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Doñana Agresiones a los agentes que controlan los pozos ilegales de Doñana 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pide la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante un nuevo caso de acoso y retención de un agente medioambiental. 

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Pozo ilegal en Doñana. WWF

Viernes, 21 de septiembre, a las 12 horas del mediodía. Un agente medioambiental de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir —perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica— inspecciona un área del municipio de Lucena del Puerto (Huelva), en el entorno del Parque de Doñana. Su labor es supervisar y controlar los pozos ilegales que decenas de regantes irregulares llevan años utilizando para el cultivo de frutos rojos, secando el acuífero de esta privilegiada zona natural. Pero no le dejan. Antes de que pueda bajarse de su vehículo oficial, un grupo de vecinos sale a su encuentro, le “increpan” y le “retienen”. El hombre, no obstante, logra hacer una llamada de auxilio al 112 y la Guardia Civil lo saca del lugar. "Ha tenido que recibir atención médica", ha asegurado la propia Confederación, que ha denunciado el caso ante la Guardia Civil y ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno ayuda de “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” para poder cerrar los 77 pozos ilegales que estima que existen en la zona.

No es la primera vez que ocurre. En 2014 tres guardias fluviales sufrieron un episodio muy similar en un finca de la misma localidad, pero la situación no ha mejorado mucho desde entonces. Esta zona de Huelva, según denuncia la organización WWF, se ha convertido en la “zona cero” del uso ilegal del agua en Doñana, donde desde hace treinta años reina “una absoluta impunidad”.

“Cualquier día nos podemos ver ante una situación muy preocupante con los agricultores. El negocio de los frutos rojos ha sido muy lucrativo. Hay dinero de por medio y las denuncias de irregularidades no han tenido toda la atención que deberían. Se ha generado mucha indefensión”, señala a Público el presidente de la Asociación Profesional de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (AAMAA), Enrique Ales.

El sindicato de agentes de la Junta ha denunciado “el linchamiento” a través de su cuenta de Twitter y ha asegurado que la agresión se gestó a través de un grupo de Whatsapp de agricultores de la zona en el que se alertaba de la presencia del agente ambiental en la zona: “Vamos para allá todos los que podamos”. En otro mensaje, alguien añadió: “Id para allá, que mi padre lo tira al pozo”.

AMMA solicita que se abran diligencias judiciales para "esclarecer la agitación en ese grupo de Whatsapp que ha impulsado la agresión".

"Abandonados" a su suerte

Aunque buena parte de los agentes forestales y medioambientales dependen actualmente de las administraciones autonómicas, los que trabajan en confederaciones hidrográficas, costas y Parques Nacionales siguen estando bajo la responsabilidad del Ministerio.

Tanto la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales (APROAM) y la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA) han pedido al departamento de Teresa Ribera que “tome nota de los riesgos” de sus agentes ante una situación “intolerable”.

“Estamos abandonados a nuestra suerte. No vamos identificados, no tenemos uniforme, no se nos conoce ni se nos reconoce como agentes de la autoridad. No es de recibo que vayamos a hacer este tipo de servicios solos. Porque ahora ha ocurrido en Doñana, pero pasa en el Mar Menor, en las Lagunas de Ruidera, o en el Campo de Cartagena, donde es una locura los pozos ilegales que existen”, lamenta en conversación con este periódico Maica Palomares, de APROAM. Sierra asegura que las agresiones verbales y las amenazas por parte de las comunidades de regantes son “muy frecuentes” y denuncia “sueldos ridículos” (1200 euros al mes) para el colectivo.

En respuesta en varios tuits, la ministra Teresa Ribera ha repudiado la agresión y ha señalado que “es muy doloroso comprobar que aquí también los defensores del medio ambiente son hostigados de esta manera”. “Lo ocurrido pone de manifiesto la importancia de fortalecer la vigilancia ambiental y, entre otras actuaciones, clausurar los pozos ilegales cuanto antes”, ha añadido en otro mensaje.

La sobreexplotación del acuífero de Doñana es la principal amenaza para la supervivencia del parque nacional, el único humedal de España declarado Patrimonio de la Humanidad. No obstante, y pese a las advertencias de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Defensor del Pueblo Español y de la propia Unesco, su estado no hace más que empeorar. Un informe reciente de WWF ha detectado 365 nuevas hectáreas de regadíos intensivos en Doñana entre los años 2016 y 2018, de las cuales más de la mitad son ilegales. La organización ha documentado además más de 2.000 pozos ilegales y balsas de regadío que acaparan el agua que debería llegar a la marisma.

“Las administraciones están perdiendo el control del territorio. Exigimos al Ministerio de Transición Ecológica y a la Junta de Andalucía que salgan de su parálisis, refuercen a sus funcionarios y de una vez por todas cierren los pozos y las fincas ilegales antes de que sea demasiado tarde”, han sentenciado en un comunicado.

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