MADRID.- El Gobierno del Partido Popular se desentiende de cualquier actuación que tenga que ver con el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró nulo el ERE de Coca-Cola, decisión confirmada el pasado mes de mayo por el Tribunal Supremo, según ha podido confirmar la formación de Izquierda Unida en una nota de prensa.

El Ejecutivo se escuda en que "el Gobierno no fue parte implicada" y en que "se trata de un procedimiento judicial". Así ha respondido a la propuesta del diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón, -durante su intervención parlamentaria el pasado 9 de julio- en la que planteaba la posibilidad de que el Gobierno actuase para "facilitar una resolución favorable a los trabajadores y coherente con la sentencia judicial". 

Asimismo, el Gobierno ha aconsejado a los afectados por esta situación que tomen las vías legales correspondientes para "tratar de solventar sus problemas".  En la misma respuesta del Ejecutivo se indica que "en caso de incumplimiento o irregularidad al respecto, instarse la ejecución de la sentencia, que en el ámbito laboral encuentra su regulación específica en los artículos 237 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social". 

En el escueto escrito -compuesto por dos párrafos- el Gobierno subraya que se mantiene al margen. "Habiendo recurrido los trabajadores en vía jurisdiccional el despido colectivo realizado por la empresa, la resolución de los conflictos que puedan derivarse del mismo han de circunscribirse a dicho ámbito judicial, al ser una cuestión entre partes". 

Garzón no sólo planteó la actuación del Gobierno para facilitar una resolución de la sentencia, también propuso que el Ejecutivo tomase medidas contra la transnacional Coca-Cola o que denunciase directamente a la dirección de la empresa. "¿No cree el Gobierno que es intolerable que una transnacional pueda incumplir de forma tan flagrante una sentencia judicial y, por tanto, las leyes democráticas de nuestro país, sin que ocurra nada?", preguntaba el diputado de IU.

Además, Garzón recordó al Gobierno durante su intervención en el Parlamento el hecho de que la empresa accedió a abrir un almacén en Fuenlabrada pero no tenía intención de reabrir la fábrica. "De ese modo se está incumpliendo de forma clara la sentencia judicial, que expresaba que los trabajadores debían reincorporarse en las mismas condiciones que se tenían con anterioridad al cierre".