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El Gobierno de Canarias ofrece una vivienda temporal a la familia de la abuela de Fuerteventura encarcelada

Josefa Hernández, pendiente de un indulto, ingresó en prisión por construir una casa en un espacio protegido y no acatar la sentencia de derribo al carecer de un lugar donde alojarse

Josefa Hernández (en la foto, antes de ingresar en prisión) tenía dos hijos y tres nietos a su cargo. / EFE

EFE

PUERTO DEL ROSARIO.- El Gobierno canario ofrecerá una casa en Puerto del Rosario de manera temporal a la familia de Josefa Hernández, hasta que se busque una solución que se intentará que sea en su localidad, Betancuria, ha anunciado su viceconsejera de Políticas Sociales y Vivienda, Isabel Mena (PSOE).

Mena tenía previsto reunirse con el presidente del Cabildo majorero, Marcial Morales (CC), para seguir trabajando en el protocolo antidesahucios, pero el asunto de Josefa Hernández, en prisión por haber construido en un espacio protegido y no haber acatado la sentencia de derribo por carecer de un lugar donde alojarse, ha centrado la reunión entre ambas instituciones.

La viceconsejera ha viajado hoy hasta Fuerteventura con una propuesta "concreta e inmediata": la de ofrecer a la familia de Hernández una casa propiedad de la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias (Visocan) que cuenta con tres dormitorios. Asimismo, ha insistido en que la cesión de este piso "no conllevará que se vean perjudicadas las personas que están en la lista de demandantes de vivienda social".

Mena ha explicado que se trata de una "solución lo más ágil posible" y que garantizará que, en ningún caso, la familia de Hernández "quede en situación de desamparo", a la vez que ha recordado que ese ha sido "el compromiso de las instituciones canarias desde el primer minuto". Si finalmente los hijos de Josefa aceptan la propuesta, la mudanza sería cuestión de días, porque "es solo conectar el agua y la luz", ha aclarado la viceconsejera.

En un futuro se espera que la familia pueda volver a vivir en la vivienda que Josefa Hernández heredó de sus antepasados en la zona de Campo Viejo, en Betancuria, y cuya ampliación fue motivo de una sentencia de 2012 del Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario. En ella, se ordenaba su demolición, pagar 720 euros (ya abonados) y cumplir una condena de seis meses de prisión.

El alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, ha explicado a los periodistas que hay que trabajar "deprisa" en el proyecto de demolición y que este debe contemplar reforzar el resto de la vivienda, no afectada por la sentencia, y que "en un futuro podría ser, si reúne las condiciones de habitabilidad, la vivienda definitiva", pero eso "tendrán que certificarlo los técnicos".

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