La burocracia parece ir aún más lenta para quienes no tienen nada. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Moguer (Huelva) ha tardado dos años y tres meses en autorizar el traslado a Marruecos de los restos de Taoufik Belassal, el joven temporero que falleció el 14 de diciembre de 2019 en el incendio de un asentamiento de chabolas en Palos de la Frontera. Y la asociación onubense que ha estado al lado de la familia de Belassal para conseguir que le entregasen el cuerpo teme que esto pueda ocurrir ahora con el temporero, también marroquí, fallecido la semana pasada en el incendio de otra chabola en Lepe.

Más de dos años, concretamente 27 meses, para identificar un cuerpo y autorizar su traslado a Marruecos, donde residen la madre y los hermanos de Taoufik Belassal, quienes no entendían por qué razón no les entregaban los restos de su ser querido para darle sepultura en su tierra, cerca de ellos. Ese es el tiempo que han necesitado el juzgado, la Policía judicial española y la Administración marroquí para determinar que los restos calcinados de la víctima del incendio del asentamiento de chabolas en el polígono San Jorge de Palos eran realmente los de Taoufik.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Moguer, según ha sabido Público, comunicó el pasado mes de marzo al Consulado General de Marruecos en Sevilla, a Sanidad Exterior y a la funeraria que "no existe ningún inconveniente, siempre que se cumplan los requisitos legales", para el traslado del cadáver desde el Servicio de Patología del Instituto de Medicina Legal de Huelva, donde se encontraban custodiados los restos, hasta el Reino de Marruecos para su enterramiento.

Esa resolución, firmada con fecha 4 de marzo, fue adoptada dos semanas después de que este periódico publicase que la familia había pedido por tercera vez la entrega de los restos de Taoufik, desesperada tras conocer que la Policía de Marruecos ya había comunicado en noviembre a la Policía Judicial española que la prueba de ADN realizada había confirmado la identidad del fallecido en el incendio del asentamiento de Palos. Los familiares del temporero no entendían que siguiera retrasándose el traslado del cuerpo tras el resultado del análisis genético.

Una vez dictada la resolución, la familia ya ha podido, al menos, cerrar el duelo. Hace aproximadamente un mes recibieron los restos de Taoufik y pudieron enterrarlos siguiendo los ritos musulmanes en el cementerio de su pueblo, Moulay Bousselham, situado en la provincia de Kenitra, a unos 120 kilómetros al sur de Tánger, según ha asegurado a Público un familiar que vive en Huelva y que es el que ha estado durante más de dos años solicitando, con la ayuda de un abogado, que se trasladara el cadáver a su país.

De Moulay Bousselham había partido un día Taoufik Belassal para embarcarse en una patera con el objetivo de ayudar a su familia, sobre todo a su madre, que padece una grave enfermedad. Estuvo trabajando en los invernaderos de Almería y luego en la recogida de la fresa de Huelva, hasta que un fuego devoró la chabola en la que dormía, lo que le convirtió en la primera víctima mortal de los numerosos incendios que arrasan esos asentamientos de temporeros agrícolas en la provincia de Huelva y que ya arrojan un balance global de cuatro fallecidos.

"Absoluto desprecio" a la familia

La Asociación Multicultural de Mazagón, la única entidad que ha estado siguiendo este caso desde el principio, apoyando a la familia en las gestiones ante el juzgado, considera que se ha incurrido en un "absoluto desprecio a los derechos de la familia" de Taoufik Belassal. "Durante estos más de dos años, hemos pedido, junto a la familia, explicaciones al juzgado que llevaba el caso y, en ningún momento, nos han explicado las razones de esta tardanza. La familia ha tenido que pagar un letrado para conocer el seguimiento, pero aun así era tarea complicada entender los entresijos legales en los que estaba envuelto el caso", afirma una portavoz de la organización.

