BARCELONA.- “¿Qué miedo puedes tener después de haberte enfrentado a la valla de Melilla?”, se pregunta el periodista Abuy Nfubea, presidente del Movimiento Panafricanista de España. Y, sin embargo, muy pocos inmigrantes están presentes como protagonistas de los espacios de decisión: en el Parlamento, en los Gobiernos autonómicos o en los debates en televisión. “Los inmigrantes se ven más bien como objeto de estudio o de trabajo humanitario que como un sujeto político con derechos y responsabilidades”, opina el escritor albanés Bashkim Shehu, residente desde hace 18 años en Barcelona.

La diversidad de la calle no se refleja en las instituciones. ¿Miedo a la toma de decisiones? ¿Desinterés por el espacio político?¿O son vallas invisibles las que frenan su acceso a la participación política?

Karim es de Nador, Marruecos. “La pequeña España, como la llamamos”, dice. Lleva ocho años en España y regenta un restaurante de comida marroquí en el Raval de Barcelona. Su jornada laboral es de doce horas. No puede ir a asambleas por falta de tiempo, y tampoco votar. Pero sabe que es importante. “En el voto nos va la vida. Debo conseguir la nacionalidad para poder activarme como ciudadano”, explica. Para obtenerla necesita permanecer en España diez años, de forma continuada, con la residencia y un permiso de trabajo. Y la tramitación de su nacionalidad puede demorarse unos cinco años. Durante todo este tiempo, Karim trabaja, paga sus impuestos, construye su vida en Barcelona, de donde no quiere irse, pero no puede votar. No existe como ciudadano político. En las elecciones municipales solo tienen derecho a voto los ciudadanos de la UE y de aquellos países con los que España tiene convenio. A pesar de la proximidad geográfica de España con Marruecos y de la amplia comunidad marroquí existente en nuestro país, no hay convenio entre los dos países.

“Para 2011 se habían firmado acuerdos con 10 países. Desde entonces hasta ahora se han firmado solo dos acuerdos más: con Corea y con Trinidad y Tobago, cuya representación a nivel de ciudadanos migrantes es mínima”, comenta Elena Sánchez, investigadora principal del CIDOB. España no ha firmado acuerdos con Marruecos, Venezuela o China, a pesar de que muchos de sus ciudadanos viven en nuestro país. “Hay una intención política en que no se firmen”, aclara Sánchez.

Las comunidades de inmigrantes están así excluidas del voto, y de la toma de decisiones, hecho que produce un doble efecto. “La mayoría de los programas electorales no se dirigen a los inmigrantes, porque se sabe que no pueden votar. Entonces ¿para qué?”, se pregunta la artista y activista social peruana Daniela Ortiz. Quiere solicitar la nacionalidad española y desde el Registro Civil le han dado cita para iniciar los trámites de aquí a dos años. A este tiempo se suman los otros dos o tres años que duran las gestiones y un examen de “integración” que Daniela deberá superar para adquirir la nacionalidad.

Mientras tanto, votará sólo en las municipales: “El no acceso al voto hace que se presente a la ciudadanía, y no a los inmigrantes también, el tema migratorio. Entonces no hablan los inmigrantes, sino que se habla de inmigración, en términos más paternalistas o más criminalizadores, porque es la ciudadanía la que vota, y muy pocos inmigrantes”, continua Ortiz.

La participación política depende de los canales de acceso al espacio de decisión, entre ellos, el voto. Es el pez que se muerde la cola: los partidos políticos no incluyen en sus propuestas a las personas migradas porque saben que no podrán votar todas. Por otro lado, las personas migradas, al no encontrar en los programas políticos reflejada su realidad, dejan de interesarse por el espacio político: “Poder participar en el sistema hace que todas tus necesidades tengan respuesta. Si no, no tiene sentido. Y en los programas electorales, ¿cuántos partidos recogen las necesidades de las personas migradas? ¿Y cuántos llegan a conocerlas?”, se pregunta la investigadora Elena Sánchez.

