El despliegue de renovables abre un cisma en la lucha climática: ¿cómo acelerar la transición energética y proteger el paisaje?

El pasado 2 de diciembre se abrió, después de varios meses de debates intensos en el ecologismo y la política energética, un cisma sobre las energías renovables. El estallido llegó cuando Compromís decidió destituir al director general de Transición Ecológica, Pedro Fresco, un especialista independiente que ya trabajó como asesor de Teresa Ribera y que apostaba por una expansión rápida y fugaz de las tecnologías fotovoltaicas por todo el País Valencià. En frente, un sector del partido más conservador y protector del territorio que prefiere ralentizar el despliegue de las energías limpias para tratar de minimizar los impactos paisajísticos y ambientales de aerogeneradores, turbinas y huertos solares.

Esta división, la de pisar el acelerador frente a la mirada más local y proteccionista, ha estallado en València, pero se extiende por todo el Estado. También es un asunto áspero que divide a Europa, en tanto que el Consejo de Energía de la UE lleva semanas debatiendo sobre ello y, esta misma semana, el Parlamento europeo ha avalado un cambio reglamentario que permite agilizar los trámites burocráticos con la opción de que, en algunos casos, los proyectos de energías limpias no tengan que presentar declaración de impacto ambiental. Una medida que fragmenta y recrudece los posicionamientos en torno a un debate que, dada la urgencia climática, es cada vez más ineludible: ¿se pueden dejar atrás los combustibles fósiles y velar por el bienestar de los ecosistemas?

Para Pedro Fresco, que atiende a Público poco después de haber dejado su cargo en la Generalitat Valenciana, el debate es algo "falso" y una simple "excusa para justificar ciertas posiciones". "No es una cuestión de una visión enfrentada entre paneles en suelo o en los tejadas. Elegir una salida en la que todo se apueste a cubiertas solares creo que lo que hace es retrasar o eludir un conflicto inevitable que se tiene cuando uno gobierna. La transición energética tiene un impacto paisajístico. Eso es evidente, por lo que es legítimo que se puedan generar una serie de resistencias sociales en algunas zonas concretas. Para resolverlo se tiene que actuar con inteligencia", opina, para señalar que en el planteamiento del autoconsumo las cubiertas fotovoltaicas es algo necesario, una pata más de una transición que necesita desplegarse con fuerza para dejar atrás cuanto antes los combustibles fósiles.

Paneles solares junto a una carretera de Mainburg, al norte de Múnich, Alemania. — Lukas Barth / REUTERS

Entre las posiciones más conservacionistas destacan algunos de los principales movimientos ecologistas españoles que, esta misma semana, han exigido a Europa que salvaguarde los espacios protegidos para impedir que los proyectos solares y eólicos se desarrollen en suelos de alto valor ecológico. Fernando Prieto, director del Observatorio de la Sostenibilidad y autor principal del informe Renovables sostenibles, aboga por una transición en la que el despliegue de los paneles solares no se haga a costa del suelo local y, para ello, pide una expansión en tejados sociales, además de movilizar las plantaciones hacia suelos que ya estén degradados; como tejados de aparcamientos, red ferroviaria, vertederos o antiguas minas.

"El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establece el objetivo de llegar a 2030 con 39 GW de solar. Nuestro informe calcula que, aprovechando zonas degradadas o antropizadas, podríamos llegar hasta los 300 GW. No decimos que se instale todo, obviamente, pero sí que se escojan las zonas más viables y asequibles económicamente", argumenta Prieto. Aunque existen numerosas voces que reconocen las virtudes de este planteamiento, también hay quien recuerda que el despliegue de energías en estos espacios podría requerir de obras para colocar nuevas infraestructuras de transporte, con un impacto propio en el paisaje. El autor, sin embargo, argumenta que la red eléctrica está suficientemente mallada para asentar instalaciones en suelos de escaso valor ecológico: "Por ejemplo, en la antigua central térmica de Andorra se podría colocar paneles y aprovechar los nodos que conectan a la red. Cuando se ponen los huertos solares en mitad de un campo, donde no hay conexiones, no se ponen pegas".

