"España es el segundo país del mundo con más personas desaparecidas, solo después de Camboya". Es, seguramente, la frase más repetida en el marco del debate sobre la exhumación de fosas de la Guerra Civil y recuperación de memoria histórica en España, y que, de hecho, estuvo en boga, crítica y análisis hace unos meses, durante la última campaña de elecciones generales al Congreso.

En esta ocasión, quien la cita es Roger Heredia, una de las personas que más ha fomentado las labores de memoria histórica en Catalunya durante los últimos años, como cofundador del primer banco catalán de ADN de familiares de personas desaparecidas durante la guerra española: "Todavía busco a mi bisabuelo", explica.

Durante los últimos años, Catalunya ha dado sólidos pasos para recuperar la memoria de los ciudadanos que siguen enterrados y sin identificar: desde 2017, se han abierto 27 fosas y se han recuperado los restos de 304 personas, ocho de las cuales se han podido identificar.

Desde luego son cifras que quedan lejos de los totales que arrojan las cuentas oficiales, que indican que en el territorio catalán hay 517 fosas de la Guerra Civil documentadas, 241 de ellas confirmadas, con una estimación de 20.000 personas enterradas. La directora general de Memòria Democràtica, Gemma Domènech, admite que es una cifra "insuficiente", pero pone en valor que solo entre los años 2017 y 2019 se han excavado prácticamente el mismo número que entre los años 1999 y 2017.

"Había una desmemoria colectiva. Poco se hizo en Catalunya para recuperarla. Habíamos empezado la casa por el tejado: se había hecho una dignificación muy extendida, pero no se había abierto fosas ni identificado muertos", subraya Roger Heredia.

El orden de prioridades cambió en el período 2015-2017, con la llegada de Raül Romeva al Departament d’Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, apunta Heredia. El Govern de la Generalitat se implicó muy directamente y el resultado fue el Pla de Fosses 2017-2019, que ha establecido las políticas de investigación y apertura de fosas de los últimos tres años, y del que el Memorial Democràtic hace un balance "muy positivo".

"La Generalitat decidió que había que encontrar las fosas de la Batalla del Ebro, que son las más numerosas del Estado. Creían que encontraríamos 15 o 20, pero fueron muchas más", manifiesta el catedrático de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona Josep Sánchez, quien se encargó de dibujar y actualizar el mapa de fosas a partir del cual trabajó el plan gubernamental. "Mi padre estuvo en la Batalla del Ebro, y también dos de mis tíos. Mamé tanto las historias que es como si hubiera vivido la guerra. Desde pequeño fui a ver antiguas trincheras en el campo", recuerda el historiador, especialista tanto por su trayectoria académica como por su vasto conocimiento del ámbito.

Críticas a la Administración

Tanto Roger Heredia como Josep Sánchez, no obstante, se muestran a día de hoy críticos con las actuaciones del Govern, a pesar de la valoración institucional positiva. "Hubo mucha prisa por empezar a desenterrar los muertos de la batalla, y creía que se lo tomarían más en serio. Pero a día de hoy tengo la sensación de que no se sabe muy bien qué se busca o qué se pretende", afirma el catedrático tarraconense. "Las entidades nos enteramos de las aperturas de fosas por la prensa. Ni siquiera se está contando con las universidades. Y si la memoria histórica se ha mantenido viva es gracias a este tejido asociativo. Hay que ir a una: sociedad civil, entidades y universidades, bajo el paraguas del Govern", considera Heredia.

La apertura de fosas e identificación de desaparecidos es imprescindible en todo este proceso, pero hace falta otra importante pieza para cuadrar el puzzle de la memoria: los familiares. "Yo no entendía que no se cogieran muestras de los familiares, que no hubiera ninguna política en este sentido. Pensaba en mi abuela, que ya estaba mayor, y que, si muriera, se perdería la conexión de ADN más directa con mi bisabuelo desaparecido", recuerda Heredia, policía científico de los Mossos d’Esquadra de profesión.

Después de interpelar al Memorial Democràtic, fueron a visitar a las universidades catalanas para exponer la carencia, y la Universitat de Barcelona (UB) les propuso comenzar a recoger muestras de familiares para poder cotejarlas con los restos que pudieran exhumarse en el futuro.

Pruebas gratuitas

Aunque anteriormente se debatió la cuestión en el Parlament, no fue hasta 2015 que los miembros del banco de ADN comparecieron en el hemiciclo catalán para presentar oficialmente su iniciativa con la UB. El siguiente paso fue la aprobación del Programa de Identificación Genética (PIG) en 2016, cuando el Govern de la Generalitat absorbió las casi 200 muestras que la iniciativa había recogido desde 2012.

Las pruebas para recoger las muestras y su mantenimiento pasaron a ser gratuitas y estar custodiadas por la Administración. En la actualidad, dichas pruebas se llevan a cabo en el Hospital Vall d’Hebron, y ya se han recogido más de 2.000 muestras. Las pruebas están vinculadas al censo de personas desaparecidas, donde cualquiera con familiares desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo puede inscribirse, con la intención de conocer el paradero de sus parientes.

Hay cerca de 6.000 personas apuntadas. "Se hace un trabajo exhaustivo de investigación histórica para saber qué pasó y dónde pueden estar los restos de esas personas", afirma la directora del Memorial Democràtic. A través del censo, se anima y se convoca a las familias de los desaparecidos a realizarse las pruebas para conservar muestras e introducirlas en las bases de datos. El Programa de Identificación Genética consta tanto de los datos de los familiares del censo como de los restos que se encuentran al abrir una fosa. Si ya existían indicios de quién podría haber en una fosa, los datos se cotejan directamente con quienes pudieran ser su familia; si no coinciden, se realiza la comparación con el resto del banco. Si tampoco coinciden, se guardan a la espera de seguir recopilando nuevas muestras.