Este lunes, la noticia de que varios vecinos del madrileño distrito de Vicálvaro habían sido sancionados durante las fiestas del barrio por llevar una pegatina que rezaba: 'Almeida Carapolla, seremos tu peor pesadilla', corrió como la pólvora por las redes sociales. Una indignación que viene de largo en un barrio donde el recién estrenado alcalde de Madrid no parece agradar. 

Tiene sentido si se conoce la relación, más de odio que de amor, de Martínez-Almeida con un distrito al que mira con recelo. Una fijación que, todo apunta, a que surgió en campaña, cuando los vecinos recibieron al líder del Partido Popular en la Comunidad de Madrid con un grafiti que no le hizo demasiada gracia.

Entonces era viernes 17 de mayo, día de mitin electoral. Pero, en esta ocasión, su intervención iba a estar marcada por el enfado de una pintada que, con un mensaje breve pero directo: A.C.A.B. ('Todos los policías son bastardos', en inglés), colmó su paciencia.  "Es un acrónimo que dice que todos los policías son unos bastardos", explicó indignado.

Ese día, su discurso le valió para pedir los votos que quería arrebatar al entonces concejal de Ahora Madrid en el distrito y candidato en las elecciones a la alcaldía de la Comunidad por Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, que desoyó la petición del líder popular de suprimir la pintada: "Hay que echar a Mato del Ayuntamiento de Madrid el 26 de mayo", dijo enfurecido. 

Pero ni Sánchez Mato, ni tampoco ninguno de los presentes escucharon sus plegarias. Nadie limpió el grafiti y, cepillo en mano, decidió hacerlo él. Un Almeida que, en su ímpetu de eliminar la pintada de la plaza del centro cultural 'El Madroño', terminó por sacarle brillo.

Almeida, borrando el famoso grafiti.

Ese día, los vecinos no solo consiguieron 'desesperar' al brazo armado del PP, también lograron descubrir su punto débil. Porque no, Almeida no contaba con el apoyo de Vicálvaro, y ellos estaban dispuestos a jugar sus mejores cartas para dejárselo claro. Tan solo un par de días más tarde, otro grafiti. Esta vez, el mensaje era aún más claro: 'PP ladrones' junto a una dedicatoria: 'Almeida carapolla', aunque esta vez no fue a borrarlo.

Juan -nombre ficticio para preservar su identidad- es uno de los vecinos del barrio. Un barrio que, como denuncia, tiene problemas más graves que una pintada. "En Vicálvaro hay un 50% de paro juvenil, hay problemas de transporte, problemas para alquilar piso, hay un montón de casas de apuestas que destrozan la vida de muchos jóvenes. El PP viene a hacer campaña a un lugar donde la gente ni le vota, ¿y su mayor preocupación es un grafiti?". 

Motivo por el cual, lo que empezó como anécdota, terminó como reivindicación para unos vecinos que no estaban -ni están- nada contentos. Lo quisieron demostrar en la particular Hoguera de San Juan del barrio, siempre amenizada por unos mensajes de denuncia que este año les quisieron prohibir. Al lugar acudió la Policía para instar al Asociación de Vecinos a retirar las consignas, que no eran más que las cifras de los desahucios, la violencia machista y el paro. Pero ellos se negaron, y la fuerza del pueblo se impuso. Al menos por esta vez.

Imagen de las reivindicaciones de los vecinos de Vicálvaro en la Hoguera de San Juan.

27, 28, 29 y 30 de junio. Apenas había pasado una semana desde la Hoguera y, Vicálvaro, daba la bienvenida a unas particulares fiestas en las que tampoco cesaron las reivindicaciones. Esta vez no fueron grafitis. Esta vez, los chavales, mejor organizados que nunca, habían elaborado sus propias pegatinas con un claim renovado: 'Almedia carapolla, seremos tu peor pesadilla'. 

La iniciativa, que fue bien acogida por decenas de jóvenes que lucían orgullosos sus adhesivos, no fue del agrado del Ayuntamiento. "Cuando los chavales llegaban al control para acceder al recinto, igual que les registraban para comprobar que no llevaban vidrios, o que no llevaban armas, les obligaban a arrancarse las pegatinas para acceder al espacio", asegura Juan. 

Aunque esto fue después. Los primeros días fueron identificando a los chicos, cara por cara, nombre por nombre. Una tarea que, sin embargo, se complicó cuando, cada vez más gente, y lejos del miedo a represalias, empezó a salir a la calle con la pegatina. Ya no eran sólo jóvenes. Se habían sumado padres, madres, incluso abuelos. Demostrando, una vez más, que el barrio iba a luchar unido por sus derechos. 

Ambiente en el recinto habilitado para las fiestas.

"Los primeros días fueron más selectivos. La secreta se acercaba a los chavales que llevaban la pegatina, les pedían que se la quitasen y les hacían una fotografía del DNI. En ningún caso les tomaban los datos a mano", asevera Juan. Él lo sabe porque lo vivió de primera mano. Fue una de esas personas a las que la Policía le advirtió de que le habían sancionado administrativamente por insultar a la "autoridad". Pero Juan, ni lo entendía entonces, ni lo entiende ahora. Está acusado de un delito leve, sin notificación alguna, y sin conocer el motivo por el cuál un policía secreta le ha hecho una fotografía a un documento suyo, personal, para imponerle una multa por una conducta que, por otra parte, no está recogida como infracción en el Código Penal. 

Había secretas que, incluso a última hora, "estaban con la espátula quitando las pegatinas que habían quedado en el recinto y las iban guardando en una carpeta", asegura sin salir de su asombro. Unas medidas que, dice, se mantuvieron así el jueves y el viernes. El sábado, el apoyo vecinal obligó a la Policía a cambiar de planes. Esta vez ya no identificaban a la gente. Aunque, si querías fiesta, tenía que ser sin adhesivo. 

Adhesivos que la Policía iba retirando con espátulas del recinto.

Prohibición del manifiesto

Un tono represivo que se tradujo en una evidente falta de libertad de expresión. Un derecho que también negaron a las chicas del Colectivo Feminista Vikelarre que, como cada año entre concierto y concierto, leen un comunicado que este año les prohibieron pronunciar. A ellas, que han intentado generar un espacio seguro en el barrio donde crear lazos y plantar cara a una lacra que violenta, oprime y calla, también les vetaron sus derechos porque el Ayuntamiento consideró que "no procedía", intentando acallar la voz de una sociedad que lucha, con más fuerza que nunca, contra la violencia machista. Y a la que nadie va a parar.