los Comuns. Su presidente, Damià Calvet, defiende que los cruceros dan un "beneficio indiscutible" a Barcelona y que la línea de trabajo del ente pasa por limitar el número de terminales de este tipo de barcos y por ubicarlas más lejos del centro de la ciudad, en la línea de un acuerdo de 2018 entre las cuatro administraciones ahora presentes en la mesa. De hecho, habrá siete, cuando hace pocos años la intención es que se llegara a las 13 terminales.

Calvet también habla de una apuesta por la electrificación y la reducción de emisiones, algo que estudios como el presentado esta semana por la ONG Nabu ponen en duda que realmente se esté produciendo. Por su parte, el Govern trabaja en un impuesto progresivo para regular las emisiones de los cruceros, una medida valorada por el Ayuntamiento aunque complementaria con la regulación.

"Problema todo el año"

Mucho antes de que Barcelona en Comú empezara a reclamar y a presionar para avanzar hacia una limitación de los cruceros, movimientos sociales y ecologistas de la ciudad ya denunciaban este tipo de turismo por sus impactos negativos. La Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT) aboga directamente por la desaparición progresiva de los cruceros. Según destacaba a este diario Daniel Pardo, uno de sus portavoces, el principal problema que generan es el ecológico, por la contaminación del aire y de las aguas que provoca el tráfico de este tipo de barcos.

Sin embargo, la ABDT subraya que su impacto negativo va mucho más allá y se traduce en una masificación del espacio urbano, especialmente en el entorno del puerto y en el distrito de Ciutat Vella, en problemas de movilidad y también en la reconversión de los negocios en esta área, donde se pierde el comercio de proximidad para dar paso a establecimientos orientados sólo al turismo. "Es un problema de todo el año, aunque en verano se vuelve más intenso", afirma Pardo, quien también destaca las "condiciones laborales lamentables" de los trabajadores del sector, ya que no se rige por una legislación laboral específica. "La regulación es más laxa, son como zonas francas", señala.

De momento, la única realidad es que la actividad ya funciona como antes de la pandemia, sin que se hayan implementado todavía medidas que limiten los diversos impactos que la han puesto en el foco de denuncia de movimientos sociales, ecologistas y de algunas administraciones.