La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal de trata y explotación laboral de ciudadanos de Europa del Este, y ha liberado a 61 víctimas, que trabajaban como temporeros en campañas de recolección de cítricos en las provincias de Castellón, Valencia y Lleida.

Los cabecillas de dicho entramado criminal, habrían captado y trasladado a España a más mil personas, de cuyo trabajo se habrían lucrado ilícitamente y a las que explotaban en unas condiciones inhumanas.

En la denominada operación "Bravos" han sido detenidas cinco personas, a las que se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal y de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Cuatro de ellos han ingresado en prisión, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Las dos personas con más peso en esta organización delictiva son un matrimonio, M.M y S.M, de 49 y 45 años respectivamente, afincados en la provincia de Castellón y con antecedentes policiales por hechos similares.

En la última fase de esta operación, los agentes han liberado a 21 víctimas, aunque en los últimos meses se ha tomado declaración a 61 personas que, en la mayoría de casos, han regresado a sus países de origen, y sus manifestaciones han sido fundamentales para corroborar los hechos.

Las víctimas eran captadas en Rumanía y Bulgaria, aprovechando alguna situación de vulnerabilidad económica o personal, y les ofrecían un contrato de trabajo en España con remuneraciones en metálico, una vivienda digna y gratuita durante toda la duración del contrato laboral, han relatado las fuentes a la Agencia EFE. La mayoría, ante la escasez de ingresos para comprar productos de primera necesidad como medicamentos o comida, aceptaba la oferta y en muchos casos, se pagaban ellos mismos el traslado en autobús o incluso por vía aérea.

Al llegar a España, y una vez distribuidos en distintas casas, los recibía el matrimonio, quienes les informaban de que tenían que solicitar documentos como el NIE para poder trabajar legalmente y por lo que les cobraban 20 euros, pero nunca se los llegaban a entregar.

Además, les decían que no podían salir bajo ningún concepto de las casas, salvo para trabajar, y que tendrían que ir siempre acompañados por personas de red delictiva investigada, que les aleccionaban sobre qué decir ante posibles inspecciones, y les cobraban por el traslado y por el alquiler, algo supuestamente sin coste.

La jornada laboral era en realidad de 7.30 a 18.30 horas, de lunes a domingo, con un descanso de 15 minutos para comer y descansaban solo ante inclemencias meteorológicas adversas. Les dijeron que les pagarían en metálico pero les obligaron a abrir cuentas corrientes para cobrar por transferencia y el matrimonio se apropió de sus libretas y retiraba dinero de sus nóminas.

La mayoría lo remitían a su país de origen para blanquearlo y a las víctimas les pagaban en metálico cantidades irrisorias y les descontaban sus supuestas deudas e incluso utilizaban la violencia si protestaban.

A estas irregularidades se suma que las víctimas dormían y hacían vida en condiciones de hacinamiento y sin ningún tipo de privacidad, ya que compartían habitaciones, en algunos casos hasta 25 personas en tres habitaciones y una cocina común en una de las casas.