Héctor Tejero, diputado autonómico de Más Madrid y experto en temas ambientales de la formación madrileña, reconoce que hay un debate interesante que afrontar y habla de la necesidad de "no confundir el potencial técnico de instalación en tejados con el potencial real de instalación". El político y coautor del libro sobre Green New Deal ¿Qué hacer en caso de incendio? (Capitán Swing) considera que la discusión no debe enmarcarse en "elegir entre biodiversidad y renovables", sino en la planificación.

"Está claro que hay que dar prioridad al autoconsumo cerca de destino y también a las comunidades energéticas, nadie está en contra de esto. Dicho esto, con ese plan no basta, porque con la transición energética vamos a electrificar muchas cosas que ahora no lo están, como el transporte, la calefacción o la industria. Eso implica elevar la demanda eléctrica y por tanto no va a bastar con tejados solares. Las renovables siempre van a tener impactos, pero hay que pensar en que el impacto de no instalarlas en suelo va a ser, a largo plazo, mucho mayor", desarrolla el político madrileño, en una referencia a los desperfectos paisajísticos y económicos que trae consigo la crisis climática.

"Hay que apostar por un modelo descentralizado, con un mayor control público y con un limite al peso de los oligopolios"

Sira Rego, eurodiputada de Izquierda Unida y vicepresidenta del grupo The Left en el Parlamento Europeo, comparte el ansia de una reforma en el modelo de planificación y pone el foco en el papel que puede jugar Bruselas en todo esto. "El problema que tenemos en España no deja de estar vinculado con lo que ocurre en Europa con los lobbies. Toda la reglamentación que tenemos carece de un peso suficiente por parte de lo publico. Hay que dar protagonismo a la capacidad pública de planificar y ordenar el territorio para que sea compatible desplegar renovables y conservar los espacios naturales y el patrimonio", sostiene la política. "Insistimos en que hay que promover las renovables, pero creemos que es necesario cambiar el modelo energético. Tenemos suficientes espacios que son compatibles con el despliegue sin dañar el territorio, pero creo que hace falta apostar por un modelo más descentralizado, con un mayor control público, con propiedad pública y con un limite al peso de los oligopolios".

De la coexistencia a la moratoria

"Hay que encontrar una síntesis entre ambas cosas. Una cosa es luchar contra el cambio climático con las energías renovables y la otra es proteger la biodiversidad. Sabemos que las dos, el cambio climático y la pérdida de ecosistemas, son dos caras de la misma moneda, así que hay que saber cómo actuar", aporta Florent Marcellesi, exeurodiputado y actual coportavoz de Los Verdes Equo, que reclama un cambio en la planificación para impedir que los proyectos puedan fraccionarse en varias partes o proteger los espacios especialmente protegidos, como la Red Natura 2000 o las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Ese equilibrio, dice, ya existe en algunos planes que apuestan por el "desarrollo agrofotovoltaico" que combina placas renovables con cultivos en un mismo terreno.

Un ciclista descansa en la Sierra del Perdón, Pamplona, con un paisaje dominado por aerogeneradores eólicos. — Rafa Rivas / AFP

Los problemas de planificación afectan también a cómo se incluye a la gente que pueda verse afectada en los procesos; en otras palabras, cómo conseguir que un proyecto solar genere beneficios en más personas. "Hay un problema que tiene que ver con la burbuja de macroproyectos que se planifican pero que son inviables, se piden permisos en sitios donde claramente no se van a poder asentar, pero eso crea una incertidumbre que claramente genera rechazo social y afianza la desconfianza. Habría que conseguir que de forma previa se excluyan ciertos territorios para dejar claro en qué sitios se pueden poner renovables y en cuáles no", recalca Tejero, quien también considera oportuno aplicar un mecanismo que obligue a integrar a los vecinos y a que las empresas promotoras escuchen a los afectados y se reúnan con los Ayuntamientos involucrados.

