Se fueron obligados de España buscando salidas a su carrera investigadora. Los que han vuelto lo han hecho por su arraigo personal, los que aún están fuera esperan que desde el Gobierno se trace un plan de retorno para poder volver con garantías. “Yo no conozco a nadie que haya vuelto a España por las condiciones laborales”. Con estas palabras resume la situación una doctora en Química -que prefiere mantenerse en el anonimato- que ha retornado de Estados Unidos y que, si no encuentra una solución para su carrera investigadora en unos cinco años como máximo, se planteará seriamente buscar trabajo en otro terreno.

La Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) ha demandado al Gobierno que se tengan en cuenta sus reclamaciones si realmente quieren lograr un plan de retorno de calidad, tal y como comunicó Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Las filas de la FJI están formadas por individualidades que se vieron obligadas a dejar España por la falta de oportunidades laborales durante el periodo de la crisis. Ahora, basándose en las declaraciones de la ministra, critican el plan anunciado por el Ejecutivo en tres aspectos.

En un comunicado que hicieron público, denuncian que el plan no haya sido anteriormente consensuado con las asociaciones y colectivos que representan a los investigadores, que no se expliquen qué mecanismos van a ofrecer para que el retorno sea fructífero y, por último, que quieran incentivar el retorno a un país que no ofrece la estabilización laboral necesaria.

Pablo Giménez es el presidente de la FJI y también sufrió retrasos por parte de la administración para recibir la confirmación de la adjudicación de su contrato. Este investigador predoctoral por Medicina en la Universidad Complutense de Madrid recibió el anuncio con cierto asombro. “El PSOE adquirió este compromiso con otros colectivos de investigadores emigrados cuando estaba en la oposición y ahora lo han hecho público sin contar con nosotros”, señala sorprendido.

Aunque Valerio aseguró que abriría un “foro de reflexión conjunta” en donde participarían partidos políticos, administraciones territoriales y asociaciones de jóvenes, la FJI centra la atención en que el problema es estructural. Esta denuncia encuentra su base en que, aunque los investigadores agraviados por la crisis regresen, seguramente se choquen contra una carrera científica sin recorrido por la escasa financiación que aportan las arcas del Estado.

Un problema estructural

Según los datos más actualizados que corresponden al periodo 2009-2013 y que fueron publicados en 2014 por un análisis del Instituto de la Juventud (Injuve), el 80% de la migración de entre 18 y 30 años tiene titulación universitaria, y el 32% poseen un título de posgrado.

Un ejemplo representativo de esta situación es el integrante de la FJI Manuel Heras, doctor en Filosofía por la Universidad de Granada. Un contrato posdoctoral de seis meses supuso su primera experiencia en el terreno. Después, en marzo de 2017, se vio obligado a marcharse a la universidad chilena Alberto Hurtado con otro contrato posdoctoral. Regresó a España un año más tarde para disfrutar de un contrato ‘Juan de la Cierva – Formación’ (JdC-F), con la que actualmente puede llevar a cabo sus funciones de investigación en la Universidad del País Vasco (UPV), que le reportan en torno a 1.400 euros netos al mes.

Gráfico de evolución de la pérdida de poder adquisitivo que tienen los investigadores
con contratos posdoctorales desde 2008 a 2018. | FJI

“El problema es que mucha gente vuelve con una promesa de continuidad que al final no se cumple”, remarca el investigador. A sus 32 años, dice que no puede hacer planes a largo plazo, ya que nadie le asegura la posibilidad de seguir con su proyecto cuando se le termine este contrato.

Por otro lado, Heras también remarca la incertidumbre que supone irse fuera y no saber si la estancia en el extranjero será suficiente como para poder realizar la carrera investigadora una vez hayas retornado. “Como no hay un reglamento establecido al respecto, cuando te dicen que te tienes que ir no sabes cuánto tiempo será el necesario para que cuando vuelvas te puedas quedar”, explica el afectado.

Esta opinión la comparte la doctora en Química por la Universidad Autónoma de Madrid, que a sus 32 años y con dos hijos, no sabe si podrá ganarse la vida dedicándose a su vocación. Su bagaje profesional comienza en EEUU con becas posdoctorales que le permitieron quedarse tres años y medio. Interrumpió su estancia en América cuando le concedieron un contrato ‘Juan de la Cierva – Incorporación’ (JdC-I) que ya ha terminado. Actualmente, desarrolla su trabajo en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con un patrocinador privado, que constituyen las principales entidades a la hora de invertir en investigación.

Su siguiente paso es postularse para recibir las conocidas ayudas para contratos ‘Ramón y Cajal’ (RyC), unos contratos que desde el 2001 el Estado concede a aquellas personas con una trayectoria destacada en centros de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) con el objetivo de promover la creación de puestos de trabajo permanentes y así poder incorporarse al Sistema Español de Ciencias, Tecnología e Innovación.

Expectativas futuras

La carrera investigadora de esta química, como todas las demás, sigue unos trámites establecidos de contratos temporales hasta poder llegar a obtener una plaza fija. “Compito con compañeros que tienen diez años más que yo, así que el futuro está bastante complicado porque no hay muchas plazas y luchamos por ellas entre gente muy cualificada”, declara a Público intentando condensar en pocas palabras la situación actual de cientos de investigadores.

