A pesar de las protestas multitudinarias del sector de Infantil de 0 a 3 años, de la recogida de 67.000 firmas en contra del nuevo modelo de financiación de guarderías y del paro patronal convocado para esta misma semana, el Gobierno de Susana Díaz ha logrado que el 98% de las escuelas infantiles ya conveniadas en Andalucía, que rechazaban el decreto, se adhiera al nuevo convenio por miedo a perder las subvenciones.

La norma que regula el acceso a las guarderías y su financiación será debatida este miércoles en el Parlamento andaluz, coincidiendo con el primero de los dos días de huelga convocado por el sindicato CCOO, y al que están llamados unos 15.000 trabajadores de guarderías. El texto ha sido muy contestado por las patronales y cuestionado por la oposición, porque la Junta lo sacó adelante por la vía del decreto ley, sin negociar con el sector y sin necesidad de convalidación previa del Parlamento.

El debate plenario de este miércoles no supone un riesgo para el Ejecutivo de Díaz, porque la norma ya está aprobada y en vigor y, sobre todo, porque cuenta con el apoyo de sus socios (Ciudadanos) para evitar que el resto de grupos de la oposición la tumben. Pero además, la Junta puede legitimar su ley con datos, puesto nueve de cada diez guarderías conveniadas han aceptado las nuevas condiciones y firmado para seguir bajo la tutela de la Consejería de Educación, a pesar de haber rechazado de plano el nuevo modelo de financiación.

De las 1.439 escuelas concertadas, sólo 11 han renunciado a los fondos públicos. La explicación es sencilla: si no lo hacían, perdían las subvenciones, por tanto han preferido firmar y seguir bajo el paraguas del convenio público, sin que por ello renuncien a seguir luchando para que se retire el decreto ley.

La precipitada entrada en vigor de la norma -48 horas después de su aprobación en Consejo de Gobierno- ha cumplido a medias con las expectativas de la Junta. De las 642 guarderías privadas que preveían captar para el sistema público -con bonificaciones a las familias y precios públicos- sólo se han adherido 302 de titularidad municipal y privada. En total serán 1.902 centros de Infantil los que ofertarán el próximo curso 112.796 plazas para niños de 0 a 3 años, más de 14.500 que el curso anterior.

Las patronales del sector de Infantil aseguran que no les ha quedado más remedio que inscribirse, porque el plazo para hacerlo expiraba siete días después de aprobarse el decreto ley de forma unilateral, y cuando el periodo de matriculación de las guarderías estaba ya abierto. Aun así, las trabajadoras de más de 200 escuelas de Málaga harán un paro patronal en protesta que durará dos días (miércoles y jueves).

Toda la agitación vivida por el sector de Infantil de Andalucía en las últimas tres semanas, desde que la Junta aprobó por la vía de urgencia y sin negociar un decreto ley que liberaliza el precio de las guarderías, se ha diluido en cuanto ha llegado el momento para las empresas de decidir si claudicaban y se adherían al nuevo convenio (para así mantener las subvenciones públicas) o si, en coherencia con sus protestas, abandonaban la red semipública y se convertían en guarderías 100% privadas.

El Ejecutivo de Díaz asegura que la nueva norma aumenta las plazas y las familias bonificadas, estima que el 50% de los 112.000 niños que entrarán en una guardería el próximo curso no pagarán nada (serán bonificados al 100%), y que el 93% de las familias que opten a una plaza recibirá algún tipo de ayuda.

Hasta ahora, la Junta bonificaba a las familias con menos recursos (en función de su renta per capita anual y de la edad del niño para casos de empate) para que pudieran costear un puesto en una escuela infantil. Las bonificaciones eran del 25%, del 50%, del 75% y del 100%, según el nivel de renta de los solicitantes (la gratuidad total de la plaza supone un ahorro máximo de 3.067,68 euros al año). El nuevo decreto amplía a nueve los tramos, del 100%, 80%, 70%, 60%, así sucesivamente hasta el 10%.

De la Calle asegura que así más familias accederán a más bonificaciones, aunque admite que muchas percibirán una menor cuantía. Sin embargo, esto ocurrirá a partir de rentas más altas, nunca afectará a familias con pocos ingresos que ya están siendo bonificadas al 100%, por ejemplo

Precio tope de la plaza: 209 euros

Todo ha sido muy rápido. El decreto ley se aprobó en el Consejo de Gobierno el pasado 28 de marzo y entró en vigor, sin necesidad de que fuera debatido y convalidado por el Parlamento andaluz, 48 horas después. Ese mismo día, 30 de marzo, se abrió el plazo para que todas las guarderías de Andalucía se adhirieran al nuevo convenio de la Junta, que fijaba un tope máximo en el precio de la plaza de 278,88 euros (con comedor) y permitía abaratarla un 15%, hasta un mínimo de 247,51 euros. El plazo expiraba el 7 de abril, una semana después.

