Prevaricar: "Faltar conscientemente [un funcionario] a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta, con plena conciencia de su injusticia". La Real Academia lo define claramente y Código Penal también. Ahora falta por saber si la Justicia opina lo mismo que la Fiscalía, que acusa de este delito a la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y a la vicepresidenta y consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Ciudad Autónoma, María Isabel Deu, a cuenta de los retornos ilegales de menores marroquíes no acompañados.

De aquellas devoluciones hace justo un año. Fueron paralizadas cautelarmente por un juzgado tras desatar una gran polémica por su falta de protocolos y, ahora, el sumario de la investigación revela que la decisión final la tomó el Gobierno y que lo hizo a sabiendas de que era contraria a la ley.

Mateos y Deu tendrán que declarar el próximo 7 de septiembre ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta, que admitió a trámite una denuncia de la Fiscalía de Ceuta el pasado junio por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. La razón está en la devolución ilegal a Marruecos de al menos 34 menores no acompañados de los cientos que entraron a nado en la ciudad en mayo de 2021.

Son los ecos de la crisis fronteriza que vivió Ceuta cuando Marruecos alentó y permitió la entrada irregular a través de los espigones de más de 10.000 personas en la ciudad autónoma. Aquello supuso el comienzo de una crisis diplomática en represalia por la acogida secreta en España del líder del Frente Polisario, el saharaui Brahim Gali.

Desde entonces han pasado muchas cosas. En entre ellas, un giro histórico del Gobierno español sobre su postura acerca de la soberanía del Sáhara Occidental, la antigua colonia española ocupada militarmente por Marruecos. El chantaje marroquí surtió efecto, pero por el camino, le costó el cargo a la anterior ministra de Exteriores, Arancha González Laya; supuso el deterioro de las relaciones con Argelia —enemigo de Marruecos, aliado de la causa saharaui y principal proveedor de gas a España en ese momento— y se ha saldado con un aumento de fondos españoles y europeos para que el vecino del sur mantenga el control de la llegada de migrantes. A pesar de los al menos 27 muertos el pasado julio durante el trágico salto a la valla de Melilla y su brutal represión por las fuerzas de seguridad.

"El procedimiento no es acorde a la legislación"

A menor escala, la gestión de aquella crisis ha puesto en la picota a la máxima responsable del Gobierno central en Ceuta y a la vicepresidenta local, que eran quienes tenían competencias para tratar con Marruecos las devoluciones. Aunque en un primer momento se apuntó al Ministerio del Interior como responsable de la ilegalidad, Fernando Grande-Marlaska ha logrado esquivar toda responsabilidad a pesar de que fue su departamento quien dio luz verde a los retornos de menores, según revelaron varios correos electrónicos.

En los últimos días han salido a la luz las declaraciones que las dos acusadas prestaron ante el Ministerio Público el pasado diciembre en calidad de "sospechosas". De ellas se desprende que la orden de iniciar los retornos de los niños vino "del Gobierno", según la propia delegada, Salvadora Mateos.

Paralelamente, El Confidencial ha revelado otro de los correos electrónicos que se intercambiaron representantes de varios ministerios y del Gobierno de Ceuta en los que se dirimía la fórmula para proceder a las devoluciones con carácter de urgencia. En ese momento había alrededor de 800 menores no acompañados bajo la tutela de una desbordada administración ceutí.

Uno de esos correos acabó llegando al Fiscal de Menores de Ceuta, que según la ley debe estar al corriente de cualquier proceso de repatriación de menores extranjeros no acompañados. Lo remitía la directora del Área de Menores de Ceuta, Antonia Palomo, y decía textualmente: "A la vista de que el procedimiento no es acorde a la legislación nacional, europea e internacional, lo pongo en su conocimiento a los efectos oportunos". Era 12 de agosto de 2021. Al día siguiente, comenzaron las devoluciones de menores en grupos de 15 tras haberse celebrado varias reuniones entre autoridades españolas y marroquíes.

