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Diego Torres quiere personarse en la causa contra Manos Limpias y Ausbanc

El abogado del exsocio de Iñaki Urdangarin afirma que ostenta "la condición de perjudicado" por los "desmanes" que están siendo "deliberadamente ejecutados" por el sindicato en el caso Nóos.

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Diego Torres, el exsocio de Iñaki Urdangarin, y su espola, Ana Maria Tejeiro, llegan al juicio del caso Nóos, precedidos por su abogado Manuel Gonzalez Peeters. REUTERS/Marcelo del Pozo

PALMA.- La defensa del exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional en el que pide personarse como perjudicado, o, de forma subsidiaria, como acusación popular, en la causa abierta contra Ausbanc y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, por presuntas extorsiones a entidades bancarias.

Mediante un escrito, el abogado Manuel González Peeters afirma ostentar "la condición de perjudicado" por los "desmanes" que, a su juicio, están siendo "deliberadamente ejecutados" por el sindicato en el caso Nóos. Se trata de la única acusación que ejerce acciones penales contra la Infanta Cristina, para quien solicita ocho años de cárcel por dos delitos fiscales.

Según recrimina el letrado, las acusaciones vertidas por Manos Limpias contra sus patrocinados, Torres y su mujer, Ana María Tejeiro, "se apartan, en mucho, de las pretensiones del Ministerio Fiscal", que en su opinión "tampoco se ajustan a la realidad de los hechos ni a la del derecho".

El abogado se ampara en diversa jurisprudencia para reforzar su legitimidad a la hora de reclamar la personación, y pide que "para el improbable caso de que no se apreciara que mis representados son, cuando menos, perjudicados", puedan ejercer la acusación popular.

Manuel González-Peeters, ha solicitado al tribunal que juzga el caso que compruebe la veracidad del acta de la junta directiva con la que Manos Limpias avaló su personación en la causa, porque si fuera falsa el sindicato no estaría legitimado como acusación.

La presidenta del tribunal, Samantha Torres, ha informado este martes a las partes de que la defensa de Torres había presentado un escrito del que les ha dado traslado y ante el cual la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, ha pedido tiempo para poder analizar el documento y alegar lo que considere oportuno.

López Negrete ha destacado que el escrito de la defensa de Torres afecta a muchas cuestiones tanto de su cliente como de ella y llega a insinuar posibles delitos y ha pedido al tribunal que le deje analizarlo y dar respuesta mañana.

En el escrito, el letrado adjunta un artículo del diario ABC del pasado domingo, que informa de que el acta presentada por secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, para certificar que la junta directiva del sindicato había aprobado por unanimidad presentar una querella y personarse en el caso Nóos, no es válida porque la reunión no se celebró.

En el escrito, el letrado solicita al tribunal del caso Nóos que compruebe si el acta es falsa, porque si fuera así el sindicato podría haber cometido abuso de la buena fe procesal y su personación en la causa no tendría legitimidad, han informado fuentes jurídicas.

El letrado ha adjuntado a su escrito tanto el artículo periodístico como el auto dictado el pasado 18 de abril por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en el que dictó prisión provisional para Bernad y para el dirigente de Ausbanc Luis Pineda por presuntos delitos de extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, estafa, administración desleal y fraude de las subvenciones.

La defensa de Torres ya pidió el pasado día 20 de abril la expulsión de Manos Limpias del caso Nóos por posibles "intereses espurios" en su personación en Nóos, tras el ingreso en prisión de Pineda y Bernad acusados de chantajear a cambio de retirar acusaciones en cuatro causas judiciales, entre ellas la de la infanta Cristina en Nóos, donde pidieron 3 millones de euros. El tribunal acordó aplazar a la sentencia cualquier pronunciamiento sobre esa petición

Manos Limpias, que ejerce la acción popular, es la única parte que acusa a la infanta Cristina, para quien pide 8 años de prisión como cooperadora necesaria en dos delitos fiscales presuntamente cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin.

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