El objetivo del Gobierno de Susana Díaz era sumar las 642 guarderías privadas de Andalucía a la red de escuelas ya conveniadas (1.602), y que estás a su vez aceptasen seguir bajo tutela de la Junta, con las nuevas condiciones de precios y bonificaciones para las familias. De ese modo, el Ejecutivo andaluz podría anunciar un aumento de 12.000 nuevas plazas subvencionadas para el próximo curso, pasando de las 98.000 actuales a unas 110.000. Una cifra prometida por la Junta, pero que resultaba imposible de alcanzar con el modelo anterior, y menos aún esperando a que municipios con las arcas vacías y pymes sin mucho peso económico abriesen nuevos centros de Infantil.

Según datos de la Consejería de Educación, un total de 1.730 guarderías se han inscrito en el nuevo modelo (a estos hay que sumar otras 171 escuelas infantiles de titularidad de la Junta). En total serán 1.902 centros los que ofertarán el próximo curso 112.796 plazas para niños de 0 a 3 años, más de 14.500 que el curso anterior. Del total de escuelas adheridas, 302 de titularidad municipal o privada ofertarán plazas por primera vez a través del sistema público, el 47% de esos 640 centros que hasta ahora no bonificaban sus precios. De todos ellos, sólo el 7% ha aceptado abaratar el precio de la plaza por debajo del máximo legal establecido (209,16 euros para el servicio socieducativo, sin contar los 68,72 euros del comedor que permanece invariable), el resto mantiene el tope.

Una ley dos veces corregida

A pesar del rechazo frontal del sector y de que varias patronales que representan a más de 450 guarderías conveniadas se manifestaron abiertamente en contra del mismo, sólo 11 escuelas de las 1.439 que hasta ahora ofertaban plazas subvencionadas han optado por salirse del sistema público y volver a ser privadas 100%. Desde las patronales advierten de que no les ha quedado más remedio que claudicar ahora para no perder las ayudas, porque sin ellas muchas guarderías estarían abocadas al cierre. Pero insisten en que seguirán confrontando el nuevo decreto, y esperan que los grupos de la oposición obliguen al Gobierno de Díaz a modificarlo en el Parlamento.

La Junta ha abordado un cambio en el sistema de acceso a la educación Infantil de 0 a 3 años, que no es universal ni obligatoria ni gratuita, pero sí es un claro compromiso político y electoral muy publicitado. Andalucía es la comunidad que más plazas oferta en esta etapa, pero la oferta sólo cubre el 40% de la población escolar de 0 a 3 años (260.000 niños aproximadamente).

El nuevo decreto ley también vino a sustituir el sistema de financiación de las guarderías, porque justo este año expiraba el convenio que tienen suscrito con la Administración, y que tiene un periodo de vigencia de cuatro años. Fruto de la precipitación para aprobar esa norma, la Consejería de Educación cometió algunos errores, por ejemplo, el plazo de las familias para solicitar las ayudas, que dejaba fuera a aquellos que se matriculasen con el curso empezado (niños que no tuvieran 16 semanas de vida en septiembre y que se esclarecen en semanas posteriores podrán acceder a una convocatoria extraordinaria de becas en el inicio del curso).

Esta corrección, sin embargo, dejó fuera otros supuestos, y Ciudadanos amagó con vetar la norma si no se volvía a corregir. Dos semanas después de su entrada en vigor, en plena Semana Santa, la Consejería de Educación volvió a modificar el decreto con una resolución de rectificaciones publicada de forma extraordinaria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Dicha resolución contempla una nueva convocatoria con un plazo extraordinario de solicitudes de ayudas no sólo para aquellos casos en los que el niño no hubiese alcanzado las 16 semanas de vida a 1 de septiembre, sino también para otros supuestos que, como éste, supongan la imposibilidad de participar en la ordinaria, como puede ser el caso de los traslados por motivos de trabajo de una familia, obligada a cambiar de guardería a mitad de curso.

El PSOE andaluz se ha garantizado el voto de Ciudadanos en el pleno de este miércoles a cambio de prometer a sus socios que en las cuentas de 2018 y 2019 “se incrementará un 3% por encima de la media” la partida específica educación Infantil de 0 a 3 años (el gasto este año asciende a 175,4 millones de euros). Además, el portavoz de C’s en el Parlamento andaluz, Juan Marín, asegura que el próximo Consejo de Gobierno volverá a corregir otro aspecto de la norma: “un error de salto en la escala de bonificaciones a las familias”, en el tramo de 36.000 a 40.000 euros de ingresos máximos para percibir la ayuda, porque entienden que “no es progresivo” y hace que muchos hogares perciban una bonificación inferior a la que en realidad les corresponde.