La idea de la Europa Fortaleza dio el martes un paso más. El Parlamento Europeo aprobó —no en pleno, sino en la Comisión de Libertades Civiles— su postura sobre las propuestas de la Comisión Europea para el pacto de Migración y Asilo que lleva atascado desde 2020.

La posición de los eurodiputados ha suavizado algunas de las medidas de la Comisión, pero se mantiene la línea dura que pone énfasis en aumentar las deportaciones de migrantes y las detenciones de solicitantes de asilo en las fronteras exteriores de la UE, incluyendo niños en algunos casos.

Apenas han cambiado la mayoría de elementos criticados por numerosas ONG y organismos internacionales por vulnerar los derechos de los refugiados. En opinión de Catherine Woollard, directora del Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE por sus siglas en inglés), la postura del Parlamento en esta negociación ha sido bastante menos garantista que en anteriores pactos sobre migración, y esto se debe "en gran medida al posicionamiento cada vez más extremo del grupo de centroderecha y su tendencia a aliarse con la ultraderecha en lugar de con los partidos de centro".

Falta conocer la postura del Consejo Europeo (los gobiernos nacionales) antes de iniciar la negociación a tres bandas entre Parlamento, Comisión y Consejo, en la que se espera que las medidas se endurezcan aún más por la presión de los países de línea antimigrantes, que cada vez son más. El objetivo es que el pacto salga adelante antes de cierre de legislatura (abril de 2024), a ser posible, durante la presidencia española de la UE, aunque fuentes comunitarias dudan de que se llegue a tiempo.

Detención en fronteras exteriores

La intención de Bruselas es atajar el fenómeno migratorio convirtiendo las fronteras exteriores de la UE en lugares de retención donde realizar un cribado entre personas que tienen derecho asilo y las que no.

Con este control previo a la entrada, cada país debe evaluar en cinco días (ampliable a diez) si el migrante irregular supone una amenaza para la seguridad y derivarla al procedimiento más adecuado: asilo o deportación. Esto implica la detención de cualquier persona que acceda irregularmente, incluidas las rescatadas en el mar.

Con ello se quiere imponer un reglamento común el procedimiento de asilo en frontera, más rápido, pero también menos garantista, y que ahora solo se aplica en aeropuertos, puertos y, a nivel general, en Grecia.

La idea fuerza de la Comisión ni siquiera buscaba despistar con su nombre: fiction of non-entry, (ficción de no entrada). "Es fingir que un migrante no se encuentra en el territorio de un país, como si no hubieran entrado en su jurisdicción", resume Woollard; ello facilita la vulneración de derechos y la indefensión legal, explica. El Parlamento no ha eliminado esta fórmula en su propuesta, que deja como una posibilidad, mientras que la Comisión propuso su obligatoriedad.

Menores retenidos

Afecta sobre todo a los solicitantes de asilo, que tendrán que someterse al procedimiento en frontera. Eso equivale en la práctica a estar detenido mientras se resuelve la petición de asilo; en un plazo de no más de 12 semanas (incluyendo la apelación a una solicitud rechazada), según propone el Parlamento. En caso de rechazo, tendrán una orden de expulsión que debería ejecutarse en otros tres meses como máximo. La deportación puede llevarse acabo aunque se haya recurrido judicialmente la denegación.

Solo escapan de esta detención los menores no acompañados y los niños menores de 12 años y sus familias. Es decir, que los adolescentes solicitantes de asilo, aunque sean menores de edad, también serán detenidos temporalmente al entrar en la UE. Es uno de los puntos que más críticas ha levantado entre los grupos de la izquierda. Lo único que han logrado añadir es que los países establezcan mecanismos de supervisión independientes para garantizar el respeto de las normas internacionales y europeas sobre refugiados y derechos humanos.

Sin cuotas de reparto de refugiados

El Parlamento tampoco ha aprobado cambios en el criticado Reglamento de Dublín, que establece que los potenciales refugiados solo pueden pedir asilo en el primer país de la UE al que acceden. "Deposita una responsabilidad desproporcionada para los países de primera entrada", opina la directora del ECRE.

Sí se contemplan mecanismos de solidaridad entre estados para compensar este desequilibro, priorizando las de reubicación de solicitantes de asilo en otros países con menor presión o más capacidad, aunque no hay un modelo claro ni una cuotas definidas.

La propuesta de la Eurocámara ha eliminado la posibilidad de que algunos países esquiven la acogida de reubicados a cambios de financiar operativos de deportación. Sin embargo, mantiene como un "mecanismo de solidaridad voluntario" los acuerdos con terceros países para la acogida de refugiados.

Momentos de crisis

Por último, el Parlamento ha definido lo que entiende por situación de crisis migratoria de cara a que los Estados miembros no puedan utilizar esta excusa para suspender las normas de asilo. Ya ocurrió en el pasado en Grecia durante la crisis de 2015, pero más recientemente en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. También ha rechazado derogar la Directiva de Protección Temporal, que solo se ha utilizado hasta ahora para la acogida rápida de refugiados que huyen de la invasión rusa de Ucrania.

Además, incorpora a su propuesta un procedimiento prima facie para que, en situaciones de crisis de llegadas, tanto por tierra como por mar, se eliminen gran parte de los trámites burocráticos para las personas que recibirían el estatuto de refugiado con total seguridad, como ocurre ahora con los ucranianos. Este mecanismo habría evitado la situación límite que vivió Grecia en 2015, ya que hubiera recibido recursos y se habrían activado mecanismos de responsabilidad compartida.

La prioridad, y también la gran terea pendiente con este modelo migratorio, será articular un mecanismo común de deportación de todas las personas que no tengan derecho a asilo. Ahora, las expulsiones dependen fundamentalmente de los acuerdos bilaterales de cada Estado miembro con los países de origen. El enorme aumento de presupuesto en los últimos años de Frontex, la agencia europea de control de fronteras, no da lugar a dudas de hacia dónde quiere avanzar Bruselas.

Frontex ejecutó en 2022 unas 25.000 deportaciones de migrantes irregulares, una cifra "no adecuada" para la Comisión Europea. El promedio de éxito en los intentos de expulsiones apenas ronda el 16%, según cifras facilitadas por la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson. Otros datos recientes de Eurostat cifran en 340.500 órdenes de retorno las emitidas en 2021 por países de la UE, pero solo el 21% se llegaron a ejecutar.