A juicio de la asociación onubense, en el caso de Taoufik ha habido dejadez, inoperancia y falta de voluntad para agilizar el traslado del cuerpo a Marruecos. "Entendemos –dice su portavoz- que esta actitud de los jueces, que eran los que tenían que resolver el caso, no se diferencia mucho de lo que observamos todos los días con el resto de las administraciones públicas respecto al drama de los asentamientos, donde miles de trabajadores viven en unas condiciones denigrantes sin una solución ni a corto ni a largo plazo".

El lío con el proceso de identificación del cuerpo de este temporero comenzó en enero de 2020, cuando la Policía Judicial solicitó a Marruecos, por medio de Interpol, el envío de muestras genéticas de la familia para cotejarlas con las del joven fallecido, una vez que las pruebas realizadas por el Instituto de Medicina Legal de la Junta de Andalucía no habían sido concluyentes. La administración marroquí respondió tres meses después que la solicitud adolecía de un defecto de forma, porque debía tramitarse a través de una comisión rogatoria internacional, y, en consecuencia, debía ser de nuevo formulada siguiendo esos cauces.

Año y medio después de esa notificación, en noviembre de 2021, el juzgado de Moguer recibió una comunicación de la Jefatura de Policía Judicial de la Dirección de la Guardia Civil en la que se informaba que Interpol de Rabat, la capital marroquí, había conseguido identificar a Taoufik Belassal. Sin embargo, la Policía Judicial advirtió a la jueza de que había solicitado informes periciales o documentación ampliada a Marruecos, debido a lo "escueto" de la información que había recibido para acreditar la identificación del cadáver. La confirmación de esa identificación aún requirió otros cuatro meses más, hasta que el pasado marzo el juzgado autorizó la repatriación del cuerpo.

Temor a que suceda lo mismo con la víctima de Lepe

Pero mientras se resolvía el largo y enrevesado procedimiento para la identificación de una persona fallecida en 2019, los incendios no cesaron y siguieron asolando los asentamientos de chabolas habitadas por cientos de temporeros que trabajan en la fresa y, que por diferentes motivos, no tienen acceso a una vivienda en los pueblos próximos a esos cultivos. El último se produjo el pasado 21 de abril en Lepe, donde murió otro temporero, Mohamed Alam, de 27 años, procedente de Beni Melal, una provincia del centro de Marruecos de la que cada año se marchan muchos de sus jóvenes buscando un futuro mejor en España y en otros países de Europa.

La Asociación Multicultural de Mazagón ya ha expresado su temor a que se produzcan con este joven muerto en Lepe los mismos problemas que ha habido para entregar a la familia los restos de Taoufik Belassal. "Pensamos que después de la muerte, no hay peor cosa para una familia que el que no pueda disponer del cuerpo. Esta actitud de las administraciones, incluida la judicial, atenta contra los derechos humanos y no podemos explicarla si no es desde una actitud absolutamente racista, impropia de un país democrático", se lamenta esta asociación.

La chabola en la que vivía Mohamed Alam tenía dos habitaciones, una ocupada por cuatro temporeros de Marruecos y otra por dos de Senegal. Era la que estaba más próxima al muro del cementerio de Lepe y la única que resultó afectada por el incendio, a consecuencia del cual dos de los marroquíes sufrieron quemaduras en las manos y los pies al intentar rescatar a su compañero, según relató un ocupante de una chabola vecina.

El fuego, como ocurrió en el caso de Taoufik, dejó prácticamente calcinado e irreconocible el cuerpo de Mohamed, que ahora se encuentra en el depósito de una funeraria del municipio vecino de Cartaya, bajo la custodia del juzgado de Ayamonte que instruye la causa y a la espera de las investigaciones policiales que se siguen para esclarecer los motivos del incendio.

Según un trabajador de la Asociación Nueva Ciudadanía por la Interculturalidad (Asnuci) que visitó el asentamiento chabolista tras el incendio, el caso se encuentra ahora pendiente de que se hagan las pruebas de ADN para identificar el cadáver, aunque un representante del Consulado de Marruecos en Sevilla ya se ha personado en el juzgado para ofrecer su colaboración.

