La Xunta de Galicia sabía desde hace meses que la Fundación Nacional Francisco Franco se había hecho con la gestión de las visitas al Pazo de Meirás. Así lo desveló ayer el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien reconoció que su Gobierno había rechazado una oferta de la Fundación Francisco Franco para firmar un convenio de colaboración que incluyera la cogestión de las visitas y acuerdos para costearlas y para sufragar determinados gastos de mantenimiento del Pazo.

Pese a que la Fundación tiene por objeto glosar la figura y el legado de Franco, la Xunta no movió un dedo para evitar que se hiciera con la organización del acceso público al Pazo cuando la familia Franco le encomendó esa gestión. Y aunque la Fundación acaba de anunciar que utilizará las visitas para explicar al público "la grandeza" del dictador y hacer apología de la dictadura, el Gobierno de Feijóo tampoco actuará de oficio contra ella. Sólo tomará medidas si recibe denuncias que de manera "probada" constaten que durante las visitas públicas a la residencia estival del tirano y sus herederos en el municipio coruñés de Sada. se hace proselitismo del fascismo mediante "cualquier acto, comentario o actitud" que viole la Ley de la Memoria Histórica.

Feijóo, quien compareció ante los medios tras la última reunión del Gobierno autonómico antes de las vacaciones, se erigió en defensor de esa norma utilizando mentiras y medias verdades. En primer lugar, se colgó la medalla de haber obligado a los Franco en el 2011 a abrir el Pazo al público y echó en cara al anterior Ejecutivo, una coalición del PSdeG y el BNG presidida por Emilio Pérez Touriño, de incumplir la legalidad por no haber forzado antes esa apertura. "La izquierda lo mantuvo cerrado facilitando a la familia no gastar ni un euro por abrirlo", llegó a decir.

La verdad está muy lejos de esa afirmación: los Franco recurrieron ante la justicia en el año 2008 el decreto del bipartito que declaraba el inmueble y sus contornos –más de seis hectáreas de jardines y bosques, muchas de ellas robadas a familias de la zona- como Bien de Interés Cultural (BIC), lo que implica su apertura al público durante al menos cuatro días al mes. Pero no fue hasta octubre del 2010 cuando el Tribunal Supremo rechazó el enésimo recurso de la familia contra esa decisión. Apenas tres meses antes, con Feijóo ya en el Gobierno, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia había rechazado otra petición de los Franco para que se suspendiera cautelarmente la declaración de BIC. El Pazo, que Franco obtuvo en 1938 mediante una falsa operación de compra que incluyó donaciones forzadas y expropiaciones mediante violencia y coacción, recibió las primeras visitas el 25 de marzo del 2011, es decir cuando Feijóo ya llevaba casi dos años de mandato.

La segunda mentira de Feijóo, camuflada también de media verdad, es que, en la versión del presidente gallego, la Xunta ya ha actuado y está actuando con mano dura con los Franco. "Nosotros sancionamos a la familia", explicó en rueda de prensa, para luego rectificar y decir que hay "una sanción en trámite". En realidad, lo que hay son varios expedientes sancionadores abiertos por la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta a instancias del Ayuntamiento de Sada, que desde el 2011 lleva denunciando los reiterados incumplimientos en el régimen de visitas al Pazo. Hasta la fecha, ninguno de ellos ha sido resuelto con sanción económica alguna para los Franco.

El penúltimo de esos incumplimientos ocurrió hace escasos meses, cuando el teléfono y el email de reservas para las visitas dejaron de ser atendidos y fueron retirados de la web de Turgalicia, la institución autonómica encargada de promover el turismo en la comunidad. Al poco tiempo, apareció un número de móvil vinculado a la Fundación Nacional Francisco Franco.

El último incumplimiento se está produciendo ahora mismo, ya que la Fundación ha advertido de que cerrará "por vacaciones" las reservas para acceder al Pazo. Nadie que quiera visitar el castillo que construyó la escritora gallega Emilia Pardo Bazán, y que Franco robó para legarlo luego a sus descendientes, podrá hacerlo si no ha reservado plaza antes del 31 de julio.

Reclamaciones al Gobierno para que intervengan

La Comisión por la Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de Coruña reclamó ayer al Gobierno de Rajoy que intervenga "para frenar la continua e impune apología del franquismo" de la Fundación Franco y que ponga en marcha los trámites necesarios para su ilegalización. "Sugerimos, a quien corresponda, la Fiscalía o los jueces, que corrijan esta anormalidad y revisen las actividades de esta Fundación y que presten atención a sus declaraciones, que nos parecen muy próximas a lo tipificado como delito de odio", afirmó Fernando Souto, presidente de la asociación.

Por su parte, la eurodiputada gallega Ana Miranda, del BNG, anunció que llevará al Parlamento Europeo una propuesta para que la Eurocámara inste al Estado español a decretar la ilegalización de la Fundación Franco.