La Fiscalía de Delitos Económicos se ha querellado contra Shakira en el segundo pleito contra la cantante por un presunto fraude a Hacienda por medio de empresas en paraísos fiscales. La deuda sería de 6,6 millones de euros en la declaración de 2018 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP).

La demanda se ha presentado en los juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona), donde la Fiscalía confirma que residía la artista junto a su exmarido, el futbolista Gerard Piqué, y donde, ya el pasado julio, el Juzgado de Instrucción Nº2 abrió esta segunda causa contra Shakira por delitos contra Hacienda.

Las sociedades que Shakira utilizó presuntamente para evadir impuestos se ubicaban en Luxemburgo, Holanda, Malta, Islas Vírgenes, Panamá, Bahamas, Estados Unidos y Liechenstein. Una la utilizó para recibir ingresos por derechos musicales y pagar gastos de su actividad artística. Sobre el resto, la fiscal afirma que "carecieron de medios materiales y personales para realizar actividad alguna y los gastos que generaron fueron los puramente administrativos".

La fiscal también considera que Shakira creó una sociedad en España que "fue una sociedad instrumental utilizada por la querellada, que de hecho no ejerció ninguna actividad, por lo que la totalidad de los ingresos y los gastos contabilizados por esta sociedad debían ser atribuidos a la querellada en su declaración de IRPF".

En concreto, la fiscal cree que Shakira defraudó 5.361.146 euros en IRPF en 2018, por el que reclama 6.061.316 euros. Además, considera que, presuntamente, defraudó 773.600 euros con el IP, por el que se genera una deuda de 625.190 euros. En el juicio por estas cuestiones, Shakira podrá declarar por videoconferencia, ya que actualmente reside en Miami.

En paralelo, Shakira se encuentra a la espera de un juicio previsto para a partir del 20 de noviembre por haber defraudado presuntamente 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014. Por este proceso judicial la cantante colombiana se enfrentará a una condena de ocho años y dos meses de cárcel.