"Su madre está llorando mucho, está muy triste, porque quiere que le lleven ya el cuerpo de su hijo", dijo a este periódico el empleado de la organización que trabaja en Lepe con la población migrante y que ha abierto el único albergue que hay en esta localidad fresera para dar cobijo a los temporeros sin vivienda.

¿Quién paga el traslado del cuerpo?

El Ayuntamiento de Lepe ha confirmado a este periódico que personal del Consulado marroquí se ha desplazado a esta localidad para interesarse por la situación del cuerpo del temporero fallecido y ha señalado que presumiblemente será la Asociación Comunidad Musulmana de Lepe la que se hará cargo del traslado a su país. Sin embargo, un portavoz de esa asociación ha precisado que ellos únicamente se hacen cargo de tramitar los traslados de cadáveres de personas que contaban con el seguro de defunción que cubre ese tipo de gastos.

Según la asociación musulmana, esos seguros son baratos, porque cuestan en torno a doce euros al año, pero si no se dispone de ellos ya tienen que ser los familiares los que se ocupen de trasladar el cuerpo a Marruecos o alguien que se encargue de hacer una colecta para pagar los gastos que acarrea enviar el cuerpo al país de origen.

El miembro de Asnuci que habla para este periódico, y que prefiere mantenerse en el anonimato, se hace esa pregunta: "¿Quién va a pagar los 3.000, 4.000 euros que cuesta la repatriación del cuerpo? La familia no tiene dinero para pagar eso. Vamos a necesitar mucha ayuda", advierte. Y esa ayuda no la esperan desde el ayuntamiento, porque, según él, ni siquiera hubo algún representante del equipo de gobierno municipal lepero presente en el minuto de silencio que se convocó a las puertas del consistorio por la muerte del joven temporero marroquí. La única representación institucional fue la de un trabajador social del centro de salud.

El Ayuntamiento lepero emitió un comunicado después del incendio en el que se limitó a lamentar el fallecimiento de una persona y a informar del lugar donde se había producido el siniestro, la hora y los equipos de emergencia que habían intervenido. De los dos heridos, según el trabajador de Asnuci, se encargó una familia que los llevó a su casa una vez atendidos por los servicios sanitarios y que luego les compró unas tiendas de campaña para que puedan cobijarse, tras haberse quedado sin su chabola.

Asentamientos como el de Lepe o el de Palos, donde han muerto estos dos jóvenes temporeros marroquíes, fueron visitados en 2020 por el Relator Especial de la ONU sobre la Pobreza y los Derechos Humanos Philip Alston. Las impresiones de su visita a Huelva fueron demoledoras: !Me encontré con trabajadores en un asentamiento para migrantes en condiciones que rivalizan con las peores que yo he visto en ninguna parte del mundo, incluso en campamentos de refugiados. Están a kilómetros del agua y viven sin electricidad o saneamiento adecuado".

Un informe de la Fundación Cepaim revelaba que en 2018 ya había más de 2.000 personas viviendo en 13 asentamientos chabolistas levantados en los principales municipios freseros de Huelva. Y los asentamientos, a falta de albergues –sólo hay uno abierto, el mencionado de Asnuci en Lepe- y de lo que se denominan técnicamente otras soluciones habitacionales, han seguido proliferando, cambiando de sitio cuando son desmantelados por los ayuntamientos, pero sin dejar por ello de ser la única alternativa de alojamiento para cientos de temporeros agrícolas.

Los inquilinos de esas chabolas son parte de la mano de obra de los cultivos de frutos rojos (fresa, frambuesa y arándanos) que constituyen uno de los sectores económicos más importantes de Huelva. En la campaña de la fresa del pasado año se superaron las 350.000 toneladas, una cantidad que supone en torno al 95% de la producción nacional de este fruto rojo, que, a su vez, representa cerca del 25% de lo que se produce en toda la Unión Europea, según los datos del Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía.