madrid
Actualizado:Hay acuerdo para impulsar un decreto que prohibirá todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, una medida que se llevará el martes de la próxima semana al Consejo de Ministros.
La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han logrado cerrar estas medidas después de una intensa semana marcada por las discrepancias en torno a la propuesta, planteada por los ministerios socialistas de Justicia y Economía, de compensar económicamente a los grandes tenedores de vivienda (en su mayoría fondos buitres y bancos) que se vean perjudicados por la paralización de los desahucios.
Finalmente el decreto sí que incorporará este mecanismo de compensación, una medida que no agrada a Unidas Podemos pero que, según fuentes de la formación, han tenido que aceptar para que la medida saliese adelante y nadie se quede sin techo durante el estado de alarma.
En este sentido, las grandes inmobiliarias tendrán derecho a solicitar una compensación por el perjuicio que le haya ocasionado la suspensión del desahucio de una familia vulnerable sin contrato de arrendamiento, una vez transcurridos los tres meses que tendrá la administración para ofrecer a esa familia una solución habitacional.
Segú el texto, la compensación consistirá en el precio medio de alquiler en el entorno en el que se ubique el inmueble, lo que será determinado a partir de los índices de referencia, más los gastos corrientes de la vivienda asumidos y acreditados por el arrendador en el periodo que medie entre la suspensión del desahucio y su levantamiento, informa Efe
En cualquier caso, fuentes de Unidas Podemos destacan que finalmente se ha logrado que estas compensaciones se abonen solo en el supuesto de que el arrendador pueda demostrar perjuicio económico. En ningún caso los propietarios que tuvieran viviendas vacías recibirán compensación económica alguna por parte del Estado.
Podemos espera una propuesta sobre suministros básicos
Además de recuperar la prohibición de los desahucios del primer estado de alarma, decretado en marzo, la norma ampliará los supuestos para paralizar lanzamientos al desligar las condiciones de vulnerabilidad de las personas objeto de desahucio de las consecuencias directas de la pandemia, una exigencia que la Vicepresidencia de Derechos Sociales planteó desde el principio y que Transportes asumió ya en la primera reunión entre ambas partes.
La prohibición de los desahucios se garantizará a través de la paralización de todos aquellos lanzamientos de familias vulnerables sin alternativa habitacional. En concreto, no se podrá desahuciar a ninguna persona vulnerable si las administraciones no han podido ofrecer antes una vivienda digna para el realojamiento (en esta clasificación de vivienda digna no entrarían, por ejemplo, los albergues o los polideportivos adaptados).
La condición de vulnerabilidad se establecerá en base a un informe elaborado por los servicios sociales de las comunidades autónomas, encargadas de evaluar si se dan o no los supuestos y condiciones necesarias para declarar a una familia como vulnerable.
Respecto al desacuerdo en materia de garantía de suministros básicos, desde Unidas Podemos se asegura que no contemplan que el decreto antidesahucios no incluya también la prohibición del corte de todos los suministros. "Garantizar una vivienda digna en estos momentos supone que ésta cuente con electricidad, gas y agua", insisten. En ese sentido, desde la formación se espera que Transición Ecológica traslade una propuesta en estos términos cuanto antes.
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