Cuando faltan horas, a tenor de lo anunciado por las distintas fuerzas políticas representadas en la subcomisión del Congreso que está negociando un Pacto de Estado contra la violencia machista, para alcanzar un documento de consenso, representantes de las distintas formaciones han exigido al PP que no haga un uso partidista de ese pacto. Lo manifestaron a la entrada de lo que se espera que sea el último día de negociaciones que debería acabar con un documento de consenso.

Al contrario de lo difundido ampliamente a los medios de comunicación a finales de la semana pasada, el pacto aún no está cerrado y quedan varios “flecos” de forma, pero principalmente de fondo, para que todos los grupos cierren el documento final.

La portavoz de Igualdad del grupo Socialista en el Congreso, Ángeles Álvarez, instó al PP a no hacer un uso “espurio e interesado" del acuerdo de Estado para luchar contra la violencia de género y mostró su malestar por las declaraciones del portavoz del Gobierno tras el último Consejo de Ministros, en el que Méndez de Vigo anunció el cierre del Pacto. “El Pacto aún no está cerrado, sino que quedan flecos importantes, entre otros, los relacionados con las cuestiones económicas”.

"Me gustaría manifestar que ha habido algunos que han hecho mayores esfuerzos y entre los que han hecho mayores esfuerzos no está precisamente el PP", ha indicado Álvarez. La diputada socialista ha dicho que este lunes debería ser la última reunión de la subcomisión y ha asegurado que su partido no se moverá de la mesa hasta que se consiga cerrar este acuerdo.

Por su parte, Ángela Rodríguez, portavoz adjunta de la comisión de Igualdad de Unidos Podemos, afirmó que su grupo negociará “hasta el final” un Pacto de Estado contra la violencia machista con un enfoque feminista, que recoja las distintas formas de violencia contra la mujer y con recursos suficientes y garantizados.

"Siempre hemos dicho que no es posible hacer feminismo si no tenemos recursos que garanticen estas políticas, y desde luego este es uno de los ejes centrales que hoy tenemos que discutir aún", afirmó Rodríguez.

La parlamentaria del grupo confederal de Unidos Podemos advirtió de que si el pacto no incluye esos dos acuerdos clave, su grupo no lo considerará "de Estado", pero ha asegurado que, por su parte, "no va a quedar" para que el acuerdo salga adelante por considerar que "es un momento fundamental".

Sobe el compromiso económico puesto encima de la mesa, Rodríguez afirmó que es importante pero que tiene que ser contrastado con las medidas que finalmente se aprueben este lunes en la subcomisión para saber si son realistas. “El pacto aún no está cerrado, por lo que los acuerdos no son aún definitivos”, concluyó.

También Ciudadanos, por boca de su portavoz de Igualdad, Patricia Reyes, ha querido manifestar esta mañana su descontento con las manifestaciones del Gobierno sobre este pacto. Ha acusado al Gobierno de "utilizar de manera partidista" el pacto de Estado contra la violencia machista y que haya dado por concluido un acuerdo cuando aún "quedan unos cuantos flecos por cerrar".

Según explicó Reyes, la subcomisión va a "tener que estar trabajando todo el día" porque hay propuestas avaladas por todos los grupos, pero en otras no están "del todo de acuerdo". En su opinión, los 1.000 millones que el Gobierno se comprometió a aportar para materializar las propuestas "son importantes, pero las medidas que están detrás también lo son".

Marta Sorlí, diputada de Compromís, aseguró que no cree que haya habido intención de ningún partido de "patrimonializar" el pacto, aunque ha admitido que en los últimos días ha visto "una serie de declaraciones y filtraciones totalmente inadecuadas" y "un intento de cerrar la negociación antes de que esté totalmente cerrada, cuando hoy estamos aquí para eso".

Para Sorlí, este pacto es "importantísimo" y "no sólo tiene que ser una lista de medidas para mejorar la situación de las mujeres, sino que debe ir más allá y garantizar una atención integral a todas las víctimas de todos los tipos de violencia".

Sorlí manifestó que la correcta financiación de a las comunidades autónomas en el marco de este pacto es fundamental, puesto que serán ellas y los ayuntamientos los que carguen con el mayor peso de las medidas de prevención y protección de las víctimas.