La Fiscalía investiga al ex inspector jefe de la Policía que llamó "delincuentes" a los inmigrantes

La sección de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de València ha abierto una investigación penal contra Ricardo Ferris, el ex inspector jefe de la Policía de València que equiparó, en un acto de Vox, inmigración con delincuencia. El agente había sido apartado de su cargo después de ser expedientado por sus declaraciones xenófobas. Ahora, el ministerio público decide investigar los hechos tras la denuncia de varias asociaciones de personas migrantes por incitar al odio y atentar contra sus derechos.

Ricardo Ferris hizo estas declaraciones el pasado 14 de octubre, en unas jornadas sobre Inmigración y Ciudadanía organizadas por la Fundación para la Defensa de la Nación Española y la formación de ultraderecha Vox. Allí, aseguró que "hace unos cinco años que no se trabaja con delincuentes nacionales", para luego añadir que "inmigración irregular es igual a delincuencia". Además de racista, esta afirmación es falsa, tal y como demuestra la estadística de condenados según nacionalidad que publica anualmente el INE. 

El alto mando policial también bromeó al señalar que, cuando detienen a algún español, "en vez de llevarlo al juzgado, deberíamos trasladarlo al centro de especies protegidas de El Saler". Ese día, Ferris había animado a los asistentes al acto a "actuar" y "dejar de ser un pueblo pacífico". Cuando la Dirección General de la Policía Nacional acordó relegarlo a un segundo plano, varios agentes y militantes de la extrema derecha salieron juntos a la calle, bajo el paraguas del sindicado policial Jupol, para manifestar su disconformidad con la decisión y defender al investigado.

En la denuncia, presentada este jueves por una treintena de organizaciones solidarias y de acogida, se acusa a Ricardo Ferris de incitar al odio al "atribuir todos los delitos a las personas extranjeras". Cabe recordar que estas declaraciones las hizo durante una intervención en la que participaba como funcionario público. Las plataformas sociales que respaldan la acusación piden a la Fiscalía que intervenga y condene al ex inspector como autor de un delito de odio, penado con entre uno y cuatro años de prisión y multa de seis a doce meses. El caso ya se encuentra en manos de la autoridad fiscal.