Los grandes damnificados del sector educativo en verano: monitores, auxiliares y academias

Unas 100.000 personas del sector educativo pierden su empleo cada verano en España, la gran mayoría monitores de ocio, personal auxiliar y profesores de academias con contratos fijos discontinuos, una figura contractual vetada por ley para los docentes de la enseñanza reglada, aunque persisten "algunas irregularidades".

Igual que en años anteriores y dentro del régimen general, la creación mensual de empleo en junio ha sido generalizada, pero destaca negativamente la pérdida de puestos de trabajo en educación –unos 51.645–, algo que se repetirá en julio y agosto.

Estas bajas buscan ahorrarse las nóminas en el periodo estival y "en algunos casos está justificado; por ejemplo en el ocio educativo o cuando llegan los campamentos urbanos y colonias de verano y ahí sí tienen sentido los contratos fijos discontinuos", explica el secretario de Privada y Servicios Socioeducativos de la Federación de Enseñanza de CCOO, Pedro Ocaña.

En la mayor parte, añade, "no hablamos de profesores sino sobre todo de empresas auxiliares, personas que tienen un contrato fijo discontinuo en consonancia con el curso escolar, monitores y monitoras que comienzan a trabajar mediados de septiembre o principios de octubre".

También se ven afectadas las academias, donde sí entran los profesores, por ejemplo los que imparten clases de inglés, pero en el colectivo de docentes el fijo discontinuo es un contrato "ilegal tras una sentencia de la Audiencia Nacional y se recoge en los convenios colectivos".

En la escuela concertada, donde son las administraciones las que pagan las nóminas el fijo discontinuo no existe, pero en los centros "totalmente privados se siguen produciendo irregularidades y hay quien y manda a parte de sus profesores fuera durante el verano".

En estos casos, los afectados no suelen denunciarlo ante los tribunales ya que pretenden seguir con su relación contractual durante el siguiente curso académico. Pese a los avances en los últimos años, Ocaña considera que Inspección de Trabajo podría hacer una campaña específica durante el periodo estival para detectar irregularidades.

Héctor Adsuar, secretario de enseñanza pública no universitaria de CCOO, explica que los interinos que ocupan una vacante durante todo el curso "en general y en todas partes tienen asegurada la prórroga de contrato y no causan baja, el problema lo tienen los que no tienen el curso completo, por ejemplo alguien que se ha incorporado a mitad de curso para cubrir una jubilación".

En la actualidad, añade, casi todas las comunidades autónomas mantienen los contratos si se cumplen cinco meses y medio de duración.

El presidente de CSIF Educación, Mario Gutiérrez, recuerda que en 1990 –cuando aún no estaban transferidas las competencias de educación a las comunidades autónomas–, los sindicatos firmaron un acuerdo con el Ministerio de Educación para evitar abusos en este terreno, pero "en 2012 llegó la época de los recortes y las comunidades lo tiraron abajo".

Unido a ello, recalca, "no se convocaban oposiciones porque se puso una tasa de reposición obviando que, con independencia de haber oposiciones, el servicio de educación tenía que seguir dándose, y empezó a subir y subir la interinidad" en el sector.

A partir del 2018, algunas comunidades empezaron "a relajar y firmar acuerdos donde a los interinos que trabajaban a tiempo completo se les prorroga automáticamente hasta el 31 de agosto, pero nunca hemos vuelto a los niveles anteriores de cinco meses y medio de prórroga de contrato hasta agosto".

Lamenta, asimismo, que "a algunos", con independencia de su color político, "se les olvida que en muchas casos en educación seguimos con las premisas del 2012 y no hemos recuperado nuestros derechos del periodo anterior (ratios, horas lectivos, condiciones laborales...)".

Concluye que, en su opinión, las administraciones no se han dado cuenta de que la elevada tasa de interinidad –en educación supera el 20%– tiene que situarse en el 8% a finales de este año: "nos obliga Europa y, si no, habrá sanciones. Es un cambio de paradigma que las administraciones siguen sin entender y siguen actuando de la misma manera".