“Gran noticia que la Conferencia sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas haya acordado que la COP25 sea en Madrid”. Así reaccionó Martínez-Almeida ante el cambio de sede de la Cumbre del Clima de la ONU que ponía a la capital española en el centro del mapa internacional. “Buena oportunidad para manifestar nuestro compromiso en la lucha contra la contaminación y demostrar que estamos preparados para acoger a sus 25.000 asistentes”, añadía el alcalde, que desde entonces no ha cesado en manifestar su entusiasmo por la llegada de este evento crucial para la lucha contra la crisis climática.

La cumbre, que llega a la capital después de que el Gobierno chileno tuviera que cancelarla por la convulsión social del país latinoamericano, se presenta como una oportunidad única para sellar compromisos políticos ambiciosos que permitan cumplir con el Acuerdo de París y frenar el calentamiento del planeta. Unos compromisos que, pese al entusiasmo del Consistorio conservador, van precisamente en contra de las decisiones políticas que se han venido tomando durante los últimos meses en la capital.

De hecho, durante la última semana, Almeida ha vinculado Madrid con el European Green Capital –un premio internacional de medio ambiente que no ha sido concedido a la ciudad– para intentar promocionar la imagen de la capital de cara a la galería, lo cual ha sido criticado por los sectores medioambientalistas de la ciudad, que desde que llegó al poder han plantado cara a sus políticas de movilidad y clima. "A pesar de la retórica medioambiental de ese bando, este Ayuntamiento no ha presentado ninguna medida ni plan de prevención, adaptación o mitigación al cambio climático nuevo desde el inicio de su legislatura, en junio de 2019, más allá de programas ya existentes como la plantación periódica de árboles, aunque esta se haga bajo un pretencioso marketing", valoran desde Ecologistas en Acción. 

Madrid Central, carriles bici, transporte público…, los ejes centrales de las políticas municipales en materia de medio ambiente han ido contra los reclamos de Europa para mejorar la calidad del aire y el grueso del ecologismo de la capital, a quién Almeida ha mostrado su rechazo, con cierta sorna, desde que llegó al poder tras los comicios del 26 de mayo. Estos son algunos ejemplos de cómo las políticas de la coalición PP-Ciudadanos están lejos de ser un ejemplo para la lucha climática.

Acabar con la zona de bajas emisiones

Madrid Central, uno de los puntos fuertes del plan anticontaminación del anterior Ejecutivo, ha sido el principal objetivo del nuevo Gobierno. Tanto, que nada más hacerse con la batuta de mando del Consistorio procedieron a aprobar una moratoria que devolvía el centro de la ciudad a los vehículos que más emisiones de CO2 vierten. Un aplazamiento que trajo consigo, sin embargo, una respuesta multitudinaria de gran parte de la ciudadanía, con manifestaciones a favor de la zona de bajas emisiones y que, finalmente tuvo que ser anulada por la Justicia al considerar que paralizar abrir la ciudad a los coches suponía un ataque contra el medio ambiente y contra la salud de los ciudadanos.

Sin embargo, la Justicia no ha frenado los deseos del alcalde, que ha presentado su propio plan alternativo, Madrid 360, con el que se pretende dar prioridad a vehículos contaminantes como las motocicletas –Almeida presume de ser motorista, incluso disponía de un videoblog en el que se grababa circulando por la capital–, eliminar las restricciones a los vehículos más contaminantes de etiqueta 'C' y abaratar las tarifas de los aparcamientos públicos, lo que según denuncian los colectivos ecologistas supone una “invitación” a que los coches entren en la ciudad y aumenten los niveles contaminación. “Es evidente, todo ello va contra cualquier medida que pueda mejorar la calidad del aire”, exponen desde la Plataforma en Defensa de Madrid Central.

“La sumisión del área de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento al lobby del automóvil es total”, denuncian desde la plataforma, para poner el foco en las reuniones que el consejero Borja Carabante ha mantenido con determinados sectores de la automoción.

Desmantelar los carriles bici

La movilidad a pedales también ha estado en el punto de mira de las políticas del nuevo Consistorio, que ha iniciado el desmantelamiento de los carriles bici de la ciudad. El primero en desaparecer, tal y como adelantó Público, será el que recorre parte de la Gran Vía de Hortaleza, que será reconvertido en un ciclocarril donde las bicicletas tendrán que convivir con otros vehículos motorizados. Una obra que, además tendrá un coste de 441.891 euros.

Además el ayuntamiento planea eliminar otros espacios restringidos a la movilidad en bicicleta del centro de la ciudad, como los que recorren los bulevares y Puerta de Toledo. Esta iniciativa política, sin embargo, no es una sorpresa, ya que aparece recogida en el punto 48 del acuerdo de Gobierno firmado entre el PP y Ciudadanos. "Esto pone en riesgo la salud pública y nos aleja de las ciudades europeas y del movimiento social que pide acciones urgentes contra el cambio climático", opinan desde la organización Pedalibre.

“Madrid, como anfitriona de esta cumbre internacional, debe aprovechar y anunciar un cambio de rumbo en sus políticas medioambientales y desarrollar un modelo de movilidad alternativo, limpio y sostenible donde la bicicleta ocupe el papel que se merece”, defienden.

Un ciclista circula por el carril bici de la Gran Vía de Hortaleza, en Madrid./ Fernando Sánchez

Transporte público

Una de las primeras medidas que tomó el nuevo Consistorio fue relegar de su cargo a Álvaro Fernández Heredia, gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que consiguió dotar al servicio de autobuses público de una salud financiera –redujo la deuda a una quinta parte de los registros de 2013–y puso en funcionamiento nuevas líneas que han mejorado las conexiones de la ciudad. Los resultados de esta decisión política ya se están empezando a ver en el funcionamiento del transporte público de la capital, uno de los pilares centrales de la transición ecológica.

Tal es el contraste, que los servicios se han deteriorado hasta tal punto que la EMT cerrará el ejercicio de 2019 con unas pérdidas superiores a los 10 millones de euros, pese a que el presupuesto inicial –el cual se había cumplido en los años posteriores– preveía un balance positivo de 3,9 millones de euros. Los malos datos económicos son, en cierta medida, un fiel reflejo del deterioro de los servicios que han experimentado durante los últimos meses, ya que las quejas de los usuarios han aumentado al igual que los tiempos de espera generales.

“El servicio de autobuses se está deteriorando poco a poco. A día de hoy, el servicio previsto no se está cumpliendo por falta de personal”, manifiesta en un comunicado de prensa la Plataforma Sindical, que ha convocado paros parciales durante los días 22, 25, 27 y 29 de noviembre y una jornada de huelga de 24 horas para el día 3 de diciembre, coincidiendo, precisamente, con el segundo día de la Cumbre del Clima.

Sin embargo, el Consistorio –junto al Ministerio de Transición Ecológica– han tratado de eclipsar el clima de protesta de los trabajadores y los malos servicios con una medida algo polémica con la que darán acceso gratuito a los más de 20.000 asistentes a la cumbre, que recibirán, junto con la acreditación a la COP25, un abono turístico gratuito, válido para cinco días –el coste de este billete para una persona normal es de 26,80 euros, pero las instituciones lo adquieren con un descuento del 60%– y con dos recargas sin coste por el mismo periodo temporal, lo que suma 15 días de acceso libre.