El debate sobre los uniformes 'unisex' en los colegios llega al Congreso de los Diputados

"¿Por qué las mamás pueden decidir ponerse falda o pantalón para ir a trabajar y las niñas, en el colegio, no?". O, traduciendo estas palabras de Sina —una niña de ocho años— al lenguaje adulto: ¿Por qué no se respeta la igualdad en los centros escolares? Sina no sabe que el Tribunal Supremo determinó en 2011 que obligar a las mujeres a llevar falda en el trabajo implica una discriminación por razón de sexo que vulnera el artículo 14 de la Constitución. Pero lo que sí sabe Sina es que desde que decidió ir al colegio en pantalón puede jugar al fútbol con sus amigos más cómodamente y sin que se le vea la ropa interior.

La imposición de uniformes diferenciados por sexo en centros privados y concertados centra este año el debate entorno a la vuelta al cole. La Comisión de Igualdad del Congreso vota este jueves una PNL de Unidos Podemos para acabar con la discriminación de género a través de la vestimenta y, hace dos semanas, saltaba a la palestra el ejemplo de un colegio de secundaria de Reino Unido que ha instaurado un uniforme idéntico para chicos y chicas.

Cuando decidió guardar la falda en el armario, Sina tuvo el apoyo de sus profesores y de sus compañeros, pero sobre todo el de su familia. Su madre es Inés Herreros, fiscal y presidenta de la asociación Gafas Lilas que, poco después y al constatar que se trataba de un problema generalizado, llevó su voz y la de otras niñas al espacio público y adulto. El colectivo que preside fue una de las 18 asociaciones firmantes de un manifiesto que reclamaba el fin de la obligatoriedad de la falda al considerar que esta imposición "mantiene vivos indeseables roles de género que toda sociedad avanzada desea evitar y transmite a las niñas el mensaje de que su género les limita, empobreciendo su potencial como persona".

Inés Herreros: "Es intolerable que desde niñas ya sean consideradas ciudadanas de segunda"

Para ellas, falda o pichi. Para ellos, pantalón. Muchos colegios privados y concertados —y varios públicos, pero menos— siguen imponiendo esa diferenciación en la vestimenta. No hay un registro oficial al respecto pero, según publicó el diario El Mundo, las comunidades autónomas gobernadas por el PP son más propensas a introducir el uniforme y, por ende, esta discriminación por sexo. Sin embargo, la CEAPA, que agrupa a 12.000 asociaciones de la escuela pública, recuerda que comprarlo es una elección de las familias porque "la enseñanza pública debe ser gratuita", insiste a Público su presidenta Leticia Cardenal. 

Aun así, como dice Inés Herreros, "la igualdad no es negociable". Por muy privado o concertado que sea un centro no puede vulnerar la ley de igualdad y la ley de educación, que refleja la necesidad de eliminar en los centros cualquier estereotipo de género. "Los patios de los colegios reflejan la realidad social. Los niños están en el centro, jugando a algún deporte, y las niñas, relegadas a la periferia. Es intolerable que desde niñas ya sean consideradas ciudadanas de segunda", denuncia a Público la presidenta de Gafas Lilas.

Estereotipos de géneros y obstáculos para la igualdad

En el manifiesto que presentaron hace dos años, el colectivo ya advertía de que que "el uso de la falda condiciona de forma evidente la libertad de movimiento de las niñas, lo que está directamente relacionado, en muchos casos, con el abandono de juegos en horas de recreo (fútbol, baloncesto, carreras, saltos..) y de cualquier otra actividad difícilmente compatible con una prenda que, al menor movimiento las limita, incluyendo el hecho de dejar al aire su ropa interior".

Esta segregación de roles sexuales perpetúan además los estereotipos de género en la escuela, algo sobre lo que alertó el Parlamento Europeo en 2013 porque es precisamente ahí, en la escuela, donde estos estereotipos influyen en la percepción de niños y niñas sobre "cómo deben comportarse hombres y mujeres" además de "perpetuar el statu quo de los obstáculos heredados a la hora de alcanzar la igualdad de género". Unidos Podemos se basa en esta resolución europea y pide en su PNL que, en menos de un año, se modifique la Ley 3/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la legislación educativa para que ambas "garanticen la libertad de vestimenta y la no imposición de uniformes por sexo".

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