La propia organización energética del país ha condicionado que el despliegue de las renovables se realice de una forma centralista, con una producción asentada en los territorios más rurales y alejados de las grandes ciudades. Sin embargo, cómo ocurría con las térmicas de carbón, las paneles o parques eólicos no dejan la producción energética en el territorio, sino que se vierte a la red para que, en su mayoría, vaya a satisfacer la demanda de las zonas más pobladas. Este modelo incentiva, en cierta medida, el descontento social. El ejemplo más llamativo quizá es el de Aragón, donde el partido Teruel Existe ya ha planteado la aprobación de una moratoria que paralice las licencias de los grandes proyectos, o el de toda la zona norte del país, donde la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica lleva años luchando por una moratoria.

"Mientras paralizamos el despliegue de renovables, los negocios que promueven los combustibles fósiles van a seguir adelante"

Cristina Alonso, responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra, comparte la necesidad de cambiar radicalmente el modelo y apostar por un sistema que permita que la energía producida se quede en el territorio. Sin embargo, la experta no cree que la moratoria sea una buena idea "salvo en casos muy concretos". Este no es un debate de negros y blancos, sino de grises, comenta la ecologista: "Muchas veces se hace el paralelismo con la moratoria para las macrogranjas y creo que no tiene nada que ver, es un problema muy distinto. Con las macrogranjas tenemos alternativas, pero con las energías renovables, no. Hay que pensar que mientras paralizamos el despliegue de renovables, las subvenciones y negocios que promueven los combustibles fósiles van a seguir adelante. Hablamos de gas, de petróleo, pero también de proyectos de hidrógeno verde, todos con un impacto claro en el medio ambiente", opina.

Grandes proyectos, ¿autonómicos o nacionales?

El cisma político vivido en la Generalitat Valenciana tras la salida de Pedro Fresco de la Conselleria de Transición Ecológica visibiliza otro de los grandes problemas sobre la idoneidad o no de impulsar mayores restricciones a los grandes proyectos. Las competencias de autonomías para aprobar instalaciones llegan hasta aquellas que no superan el límite de los 50 MW. De ahí para adelante, las tramitaciones son estatales. Mientras que las leyes regionales obligan a las instalaciones a presentar una declaración de impacto ambiental vinculante, el Estado, al entender que se trata de estaciones de interés común, no considera que los documentos sobre daños ecológicos sean vinculantes a pesar de que sí los exige para la tramitación.

Para Fresco, la forma en la que se reparten las competencias y las mayores restricciones a nivel autonómico son determinantes. "Muchas veces, entendemos que poner mayores restricciones desde las comunidades autónomas va a perjudicar a las grandes multinacionales, pero no tiene por qué. Si tú pones demasiadas trabas paisajistas a los proyectos de menos de 50 MW, lo que puedes provocar indirectamente es que esos promotores se planteen incrementar la capacidad para que la aprobación dependa del Estado, ya que los informes de impacto ambiental no son vinculantes", expone. El exdirigente valenciano entiende que no se deben rebajar las restricciones autonómicas, pero sí encontrar una forma –algo que trató de impulsar antes de su salida del Govern– con la que premiar a aquellos proyectos que ofrezcan garantías ecológicas, que se asienten en zonas con escaso impacto y que dejen beneficios en las comunidades locales.

Para Cristina Alonso, hay más matices en esa reflexión, ya que no es tan fácil que las empresas se muevan hacia los proyectos estatales. "De hecho vemos que uno de los problemas que hay es que las grandes instalaciones se fragmentan y se venden por separado para depender de licencias autonómicas, ya que muchas veces depender de la Administración central también puede significar que tengan que presentarse a una subasta pública", advierte.

La coyuntura, más que cisma, es de reto. El ecologismo y los sectores progresistas tienen claro que levantar el pie del acelerador no es una opción válida para la transición energética. Si no hay paneles, habrá carbón, gas y petróleo. Toca, no obstante, alcanzar un equilibrio, sintonizar las prisas propias de la coyuntura de emergencia climática con la conservación de la biodiversidad.