La ONG Greenpeace está dispuesta a llevar el caso Algarrobico a la justicia europea, una vez que el Tribunal Supremo ha desestimado su demanda de derribo inmediato del hotel, según ha afirmado a Público el abogado José Ignacio Domínguez.

La estrategia es ahora pedir la nulidad del fallo, luego acudir al Tribunal Constitucional, trámites ambos necesarios para poder acudir a Europa, según afirma Domínguez. "Tenemos muchas posibilidades de ganar en Estrasburgo: la sentencia del Supremo nos atribuye hechos que no hemos pedido", asegura.

Greenpeace considera que el Supremo ha cometido dos errores relevantes y, por ello, ha pedido una aclaración de sentencia al Alto Tribunal. Estos son, detalla Domínguez, por un lado, la consideración que hace el Supremo de que el sector donde está el hotel, cuyas obras fueron paralizadas en el año 2016, "sigue figurando como urbanizable en el planeamiento urbanístico de Carboneras, lo que a juicio de esta parte es un error material puesto que dicho sector fue anulado por sentencia firme".

Así, el 19 de abril de 2018 en sentencia firme del Supremo, el juez Octavio Juan Herrero Pina "obligó al Ayuntamiento de Carboneras a modificar el PGOU y clasificar El Algarrobico como no urbanizable", indicó Domínguez a Público. "Este mismo magistrado dice ahora en la sentencia del 19 de diciembre de 2022, que los terrenos son urbanizables porque el Ayuntamiento de Carboneras no ha modificado el PGOU. En vez de denunciar al Alcalde por desobediencia, supedita el efecto de la sentencia de 2018 a que el Alcalde se digne cumplirla", agrega Greenpeace.

Por otro lado, Domínguez considera que la sentencia parte de la base errónea de que Greenpeace ha solicitado la nulidad de la licencia de obras que concedió en su momento el Ayuntamiento de Carboneras. Se "solicitó únicamente la revisión de oficio" de la licencia, afirma Domínguez.

Esto, que a primera vista puede parecer una abstrusa consideración jurídica, es, sin embargo, importante, porque "considerar que [Greenpeace] ha solicitado la nulidad de la licencia ha impedido a la sentencia entrar a analizar la demolición del inmueble" sin necesidad de anular la licencia, entiende el abogado.

La sentencia del Supremo, más allá de las consideraciones de Domínguez, deja en manos del Ayuntamiento de Carboneras la revisión de oficio de aquella licencia, que permitió a la promotora iniciar las obras del hotel en el año 2003.

Aplicación de las sentencias

"Estamos en un bucle, el Ayuntamiento tiene que anular, pero no anula", afirma Domínguez, que al mismo tiempo que prepara los recursos y el camino para que el caso salte a Europa, presiona a los jueces para que apliquen sus propias sentencias.

"Es rarísimo [lo que está pasando]. Yo no he visto cosa igual. Yo sé los hechos: no nos hacen ni caso. La justicia no hace nada para que se cumplan sus sentencias. Es un desprestigio absoluto para la justicia. La única disposición que ha tenido efecto es el auto de 2006 del juez Jesús Rivera que paró las obras", afirma el abogado.

Hace unas semanas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, afirmó: "El Ayuntamiento dio una licencia y por tanto había un título jurídico. Es cierto que después, esos terrenos no son urbanizables. Pero lo que hay que hacer es revisar esa licencia y lo que ha dicho el Supremo es que se ha tardado mucho tiempo" debido a las diferentes sentencias, instancias y "recursos sobre recursos". Lo que toca ahora, añadió Del Río, es "destruir ese título, esa licencia" para que a continuación lleguen "las concesiones o las demoliciones que haya que hacer".