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La nueva ley del aborto recuperará la interrupción del embarazo a partir de los 16 años sin consentimiento parental

La norma ampliará derechos y devolverá la capacidad para abortar a las menores de 16 y 17 años sin consentimiento parental, una posibilidad que prohibió el Partido Popular con Gallardón como ministro de Justicia.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 17 de marzo de 2022, en Madrid.
Irene Montero planea llevar la ley del aborto esta próximo martes al consejo de ministros  Eduardo Parra / Europa Press

La amplia reforma de la ley del aborto que el Ministerio de Igualdad inició en septiembre de 2021 con una consulta pública, está a punto de iniciar su trámite para convertirse en ley. El Ministerio de Igualdad planea llevar el texto al Consejo de Ministros del próximo martes. El texto, que lleva meses negociándose con diversos actores sociales y expertos, ampliará derechos no reconocidos hasta el momento en la norma y derogará la prohibición a que las menores de 16 y 17 años puedan realizar la interrupción del embarazo sin autorización parental, una medida introducida durante el Gobierno del Partido Popular por el entonces ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón.

Pero el borrador de la norma contiene, además, muchas novedades con respecto a la que se encuentra en vigor. Tal como anunció el Ministerio de Igualdad a lo largo de los últimos meses y que ha adelantado la Cadena Ser este 
miércoles, la norma propone un cambio de modelo para garantizar que la interrupción voluntaria del embarazo se realice prioritariamente en centros públicos y que el uso de centros privados y concertados sea excepcional. En la actualidad más del 84% de los abortos se realizan en clínicas concertadas debido a que muchos de los médicos se declaran objetores de conciencia y no hay personal disponible para esta práctica.

Para evitar esta circunstancia, la nueva norma tiene previsto regular la objeción de conciencia, creando un registro de médicos objetores en cada comunidad autónoma (quienes tienen las competencias en sanidad) y así poder planificar plantillas que aseguren la interrupción del embarazo en centros públicos y hospitales. En 2020, últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Sanidad, cinco comunidades autónomas no habían realizado ningún aborto en centros públicos y el número en las restantes es anecdótico. 

Tal como ha afirmado la directora del Instituto de la Mujer, Toni Morillas, en una reciente entrevista con Público, la nueva norma eliminará todas las trabas y "tutela patriarcal" hacia las mujeres. En este sentido se eliminarán los tres días obligatorios de reflexión que existen en la actualidad y la obligación de recoger un sobre previo con información antes de interrumpir el embarazo. Algunas Comunidades Autónomas, como la de Madrid, incluyen en el sobre información de ayudas para mujeres embarazadas, pero no información concreta sobre el proceso. La norma garantizará el derecho a la información, una de las trabas que desde hace años denuncian las organizaciones de defensa de la salud sexual y reproductiva en nuestro país. 

Blindar la ley de la inconstitucionalidad

El texto contiene también una disposición que supondría la derogación de la actual ley del aborto de 2010 cuando se apruebe el nuevo texto. La ley vigente fue recurrida hace doce años por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional, un recurso que aún está por resolverse. Con esta medida, el Gobierno quiere asegurar que desactiva dicho recurso dejándolo sin valor. 

Los vientres de alquiler, un tipo de violencia

El anteproyecto considera como violencia hacia la mujer los vientres de alquiler, es decir, contratar a mujeres para gestar un bebé, una práctica prohibida en España pero que muchas parejas realizan en el extranjero (principalmente el Estados Unidos y en países de la Europa del este como Ucrania). Además incluye la prohibición de la publicidad de las empresas intermediarias en España, una medida contenida ya en el acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE, que la consideran como una "mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas" y que ha sido anunciada desde el inicio de la legislatura por la ministra Irene Montero.

Pero Igualdad ha ido un paso más allá en ​la persecución de esta práctica que con esta norma se consideraría delictiva y ha incluido en la norma la posibilidad de que los tribunales persigan a las parejas que recurran a esta práctica en el extranjero

Derecho a la salud menstrual

La nueva norma incluye un amplio capítulo sobre el derecho a la salud menstrual, como una baja laboral por tener la regla, que será de tres días y el hecho de que los centros educativos deban garantizar productos higiénicos para la menstruación, como forma de combatir lo que se conoce como "pobreza menstrual". Contempla, también, el acceso a los productos higiénicos de forma gratuita a mujeres en situaciones de exclusión y eliminará el IVA para estos productos. Un impuesto que en la actualidad es del 10%. La norma contempla también una baja laboral tras la interrupción voluntaria del embarazo.​

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