La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, aseguró este jueves que "Sanidad dirá" si se tienen que hacer test masivos para alumnos, profesores y personal de cara al nuevo curso en septiembre. La ministra de Educación admitió que, de momento, para septiembre no se puede decir "nada con seguridad" sobre la vuelta a los centros educativos al desconocerse la evolución de la pandemia, pero que se deberá procurar el mayor número de alumnos en las clases presenciales.

Así lo aseguró la ministra ante la Comisión de Educación del Congreso, donde manifestó: "No podemos decir nada con seguridad cómo será el curso en septiembre porque no sabemos cómo va a ser la evolución de la pandemia". Por ello, dijo, el ministerio de Educación ha elaborado "un grupo de trabajo" para impulsar medidas de contingencia.

Esas medidas, dijo Celaá, se regirán por el principio de que "el mayor número de alumnos reciba una educación presencial". La intención del ministerio de Educación es reducir el ratio de alumnos por aula, según explicó la ministra y que "cuando un grupo fuera superior a 15 alumnos, ese grupo se fraccione", tal y como se ha establecido en "Francia y en el resto de países europeos", según explicó la ministra de Educación. Y para ello, abundó, Celaá, "hemos de aprovechar absolutamente todos los espacios físicos de los centros, no sólo las aulas". Y puso como ejemplo los "salones de actos, gimnasios, salas audiovisuales o bibliotecas".

En opinión de la ministra, hay que "intensificar la apuesta por la digitalización", pues con el Covid-19 "se ha demostrado clave en todas las etapas educativas". 

Otro tema abordado fue el de si va a haber aprobado general este curso. La ministra negó que haya "barra libre": serán los profesionales educativos, y la junta de evaluación, los que decidan si un alumno con algún suspenso puede pasar de curso y, en su caso, logra la titulación en una etapa educativa."No se puede hacer otra cosa", enfatizó la ministra, que recalcó que en otros países por la COVID-19 sí se ha establecido el aprobado general.

Además, la ministra enumeró las acciones emprendidas por Educación durante el estado de alarma para garantizar que se acabase el curso "sin penalizaciones", para "pasar de la noche a la mañana de una educación casi exclusivamente presencial a una a distancia y en línea" y diseñar el próximo curso. Todo ello, recalcó, se ha debido a decisiones que "responden a recomendaciones de Sanidad". "¿No sabemos a estas alturas que el mando único ha sido el de Sanidad?", cuestionó a los diputados que pidieron que hagan test masivos o se propongan otras medidas sanitarias desde Educación. "Estamos en un estado de alarma", recalcó.

La ministra planteó diez propuestas, entre las que destacan algunas como "intensificar la apuesta por la digitalización", pues con el Covid-19 "se ha demostrado clave en todas las etapas educativas".

Celaá también apuntó a reformar el currículum educativo, "excesivamente enciclopédico" en la actualidad, y modernizar la profesión docente para la innovación.

Otra clave "de la reconstrucción social del país", recalcó, pasaría por la modernización de la FP. "Hemos de incrementar las tasas de escolarización y titulación", apuntó. Asimismo, subrayó que la ciudadanía ha demostrado que la formación en valores cívicos "ha sido clave en la respuesta a la pandemia", materia que tiene un peso especial en la reforma educativa del Gobierno.

Celaá presumió de que en este tiempo ha trabajado "estrecha y permanente coordinación" con las comunidades autónomas, que son "autónomas", recalcó, "pero no independientes" a quienes ofreció, aglutinados en un portal, una serie de recursos educativos para facilitar la formación online. La ministra presumió de que la OCDE lo ha puesto como "ejemplo de buenas prácticas".

También justificó que las medidas que se han tomado para el ámbito educativo estén condicionadas por el "mando único" que ejerce el ministro Salvador Illa en el estado de alarma.

Resto de intervenciones

Desde el Grupo Mixto, la diputada de EH Bildu, Isabel Pozueta, ha acusado a Celaá de imponer un "155 educativo encubierto", al asegurar que "las decisiones estructurales las ha tomado un mando único" y las comunidades "son unas meras gestoras de lo que en Madrid se decide".

Sin embargo, el representante del Grupo Popular, Óscar Clavell López, ha manifestado que Celaá se ha "rendido" y ha "bajado los brazos al renunciar a liderar cualquier iniciativa", y ha criticado que no se haya "consensuado nada con la comunidad educativa para la desescalada".

A juicio de Clavell "no existe ningún protocolo firme ni criterios homogéneos" sobre el fin del curso actual y el inicio del próximo en septiembre, y ha reprochado a Celaá que haya anunciado el aumento de cuantía destinada a becas.

"Si no hay presupuestos, eso va a ser un brindis al sol", ha indicado el parlamentario popular.

Marta Martín, de Ciudadanos, ha criticado algunas de las medidas adoptadas sobre el fin de curso escolar, con especial mención a que se priorice la promoción, sin tener en cuenta las materias no aprobadas.

"Están retorciendo la normativa y van a meter en problemas jurídicos a centros, alumnos y familias", ha advertido a Celaá, al indicar también que "puede haber reclamaciones posteriores".

Martín ha reprochado a la ministra "estar en otra dimensión" y ha criticado que haya "intentado abrir el melón de la Lomloe" al mantener su tramitación parlamentaria durante el estado de alarma, ya que ha dicho que "ahora no toca porque estamos en una situación de emergencia educativa".

Por su parte, Joaquín Robles, representante de Vox, ha lamentado que Celaá mire "para otro lado", mientras cada comunidad "va por su cuenta" y ha acusado al Gobierno de concebir la "educación como un medio para adoctrinar".