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Desahucios Una madre y sus seis hijos viven desde hace más de un mes en un albergue tras ser desahuciados

Viviana López y sus seis hijos (cinco de ellos menores de edad) esperan la adjudicación de una vivienda social tras ser expulsados del piso en el que vivían, en junio pasado. Hasta la fecha no tienen ninguna solución por parte del IVIMA o la EMV, que afirman que revisarán su caso a partir de septiembre.

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Viviana López y sus hijos entregan 93.000 firmas en la Comunidad de Madrid pidiendo una vivienda social / Europa Press

Desde hace poco más de un mes, Viviana López y sus seis hijos (cinco de ellos menores de edad) viven en un albergue para personas sin vivienda del Ayuntamiento de Madrid, en el que comparten una habitación con otra familia. Hasta finales de junio pasado tenía un piso y un trabajo y el colegio de sus hijos estaba en el barrio. De todo aquello sólo quedan hoy un montón de incertidumbres para el futuro.

El pasado 25 de junio fue desahuciada de su casa, un piso en la calle Carpetana de Madrid, donde vivían los siete desde hacía cinco años. Cuenta que al principio todo parecía legal. Tenía un contrato de alquiler por el que pagaba cerca de 800 euros al mes, hasta que año y medio después descubrió que quien le había alquilado el piso no era el dueño de la vivienda, sino un estafador. Desde ese momento comenzó un calvario de denuncias por usurpación, que acabó con el desahucio.

Explica que la vivienda era en realidad de un banco, con quién intentó negociar un alquiler social. Pero que posteriormente la entidad vendió la vivienda a una empresa privada que fue quién ejecutó el desahucio. 

Desde entonces, su casa es un albergue municipal. "El día del desahucio fue terrible", comenta a Público. No había visto una cantidad tan grande de policías en mi vida. Había entre 6 y 8 camiones antidisturbios estacionados en el portal y policías llevando metralletas. Cerraron dos manzanas a la redonda del edificio y apostaron agentes en todos los descansillos hasta mi casa, que era el segundo piso", recuerda con angustia.

"Pedimos que se retiraran por los niños, porque para ellos iba a ser muy impresionante salir y ver todo eso. No somos delincuentes", afirma. Pero la salida fue traumática. Tanto, cuenta, que los más pequeños aún tienen terror a la Policía y temen que vayan a buscarlos. Sus hijos tienen 20, 17, 13, 11 y 7, dos de ellos son mellizos. 

Desde que están en el albergue no trabaja. "No puedo trabajar porque está prohibido dejar aquí a los niños sin un adulto y como no tienen clases, yo no puedo ir al trabajo", comenta, y manifiesta sus temores a perder el empleo que le daba sustento limpiando casas. Por ahora cobra una Renta Mínima de Inserción cercana a los 700 euros.

Ahora necesita una casa para ella y su familia

Los trámites con el IVIMA (el Instituto de la Vivienda de Madrid, perteneciente a la Comunidad) y la EMV (Empresa Municipal de la Vivienda) del Ayuntamiento de Madrid van lentos. Asegura haber presentado todos los papeles que le solicitaron, pero que no empezarán a mirar su caso hasta septiembre, momento en el que los niños deben comenzar las clases.

Y esta es una de sus grandes preocupaciones en el presente. Explica que si bien los niños pueden volver al colegio en el que estudiaron el curso pasado, la incertidumbre de dónde vivirán en en el futuro complica su escolarización. "Cambiarlos una vez comenzado el curso no será sencillo y además supondrá un gran gasto en libros y material escolar, porque cada colegio pide cosas distintas.

93.000 firmas para una vivienda social

El pasado 23 de julio, esta madre entregó ante la Comunidad de Madrid 93.000 firmas para pedir una vivienda social y se ha reunido con el director general de Vivienda, José María García, que le ha indicado que en septiembre se estudiará su caso. La entrega de firmas fue gestionada con la ayuda de la Red de Solidaridad Popular Latina Carabanchel a través de Change.org.

En la entrevista García ofreció asesoramiento y afirmó que tendrá lugar la evaluación de su situación a través de un baremo y se procederá, valorando el resto de peticiones de vivienda social, a resolver su caso. Desde entonces la postura del IVIMA no ha variado. Afirman que se están siguiendo los protocolos y que López y sus hijos están en una lista de espera de necesidades especiales y que se reubicará a la familia en cuanto sea posible, pero que no se pueden saltar los trámites.

La estancia máxima en el albergue está fijada en tres meses. Esto significa que antes de finales de septiembre deberán abandonarlo. Comunidad y Ayuntamiento afirman que están en ello. López y sus hijos esperan un sitio que llamen hogar.  "Lo único que quiero es salir del albergue e ir a un piso y empezar de cero", afirma López. "También poder trabajar", concluye la madre.

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