Javier Serrano, padre de Míkel, sufre esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Y Míkel, aunque con evidente dolor, respeta la decisión de su padre. "Es la vida de una persona y me parecería egoísta poner una decisión mía por encima de la suya, de su sufrimiento diario", ha declarado en el programa de La Sexta 'La Roca'.

Sentado junto a su padre enfermo, asegura no ha intentado convencerle de lo contrario, ni por él ni por sus nietos. "Sólo él sabe ciertamente lo que está sufriendo", afirma, y añade: "Nosotros le vemos a diario, vemos la evolución… pero no estamos en su piel para saber cómo es ese dolor, o la frustración de no poder moverse".

"Es imposible que yo le pueda pedir que se quede aquí sufriendo para pasar cinco minutos más conmigo", finaliza.

Javier había denunciado públicamente hace más de un mes que la Comunidad de Madrid está retrasando su decisión, amparada por ley, con la excusa de que el Gobierno madrileño no había formalizado aún la comisión de garantía y evaluación, el órgano encargado de supervisar y autorizar la eutanasia en Madrid.

Mientras tanto, Javier, de 58 años, sufre desde hace un año la enfermedad, está en una silla de ruedas, casi no puede mover las manos y apenas puede dormir por el dolor. Javier acusa a la Comunidad de Madrid de "alargar" su sufrimiento. Quiere morir dignamente pero no le dejan.

Según la ley vigente, el primer requisito para solicitar la muerte asistida es ser mayor de edad y sufrir "una enfermedad grave e incurable" o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" que afecte a la autonomía y que genere un "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable".

La prestación de ayuda para morir estará incluida en la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública. En este sentido, "los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación de ayuda para morir en los supuestos y con los requisitos establecidos en esta ley".

Desde el pasado verano, la asociación Derecho a Morir Dignamente viene alertando de los problemas y la lentitud de muchas comunidades autónomas para implementar este derecho; mientras, desde los hospitales católicos o con gestión dependiente de entidades religiosas insisten en acogerse a la objeción de conciencia para no practicar la muerte voluntaria asistida.