"Esperanzados pero con un poco de cautela por si acaso, que llevamos muchas decepciones encima". Así resume la hija de uno de los miles de fallecidos en residencias de la Comunidad de Madrid durante lo peor de la pandemia, María Jesús Valero, cómo ha recibido la noticia de que la Fiscalía General del Estado haya ordenado escuchar de manera "proactiva" a los familiares de las víctimas de los centros geriátricos. 

Valero forma parte de la plataforma Marea de Residencias, que busca justicia para estos casos en los tribunales. Cuenta a Público que su escepticismo se explica con los datos que maneja hasta ahora la entidad: de las más de 300 querellas impuestas, menos de un 20% siguen su camino judicial. El resto han sido desestimadas o archivadas.

Sin embargo, ve algo sanador en el paso hacía adelante adoptado por el fiscal general, Álvaro García Ortiz, que a través de un oficio ha dado instrucciones a los fiscales de las comunidades para que garanticen que todos los familiares de víctimas sean oídos en las diligencias de investigación y en los procedimientos judiciales. Y es que, para Valero, "lo más doloroso" es no haber podido declarar: "No nos han dado la opción de ni si quiera ratificarnos en la querella. Ese es el nivel de desatención que hemos tenido", denuncia.

Valero cree que el camino que se abre ahora todavía será complejo: "La Fiscalía General va a tener mucho trabajo que hacer porque la mayoría de los fiscales, al menos en la Comunidad de Madrid, o no asistían a los juzgados o si asistían actuaban con una inacción total: no preguntaban a los directores de residencias, ni a los familiares", se queja. Valero explica que esto ha generado una situación en la cual "no hay nada informado a la Justicia, ese es un gran problema".

Un "paso positivo", pero no el final de las reivindicaciones

El miembro de la plataforma Verdad y Justicia Javier Cordón coincide en gran medida con Valero. Cree que la decisión del Ministerio Público es "un paso positivo pero todavía está por ver qué recorrido tiene". El integrante de la entidad que busca investigar las muertes en los centros de mayores recuerda el camino desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy.

"Han pasado más de dos años y esta decisión se toma después de muchas protestas y movilizaciones, de la presión mediática y del libro del exconsejero Alberto Reyero, —en el que relata cómo el Gobierno de Ayuso excluyó a personas dependientes del traslado a los hospitales— que no era cualquiera que pasara por ahí", asevera. "Por un lado nos alegramos, por otro pensamos que se tendría que haber hecho antes. También somos conscientes de que llega tras la movilización y una serie de hechos que prácticamente han obligado a que se haga", resume Cordón.

Por ello, insiste en reivindicar que se haga justicia: "Que esto pase sin pena ni gloria va a traer consecuencias muy negativas. Es una degradación moral muy grande. Que no se investigue lo que ocurrió tiene mucha relación con lo que sabemos que pasa en las residencias: un maltrato a nuestros mayores. Si no ha importado que muriesen sin asistencia sanitaria qué va a importar que tengan los recursos necesarios, que tengan calor en verano o tantas otras cuestiones", zanja.