El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha abierto una investigación por el incumplimiento del Gobierno de las recomendaciones de hechas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de vivienda social y desahucios.

En julio de 2017, el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC)de la ONU determinó que España violó el derecho a la vivienda de una familia con hijos menores que fue desahuciada en 2013 sin que se le proporcionara una vivienda alternativa. Se trataba de una condena por incumplimiento grave de sus obligaciones en materia de vivienda. 

Pese a que la orden judicial de desahucio era legal, el Comité indicó que las autoridades no habían tomado todas las medidas necesarias para proporcionar un hogar alternativo. En concreto, se trata de una familia que había solicitado hasta en 13 ocasiones, desde 1999 a 2011, una vivienda social ante el Instituto de la Vivienda de Madrid debido a sus dificultades económicas, pero ninguna fue admitida. La familia, con dos hijos menores, fue desahuciada después de que la propietaria del piso decidiera no renovarles el contrato de alquiler y el juzgado ordenase el desalojo. Sin otro lugar a donde ir, primero durmieron durante diez días en un centro de personas sin hogar. Tras ser invitados a marcharse, la familia acabó durmiendo en el coche.

El Comité DESC exigió al Estado español que tomara todas las medidas necesarias para ayudar a esa familia a obtener una vivienda adecuada, a darle una indemnización por la violación de sus derechos y a formular y aplicar un plan integral que garantice el derecho a la vivienda adecuada con personas de bajos recursos.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno al requerimiento fue de tan solo un folio, algo que para el Defensor del Pueblo "parece indicar que no se ha dado a esta cuestión por parte de las autoridades españolas la importancia que este tema merece”.

El pasado abril, el mismo Comité aseguró que las medidas de austeridad en España han perjudicado el derecho a la vivienda de los más pobres. Ahora, el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación por el incumplimiento del Estado de las recomendaciones de la ONU en materia de vivienda, al considerar que no está prestando la debida consideración al dictamen del Comité.

La decisión llega después de que diversas organizaciones, entre ellas la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Amnistía Internacional, FEANTSA – Cáritas, Fundación del Consejo General de la Abogacía Española u Observatori DESC; entre otros, presentaran una queja y  conformaran un grupo de monitoreo de la sociedad civil, orientado al cumplimiento por parte del Estado del dictamen.

El Defensor considera que España también habría incumplido su obligación de divulgar la decisión del Comité, al limitarse a publicarlo en el Boletín del Ministerio de Justicia, y ha pedido que aparezca en el Boletín Oficial del Estado (BOE).