La Justicia extremeña ha dictado que se lleve a cabo la demolición de todo lo que se encuentra en estructura o no está terminado y en funcionamiento del proyecto residencial y turístico de lujo en Valdecañas (Cáceres).

Esta urbanización exclusiva rodeada por el río Tajo se levantó en 2007 en un espacio protegido dentro de la Red Natura 200. Es por esto que, desde 2011, los movimientos ecologistas han estado luchando por la renaturalización del entorno y la demolición del complejo residencial.

El acta presentada por el TS apuntaba la ilegalidad de la urbanización 

El grupo activista Ecologistas en Acción ha sido uno de los núcleos de resistencia contra la Junta de Extremadura y el conjunto de propietarios de Marina Isla de Valdecañas. Fue el año pasado cuando el Tribunal Supremo (TS) desestimó las protestas presentadas por estos últimos y dio la razón a la organización ecologista: el acta presentada por el TS apuntaba la ilegalidad de la urbanización. 

Después de varias idas y venidas que paralizaron el pasado 20 de junio la demolición del complejo, que se aprobó en noviembre de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dictado un auto en el que acuerda que se continúe la ejecución de la demolición. Es decir, que se sigan cumpliendo los pronunciamientos que no han sido suspendidos por el Tribunal Constitucional.

Por su parte, el coordinador de Ecologistas en Acción de Extremadura, Ángel García Calle, ha comentado que desde la organización entienden "que la Junta no tiene mucha más alternativa que proceder a esta demolición parcial, porque ni ellos mismo la recurrieron".

El futuro del proyecto

La Junta de Extremadura debe proceder a la demolición del segundo hotel que entraba en el plan y del resto de viviendas que se iban a levantar, así como de las viviendas terminadas que sirven de oficina de la promotora y de piso piloto, salvo en el caso de estas últimas, que por razones de cercanía podrían influir en la seguridad de otras casas.

Asimismo, se acuerda la revegetación de las zonas que no han sido urbanizadas. Se eliminarán las plataformas y los residuos que se encuentran en estas. 

Anuncio de recurso

La Junta ha anunciado, horas después de conocerse el auto, que lo recurrirá y que va a "explorar todas las posibilidades con el objetivo de frenar la demolición de parte del complejo".

A juicio de la Junta, la demolición "tendría consecuencias nefastas para la región, ya que se proyectaría un mensaje negativo que ahuyentaría a posibles inversores que estén pensando en instalarse en Extremadura".

"En Extremadura no sobra ni un empleo, ni una inversión, ni una oportunidad", asevera la Junta, que indica que "aunque se trate de una demolición parcial, el resultado posterior de esta no ayudaría ni al desarrollo de la zona, ni a la creación de nuevos puestos de trabajo a corto plazo, ni a la proyección económica general de la región en el futuro"