A pesar de las críticas de numerosas ONG, que finalmente lograron paralizar judicialmente los retornos, el Gobierno se escudó un acuerdo bilateral entre España y Marruecos que entró en vigor en 2013 y que nunca se había aplicado hasta el momento. Sin embargo, según ese mismo acuerdo bilateral, cualquier repatriación de menores marroquíes no acompañados debía realizarse siguiendo todos los trámites requeridos por la ley española —es decir, la Ley de Extranjería—, pero también “las normas y principios de derecho internacional y de la Convención sobre Derechos del Niño" de Naciones Unidas. Unos mecanismos diseñados para determinar cuál es el interés superior de cada menor, que a diferencia de lo que ha repetido en varias ocasiones la delegada del Gobierno, no es siempre volver con sus familias ni a su país de origen.

Eso que recordaban las ONG públicamente y en forma de recurso ante el juzgado fue exactamente lo mismo que recordó Antonia Palomo al Fiscal, a la Delegación del Gobierno y a sus superiores en el Gobierno ceutí durante aquellos días de agosto en los que se planeaba la operación.

Así lo reconoció a la Fiscalía la ahora investigada vicepresidenta de Ceuta, según se extrae de las transcripciones de su declaración del pasado diciembre: "La jefa del Área de Menores siempre manifestó que había que aplicar la repatriación de la Ley de Extranjería" y "solicitó que se expusiera al Ministerio del Interior dicho procedimiento", sostuvo ante el Ministerio Público. Y añadía que las "dudas jurídicas" que se plantearon "no eran trascendentes" y que quedaron "solventadas" en una de las reuniones celebradas aquel agosto.

Fruto de una "situación excepcional"

De la declaración de la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, se extrae que se optó por esta vía dada la "situación excepcional" que se vivía, según recoge Europa Press. Y añadía ninguno de los actores implicados se mostró contrario al proceso en las reuniones que se mantuvieron también con autoridades marroquíes.

Pero no es eso lo que consta en el mail de la jefa de Menores de Ceuta, que también estuvo presente en las reuniones, junto a la vicepresidenta. De hecho, la vicepresidenta reconoce que su responsable de menores "no se mostraba conforme con el procedimiento de repatriación", como comunicó por email al fiscal de menores un día después. Pero se decidió continuar de esta manera debido a la "situación excepcional" que se vivía en la ciudad, según Deu.

Aquella reunión entre representantes de Marruecos, del Gobierno central y del ceutí se realizó el 11 de agosto en el lado marroquí del paso fronterizo. Fue más bien informal y se trató el asunto de forma oral, conta en sus declaraciones. Según declaró la delegada del Gobierno, que no acudió a este encuentro, "se tuvo en cuenta lo mejor para los niños, que es que estén con sus padres". Y añadió que le constaba que "los niños" llegaron a la frontera con Marruecos y dijeron que querían "volver con sus padres" y "estaban contentos por volver", lo que le produjo "tranquilidad" porque ella sabía que la entrega a las familias estaba "garantizada" por Marruecos.

Mediación del Ministerio del Interior

Así se lo habían trasmitido, dijo ante el fiscal, representantes de la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, que le informaron de que se había llegado a un acuerdo para devolver a los menores y que sería Marruecos quien los retornaría a sus familias previo paso por un centro de acogida en la localidad marroquí de Martil. Se comenzó a devolver a un primer grupo de 145 menores.

No se abrieron expedientes de devolución, no se hicieron las entrevistas con los menores para determinar su grado de vulnerabilidad y cuál era el interés superior del menor, tal y como dicta la ley. Se devolvió a más de 50 menores hasta que el juzgado de instrucción numero de 2 de Ceuta las paralizó cautelarmente tras la denuncia de varias ONG.

De hecho, dos sentencias del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Ceuta del pasado febrero ordenaban al Gobierno que localizara y retornara a España a 20 de esos menores devueltos ilegalmente. Recurrieron su expulsión representada por las ONG Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces. Los jueces concluían: "No es que se haya omitido alguno de los trámites del procedimiento, es que se han omitido todos". El Gobierno interpuso recurso contra estas sentencias, aunque el pasado junio, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestimó uno de estos recursos y mantenía la orden de traer de vuelta a 14 de los chicos expulsados el pasado agosto.