No existen "datos objetivos" que puedan llevar a asegurar que la organización Infancia Libre funcionara como una organización ilícita. Así de contundente se ha mannifestado la Fiscalía Provincial de Madrid, para justificar el archivo de la causa. 

La conclusión a la que llega el Ministerio Público se basa en dos motivos: que no se ha podido establecer una conexión "directa" de muchas de las mujeres que supuestamente interpusieron denuncias falsas contra los padres de sus hijos con la asociación y porque en la mayoría de los supuestos se presentaron en fechas anteriores a la constitución de Infancia Libre o cuando ésta ya había dejado de tener actividad.

La Fiscalía desecha así abrir una causa judicial contra la organización Infancia Libre, que había sido señalada por un informe elaborado por la Unidad de la Policía adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla como una organización criminal cuyo objetivo final consistía en apartar a los padres de sus hijos e hijas mediante la interposición de denuncias falsas sobre abusos sexuales hacia los menores.  El informe contenía más alrededor de 20 nombres de mujeres que presuntamente habían actuado de la misma forma, a pesar de que muchas de ella nunca hubieran interpuesto denuncias por abusos sexuales hacia sus hijos, así como a dos abogados y a tres reconocidos profesionales de la sanidad pública, a los que se acusaba de ser parte de esta banda criminal.

No existen denuncias falsas

Uno de los puntos clave en el informe policial y de las informaciones que durante los últimos meses se han filtrado a la prensa y han sido aireados en diversos medios y programas de televisión, fue la existencia de denuncias falsas de abusos sexuales contra los menores por parte de sus padres. 

Sin embargo la Fiscalía afirma en su escrito de archivo de esta causa que no consta "dato alguno" de un posible delito de "denuncia falsa" por parte de la asociación o de sus miembros. E insiste que este hecho no ha "quedado acreditado, siquiera de forma indiciaria, que se haya incoado procedimiento alguno por este delito contra alguna de las mujeres supuestamente implicadas".

La Fiscalía concluye, tras una investigación que llevó a declarar a la expresidenta de Infancia Libre, que no existe vinculación de las personas incluidas en el informe con dicha organización y que "solamente" se podría establecer una vinculación con dicha organización de las dos fundadoras de la asociación, "si bien, habiendo ambas interpuesto denuncias por supuestos malos tratos a sus hijos menores cometidos por sus progenitores, circunstancia que hizo que entrabaran una relación y que constituyeran una asociación para tratar estos temas".

El escrito de la Fiscalía afirma que las circunstancias y la forma en que estas dos mujeres afrontaron dichos procedimientos judiciales "fue muy diferente y evidencia que no hubo una estrategia común", lo que, además, resulta difícil de justificar, "pues denunciaron esos supuestos abusos al menos un año antes de que la asociación se crease".

Sobre la supuesta trama criminal

La Fiscalía advierte de que el delito de asociación "no se consuma cuando en ese desenvolvimiento societario se cometen determinadas infracciones", sino cuando desde el inicio se busca una finalidad "delictiva".

Subraya que los dos primeros requisitos exigidos por la jurisprudencia para la existencia de una asociación ilícita son  "una pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad y la existencia de una organización más o menos compleja en función del tipo de actividad prevista, esto es, que la unión esté presidida por ideas de estructura jerárquica y disciplina". La Fiscalía concluye que ni siquiera se puede afirmar que formen parte de la asociación Infancia Libre las personas incluidas en el informe policial "más allá de meras hipótesis".

Lo único que la Fiscalía ha podido acreditar a lo largo de la investigación es la posible comisión de un delito de sustracción de menores por parte de María Sevilla, presidenta de dicha asociación y otro posible delito de desobediencia por parte de Ana Bayo, otras de las madres que se ligaba a la organización. Pero ambos están pendientes de juicio por lo que tal delito aún no ha sido probado.

Sobre Ana María Bayo, la tercera de las detenidas por la Policía judicial entre abril y junio pasado en un extraño operativo, la Fiscalía recuerda que no existe delito de sustracción de menores,  sino posible delito de desobediencia por haber incumplido el régimen de visitas establecido a favor del padre.  Tal como informó Público a lo largo de los últimos meses, la expareja de Ana María Bayo tiene en la actualidad una orden de alejamiento de su hija en activo.

Sobre el resto de mujeres contenidas en el informe, la Fiscalía afirma que la vinculación es que algunas habían puesto comentarios sobre Infancia Libre en sus redes sociales o que sus hijos habían sido atendidos por la misma pediatra o psicóloga de Granada, sin que en algunos conste ningún supuesto malos tratos o abusos contra los menores.

De todas formas, el Ministerio Fiscal recuerda en documento de archivo que el hecho de que un miembro de una asociación cometa un delito "no conduce necesariamente a considerar que ese fin concreto era el exclusivamente buscado por la asociación a la que pertenecía", ya que la jurisprudencia exige que la finalidad delictiva "ha de ser querida y pretendida por la propia asociación, no por el propósito individual de alguno de sus miembros", cosa que no existe en este caso.