La Fiscalía de Granada ha solicitado provisionalmente un total de cinco años de prisión para Juana Rivas por dos delitos de sustracción de menores, además de la inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad por un plazo de seis años.

En el escrito de acusación, remitido al Juzgado de Instrucción número 2 y previo a la celebración del juicio oral, el Ministerio Público señala las cinco instancias judiciales que, a lo largo de nueve meses, han requerido a la vecina de Maracena (Granada) con resoluciones judiciales la obligación de devolución de sus dos hijos a Italia, estado de su residencia habitual con su padre.

El escrito fiscal, del que se ha informado en un comunicado, señala que la acusada, "consciente" de las resoluciones judiciales y "con ilícito ánimo de incumplirlas", permaneció oculta con sus hijos en un lugar indeterminado sin facilitar su paradero y "a sabiendas de la obligación que pesaba sobre ella de restituirlos."

La Plataforma 7N contra la Violencia Machista ha denunciado este viernes que la petición de la fiscalía de cinco años a Juana Rivas se "suma al cúmulo de despropósitos que no han hecho más que revictimizar a esta mujer granadina". En este sentido, recuerdan que tanto el Convenio de Estambul, la legislación española y el recientemente presentado pacto de Estado contra la violencia de género, reafirman la idea de que "un maltratador nunca puede ser buen padre y, por tanto, una justicia que se digne de serlo, deberá tenerlo en cuenta". Por ello, la Plataforma reclama a la Fiscalía especializada en Violencia de Género que "retire inmediatamente este despropósito".

La madre de Maracena protagonizó este verano un pulso a con la justicia al permanecer cerca de un mes en paradero desconocido para intentar evitar que sus hijos fueran entregados a su expareja, Francesco Arcuri, condenado por malos tratos en 2009 y al que había vuelto a denunciar por malos tratos continuados en 2016, ya en España.

La petición de Rivas de que sus hijos, sobre todo el mayor que contaba con once años, fuera escuchado por la jueza que instruía el caso o por expertos de la unidad de medicina legal, nunca fue atendida. 

El pasado mes de diciembre, cientos de organizaciones firmaron sendas quejas que presentaron ante el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, pidiendo que se investigaran las posibles irregularidades judiciales cometidas en este caso.

La legislación española contempla medidas de protección sobre los hijos de las víctimas de violencia de género, a las que se considera víctimas directas. Sin embargo, este punto no fue tenido en cuenta durante el proceso que acabó con la entrega de los hijos a su padre, que se los llevó a Italia antes de que los menores fueran explorado y entrevistados por Instituto de Medicina Legal, tal como afirman las quejas.

El caso de Rivas y la custodia de los hijos menores está desde el pasado mes de septiembre en el juzgado de Cagliari, Italia, al que Juana Rivas volvió a solicitar en el mes de diciembre que escuche el relato de sus hijos.