En España, decenas de miles de aves mueren cada año en tendidos eléctricos que las compañías mantienen en mal estado. Algunas colisionan con sus cables, poco visibles, y caen; otras directamente se electrocutan al rozarlos o al posarse para anidar. Así se estima que han muerto en los últimos 15 años, por ejemplo, 200 águilas imperiales, más del doble de las que mueren por envenenamiento o disparos de los cazadores. También 250 águilas perdiceras se han perdido en una década y 2500 milanos reales en 30 años. Todas son especies en peligro de extinción.

El problema es tan grave que el Libro Rojo de las Aves de España apunta a la electrocución como la primera amenaza para 24 especies de aves con presencia en nuestro país. Son muertes que se podrían haber evitado, porque un real decreto aprobado en 2008 obligó a las comunidades autónomas a identificar los postes peligrosos y a las empresas eléctricas a elaborar proyectos de reparación, aunque el coste corría a cargo del Estado. Pero una década después, y una crisis económica de por medio, apenas se ha avanzado nada.

“Ha sido fallida. Cada vez hay más tendidos y la mortalidad, en lugar de bajar, va subiendo de forma exponencial”, dice a Público Nicolás López, responsable del programa de especies amenazadas de Seo/Birdlife y miembro de la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos que desde 2016 integran nueve organizaciones. En una carta enviada esta semana a Teresa Ribera, el colectivo ha solicitado a la ministra “mayor implicación” y una modificación “urgente” de la normativa.

Según la única cuantificación oficial que existe sobre las electrocuciones de aves —publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica a principios de este año— el problema afecta a unas 33.000 rapaces al año y supone una pérdida de biodiversidad valorada en 141 millones de euros anuales. Pero el estudio no incluye otro tipo de aves, ni tampoco las muertes por colisión. Además, sólo pudo recopilar los datos de 11 comunidades autónomas (Baleares, Canarias, Extremadura, Madrid, Navarra y País Vasco no aportaron información) que reportaron únicamente los casos de rapaces que fueron trasladadas hasta los centros de recuperación. La Sociedad Española de Ornitología cree que la mortalidad estimada representa sólo el 15% de la real.

“Otros estudios recientes estiman en ocho las aves muertas por kilómetro de tendido al mes, así que calcula que en un tendido medio, que tiene unos 60 kilómetros, pueden morir unas 5.800 aves al año”, dice López.

Lo cierto es que la falta de cifras es parte del problema. El informe del Ministerio calcula que son 240.000 los postes obsoletos y peligrosos en el país, pero tampoco se sabe con certeza. El real decreto de 2008 daba a las comunidades autónomas un año de plazo para localizar los postes de mayor riesgo dentro de las Zonas de Protección de Avifauna de su región, pero a día de hoy sólo nueve han publicado los inventarios. Y muy pocas se han reparado. Las compañías tenían a su vez un año más para presentar los proyectos de reparación, pero muchas se agarraron a la falta de financiación para hacerlo.

“El real decreto supeditó la corrección de los tendidos a la existencia de fondos públicos, pero son las compañías eléctricas las que deberían asumir ese coste. La Ley de Responsabilidad Medioambiental obliga a las empresas a reparar y a sufragar los costes de los daños ambientales derivados de su actividad, pero a las eléctricas no se les exige nada. Ninguna otra instalación industrial tiene tanta impunidad”, dice López, que también considera necesario que se reparen todos los postes, y no sólo los que están dentro de las Zonas de Protección de Avifauna.

En marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha condenó a Iberdrola al pago de una multa de 141.921 euros por la electrocución de un águila imperial ibérica en un tendido peligroso que la compañía debía haber reparado hace años. Fue una sentencia pionera y que abría la puerta a que otras comunidades autónomas, como la manchega, comenzaran a reclamar a las empresas propietarias su responsabilidad, independientemente de la existencia de fondos públicos, pero casi ninguna lo ha hecho. No obstante, después del fallo Iberdrola anunció un plan para adaptar 200.000 tendidos eléctricos hasta 2025.

Según el mapa de postes peligrosos elaborado por la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos, en España hay unos 136 tendidos que, después de ser denunciados, sí han sido corregidos y aislados contra las electrocuciones.

“La ventaja de este problema es que se conocen hace muchísimos años diseños estructurales y tipos de aislamientos que son seguros. Para las colisiones hay diseños que reducen el impacto hasta en un 60%. Hay que obligar a que se implanten y si no, sancionar a las compañías eléctricas”, sentencia López.