Público
Público
Únete a nosotros

Desahucios La ONU exige a España una reparación para Viviana, desahuciada con seis hijos

El Comité DESC de las Naciones Unidas ha vuelto a señalar al Gobierno —y ya van tres veces— por vulnerar el derecho humano a una vivienda adecuada de una mujer sola con seis hijos que ocupaba un piso propiedad de Bankia. Tras un año de albergue en albergue, la ONU ordena que se le repare el daño, pide cambios para evitar desalojos sin alternativa y critica que la Comunida de Madrid excluya de la lista de vivienda social a personas que ocupan por necesidad.

Publicidad
Media: 5
Votos: 7

Viviana López (de negro), madre de seis hijos, desahuciada por vivir ocupando una vivienda de Bankia, tendrá que ser indemnizada por España por vulnerar su derecho a una vivienda adecuada.

Viviana López ha ganado una batalla, aunque sólo sea sobre el papel. Pero la guerra ha sido tan larga que está exhausta, al igual que sus seis hijos, de los que cinco son menores de edad. Desde que en junio de 2018 fue desalojada de la vivienda propiedad de Bankia que primero alquiló a un estafador —sin saberlo—y que, después, siguió ocupando por necesidad en el madrileño barrio de Carabanchel, su vida ha sido “como una pelota”, dice. De albergue en albergue municipal, sin que ninguna institución le diera apoyo ni, mucho menos, una solución. Ahora, en rueda de prensa y rodeada de sus abogados y de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), López esgrime el papel que ignoraron tanto los jueces que ordenaron su desahucio como las Administraciones Públicas que le fallaron.

Aquel desahucio estuvo sobre una mesa de Ginebra, Suiza. Concretamente, en la sede del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas, del que España forma parte y al que recurrieron los abogados Javier Rubio y Alejandra Jacinto, del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y de la PAH, para intentar frenar el desalojo in extremis. El Comité respondió a tiempo antes del desahucio solicitando que se tomaran medidas cautelares: que se paralizara el desahucio de la mujer y sus hijos mientras estudiaba su caso, o hasta que se le diera una vivienda alternativa para evitar que su derecho humano y fundamental a una vivienda fuera violado y se le causaran daños irreparables. Pero de nada sirvió, como ya ha pasado en tantos desahucios, y ahora, más de un año después, el comité certifica que así ocurrió. Es la tercera vez que la ONU concluye que en España se vulnera el derecho a la vivienda adecuada.

“El desalojo de la autora y sus hijos sin un examen de proporcionalidad por parte de las autoridades constituyó una violación de su derecho a la vivienda adecuada”, afirma en su resolución el Comité DESC. Pero va más allá y saca los colores a la Comunidad de Madrid, que no solo no proporcionó una alternativa para ella y sus hijos, sino que la condenó a un círculo de exclusión. No la incluyó en la lista de espera para recibir una vivienda social de emergencia porque la consideraba una okupa, lo que constituye un impedimento para ser solicitante de vivienda social. “La denegación de la solicitud de la autora de vivienda pública sin tomar en cuenta su situación de necesidad y únicamente por encontrarse ocupando una vivienda sin título legal constituyó, en sí misma, una violación de su derecho a la vivienda adecuada”, señala la ONU.

Reparación por los daños

Por ello, el Comité DESC recuerda que España “tiene la obligación de proporcionar a la autora y sus hijos una reparación efectiva” que pasa por proporcionar una vivienda adecuada y una “compensación económica por las violaciones sufridas”, además de reembolsar a la mujer las costas procesales de este recurso. Del mismo modo, hace seis recomendaciones a España para evitar casos similares, y pasan por que los jueces tengan en cuenta “la proporcionalidad” antes de ordenar un desahucio, por cambios legislativos y de reglamentos para poder acceder a viviendas sociales, medidas específicas para el acceso a la vivienda de personas con pocos recursos y menores o personas mayores a cargo y un protocolo específico para aplicar las medidas cautelares dictadas por el Comité antes del desahucio, entre otras.

"No queremos vivir gratis, queremos pagar lo que podamos"

“Las cosas se ponen fuertes ya antes del desahucio. No queremos vivir gratis, queremos pagar lo que podemos. Por eso pedimos a Bankia un alquiler social, pero siempre se negaron”, explica López, visiblemente emocionada por la resolución. Pero se va viniendo abajo a medida que recuerda el “largo y difícil” periplo que han atravesado. “Esto se queda grabado en mi vida y la de mis hijos, que vieron a los policías armados echándoles de casa. Eran muy pequeños. Fuimos tratados como delincuentes”, recuerda entre lágrimas. “Pero lo que viene después es más fuerte todavía”, relata la mujer. De un albergue a otro, protestando para que no les dejen en la calle cuando pasa el tiempo máximo permitido y sin ninguna solución por parte de la Comunidad de Madrid.

“Sólo he tenido el apoyo de las plataformas de vivienda, pero ninguno de las entidades públicas. Y este problema es muy común entre la gente que tiene bajos recursos”, advierte López. “Nadie te alquila una vivienda si no tienes un trabajo fijo, si no ganas tanto dinero, si no entregas una nómina. Es imposible tener una casa así. Y es insólito que la Comunidad de Madrid me negara la única salida, una vivienda social, por el simple hecho de estar ocupando un piso de un banco rescatado con dinero público”, lamenta la mujer.

Lo peor, dice, es que “la situación no ha cambiado mucho” desde entonces. “Mis hijos y yo seguimos sin vivienda y sin medios económicos”, asegura. Ahora vive en Alcobendas, gracias a la ayuda de una familia que les ha permitido vivir con ellos. “Pero el problema sigue ahí. Les van a desahuciar a ellos también el próximo 20 de noviembre”, señala.

Un problema grave y estructural

“Lo que deja claro esta resolución es que el de la vivienda es un problema estructural, grave y transversal en España”, asegura la abogada y portavoz de la PAH Alejandra Jacinto. “Gente como Viviana está excluida del mercado privado de vivienda. Y hay más de dos millones de personas en riesgo de exclusión social”, sostiene la letrada, que pide “medidas de choque urgentes” como la creación de una parque público de vivienda social, la prohibición de los desalojos de personas vulnerables sin alternativa y que los jueces “antepongan los intereses de las familias frente a la especulación inmobiliaria”.

"Gente como Viviana está excluida del mercado privado de vivienda"

Jacinto recuerda que en España se producen una media de 170 desahucios al día, ya sea por impago de alquiler, de la hipoteca o por ocupación de viviendas. “En los últimos años hemos llevado ante la ONU más de cien casos similares al de Viviana. Puede haber una cascada de resoluciones contra España por vulnerar el derecho a la vivienda”, dice Jacinto.

El Comité ha dado al Gobierno un plazo de seis meses para poner en marcha las recomendaciones y para resarcir el daño causado a López y sus hijos, además de para notificar por escrito a la ONU las acciones emprendidas. “Es largo, se tarda en que se dé cumplimiento y no siempre se hace del todo”, explica Jacinto, que lamenta el desconocimiento tanto entre los jueces, los fiscales y los Gobiernos de este tratado internacional vinculante que España está obligado a cumplir.

Más noticias en Política y Sociedad