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La educación gratuita y universal tendría un beneficio en empleo en torno a los 3.900 millones de euros

Las autoras del estudio creen que la implantación de esta política resulta relevante para la equidad social de hombres y de mujeres y el bienestar infantil porque posibilitaría un reparto más equilibrado de las tareas de cuidado.

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Mujer sostiene en brazos a un bebé.

Una investigación de la Universidad Nacional de Educación a Ditancia (UNED) calcula que implantar la educación gratuita y universal de 0 a 3 años tendría un coste de entre 5.400 y 7.500 millones y el beneficio en empleo en torno a los 3.900 millones de euros.

Esto supondría un aumento del gasto actual de entre 2.900 y 4.900 millones de euros, teniendo en cuenta los permisos parentales igualitarios y las jornadas laborales semanales de 40 horas. Los beneficios ascenderían a 3.900 millones de euros generados en su mayoría de la creación directa de empleo, además de un aumento en la equidad y la igualdad de oportunidades.

El objetivo es un sistema de cobertura universal de alta calidad que genere un impacto socio-económico positivo

Así lo han observado la profesora de la UNED Cristina Castellanos Serrano, profesora del Departamento de Economía Aplicada de la UNED y la economista Ana Carolina Perondi, que firman un estudio de viabilidad económica para proponer una reforma del sistema de educación de 0 a 3 años en España. El objetivo es convertirlo en un sistema de cobertura universal de alta calidad que genere un impacto socio-económico positivo.

"Este estudio de viabilidad se realiza a iniciativa del Instituto de Estudios Fiscales", cuenta Cristina Castellanos. "Se ponen en contacto conmigo porque llevaba años estudiando la viabilidad económica, social y legal de reformar el sistema de permisos parentales. María Pazos dirigía entonces la línea de investigación de Políticas Públicas e Igualdad de Género en el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, y propuso conocer la viabilidad de un sistema económico en el que los servicios de Educación Infantil, por una parte, y de atención y cuidado de las personas dependientes, por otro, fueran universales".

Las autoras querían investigar para "crear un sistema donde los cuidados estén cubiertos y la igualdad de género sea posible"

"Se quería analizar", continua Castellanos, "cuánto costaría y qué beneficios económicos supondría crear un sistema público de cuidados que permitiera que realmente todas las personas tuvieran acceso a servicios de calidad, de forma similar a lo que ocurre, por ejemplo, con los servicios sanitarios. A partir de ahí, seguimos estudiando e investigando, viendo las sinergias entre las distintas políticas clave para crear un sistema donde los cuidados estén cubiertos y la igualdad de género sea posible".

Beneficios indirectos

Por otra parte, los beneficios indirectos provenientes de la mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo se calculan entre los 1.800 y 6.200 millones de euros, por lo que los beneficios económicos totales de la implantación del nuevo sistema (entre unos 5.700 y 10.100 millones de euros) superan ampliamente los costes de funcionamiento del nuevo diseño de educación infantil de 0 a 3 años. Pero las investigadoras entienden que no todos son números y economía. Los beneficios sociales, educativos, de bienestar infantil, igualdad de género e igualdad de oportunidades serían muy importantes.

La implantación de esta política resulta relevante para la equidad social de hombres y de mujeres y el bienestar infantil

Las autoras estiman que los beneficios económicos totales de implantar una educación infantil gratuita de calidad de 0 a 3 años serían ampliamente superiores a sus costes. "Además, un sistema universal tendría relevantes efectos sociales positivos para la igualdad de género, la corresponsabilidad y la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación", escriben en el trabajo. Según las autoras, la implantación de esta política resulta relevante para la equidad social de hombres y de mujeres y el bienestar infantil porque posibilitaría un reparto más equilibrado de las tareas de cuidado, y reduciría la penalización laboral de las mujeres que en la actualidad asumen en mucha mayor proporción las responsabilidades domésticas y de cuidado de la familia.

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