Por su parte, Heras apoya la visión de su compañera, aunque reclama que “se necesita cierta estabilidad por parte del Estado”, en sus propias palabras. Según este doctorado en Filósofía, su plan pasa por “intentar trabajar lo máximo posible para poder conseguir el próximo contrato”, que sería el de ‘Incorporación’, pero también señala el alto grado de incertidumbre que existe porque “los candidatos —continúa— no sabemos los criterios que va a utilizar la comisión para evaluar la siguiente convocatoria”.

Otro caso algo diferente es el de José Luis Liñán, también doctor en Filosofía por la Universidad de Granada que a sus 37 años, después de haber estado en Chile durante tres años con el programa Fondecyt (Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico) actualmente cobra una prestación de 480 euros como ayuda al emigrante retornado. Pensando en el futuro, él mismo acepta que “seguramente deje el terreno de la investigación" si no le conceden ninguna beca posdoctoral.

Diferencias entre universidades

La investigación en España ha sufrido un desplome importante debido a que la inversión en I+D+i en relación al PIB ha caído durante seis años consecutivos desde que el pico se estableciera en 2009 y 2010 en el 1,35%, llegando a cifras que ni siquiera se daban en 2007. Esto ha supuesto que otros países tomen la delantera en cuanto a recursos económicos que tiene el personal investigador a su disposición.

Aún así, aunque las cifras determinen el porcentaje que se destina a investigación de los Presupuestos Generales del Estado, una de las demandas más urgentes de las asociaciones de investigadores, como indica la primera demanda de la FJI, es que se llegue a invertir la completa totalidad de los mismos, aunque una gran parte del dinero dedicado a I+D+i sea para préstamos que ni los investigadores ni las empresas españolas solicitan.

Un testigo de esta problemática fue el propio Heras, ya que durante su estancia en Chile percibía un salario mayor que el que actualmente tiene en España. A su vez, relata que también tenían un fondo de gasto para utilizar en un proyecto de investigación propio, en contraposición a la situación española, donde “hasta que no eres un investigador más senior no puedes dirigir tu propio proyecto con fondos públicos”, aclara el actual investigador de la UPV.

Por su parte, la química emigrada desde EEUU también centra las diferencias en la falta de recursos y de dinero: “Donde en España te pueden conceder un proyecto para tres años y darte unos 100.000 euros, en EEUU te dan 1.000.000”, ejemplifica la científica. De hecho, la trabajadora del CSIC también comenta que “aquí apenas hay investigadores extranjeros”.

Del mismo modo, acentúa que las características del sistema español hacen que los investigadores dediquen menos tiempo a sus proyectos. “Hay mucho personal científico que se dedica casi exclusivamente a intentar remediar los problemas de presupuesto, de solicitud de proyectos; así que, al final, de ciencia haces poquito”, sentencia la investigadora.

La situación de la mujer

En el caso específico de las mujeres, la científica que retornó del gigante americano señala que no hay demasiada discriminación, aunque sí es cierto que en algunos campos no puedes seguir investigando debido al tipo de sustancias o maquinaria utilizada. De hecho, su caso concreto se centra en la investigación química para encontrar nuevos fármacos, donde hay procesos que no puedes desempeñar. En España, las mujeres tienen un año y en Europa un año y medio por cada hijo para poder retrasar la solicitud de la convocatoria aunque no hayan estado todo ese tiempo de baja, cuando los hombres solo podrían reclamar la temporada en la que no han trabajado, según matiza esta investigadora a Público.

Un dato interesante al respecto es que todas las mujeres con hijos encuestadas en el informe anteriormente mencionado de Injuve se los han llevado con ellas fuera de España, un hecho que no se replica en el caso de los hombres.

Por otra parte, Heras opina de forma contraria: “El caso de las mujeres es especialmente sangrante”. De hecho, afirma que en ocasiones se ven obligadas a escuchar cosas como que “si tienen un hijo ya se pueden olvidar de la carrera investigadora”.

El retorno, no solo para los más cualificados

Fotografía de los representantes de las asociaciones que asistieron a la Asamblea de la FJI de este año, celebrada en el Instituto Geológico y Minero. | FJI

A su vez, volviendo al génesis de lo ocurrido, fue la senadora de Unidos Podemos Idoia Villanueva quien recordó a Valerio que el plan debería ser válido también para aquellas personas que no están tan cualificadas. La ministra estuvo de acuerdo y reafirmó, desde el Gobierno, la defensa de que "todos los que estén fuera tengan plenitud de derechos", refiriéndose a la sanidad, las pensiones y el voto.

Por su parte, Giménez define que la FJI está “expectante” ante el anuncio del plan, pero siguen sorprendidos debido a que solicitaron una reunión con los encargados políticos, con los que mantenían buenas relaciones mientras el PSOE estaba en la oposición pero aún no han obtenido ningún tipo de respuesta, según relata el presidente de la FJI. El tiempo es el único que dirá si el plan de retorno del Gobierno facilitará la vida a decenas de emigrados o detrás de las palabras de la ministra solo hay humo.