La investigadora de la Universidad Pompeu Fabra, Flora Burchianti, que ha trabajado en el proyecto DIVPOL sobre la diversidad en los partidos políticos, afirma en referencia a la presencia de personas migradas en los parlamentos nacionales que “en España solo hay una senadora. Pero la falta de cargos electos y la baja participación no muestran necesariamente un desinterés [de los inmigrantes], ya que hay razones diversas que pueden explicarlas”. La investigadora considera que no existen estudios para comparar la participación política de las clases populares y de los inmigrantes, “pero dudo que sea mucho más baja que la de la población general”.

Además de la restricción del voto y de otras dificultades que tienen que superar para participar en la vida política, los inmigrantes también encuentran barreras para acceder a las “élites”, a los cargos. Barreras que afectan también a las clases populares: “el espacio de los partidos es bastante cerrado. Un inmigrante no va a llegar a ocupar un cargo, pero de la misma manera que no va a llegar una persona de clase popular o una persona que no tiene los contactos adecuados. No es fácil para nadie penetrar en los espacios del poder”, comenta Burchianti. Sin incluir a las personas migradas, los partidos políticos se convierten en su principal obstáculo, ya que son los representantes de la lucha política. “Si apartas a los inmigrantes de los partidos políticos, los apartas del 90 % de la participación política. Frente a la crisis, los partidos tienen miedo de tener representantes inmigrantes, por si sus votantes los castigan a nivel electoral”, añade Abuy Nfbuea.

Aunque los partidos políticos se abran a la entrada de los inmigrantes mediante la existencia de las sectoriales de migración en los partidos, la gran barrera sigue siendo la representación y el acceso a los cargos. Por otro lado, existen voces que critican la funcionalidad de estas sectoriales, ya que encasillan a las personas migradas y las limitan a encargarse de asuntos relacionados con la inmigración, promoviendo así la segregación. “Puede que haya una persona de origen inmigrante que sea médico, por ejemplo, y quiera estar en sectoriales de salud y no ocuparse de inmigración. En teoría puede hacerlo, pero en la práctica es más difícil. Se debe impulsar una visión más transversal”, considera Flora Burchianti.

La misma crítica reciben las asociaciones de inmigrantes, que pueden representarlos, pero también constituir una barrera para su participación política. “Muchas asociaciones representan solo a una clase media de los inmigrantes, no a todos los inmigrantes, y funcionan más bien como un centro de información, no como centros politizados”, considera Badia El Badaoui, que ha trabajado con la comunidad marroquí. A esto se añade la dependencia de las subvenciones: “Los inmigrantes deben asumir un papel político protagonista. Nos hemos dedicado a hacer asociaciones, un movimiento que dependía mucho de las subvenciones, de los partidos, y no a ser sujetos políticos” critica Abuy Nbufea.

La política debe estar presente en los barrios pobres

Además de la restricción del voto, la baja presencia de las personas migradas en los espacios políticos se debe también a las situaciones de precariedad y marginalización a las que muchas se ven sometidas, acentuadas, en su caso, por las normativas de extranjería. La precariedad económica se traduce en el estrés permanente, en el vivir a salto de mata. “Hace falta tiempo físico y mental para participar en las actividades políticas de forma constante. Una persona no puede vivir sin saber dónde se cae muerta mañana y acudir a las reuniones de su partido, aunque esté muy politizada”, comenta Gaby Poblet de ICV-EUIA. La movilidad forzada por la precariedad laboral hace que la persona migrada tarde en construir sus raíces en un lugar: “No hay que olvidar la necesidad de resolver los asuntos privados, además de la supervivencia, porque muchas veces los hijos y familiares están en el país de origen, y todo eso limita muchísimo la participación”, opina la colombiana Betty Puerto Barrera, psicóloga social, activista de derechos humanos, feminista e impulsora de movimientos de mujeres y contra la pobreza en su barrio barcelonés.

Le acaban de denegar la nacionalidad, dado que no mostraba suficiente “integración”. Habla de una “clase subterránea” ni siquiera reconocida, ni siquiera considerada como una clase social, que no es nombrada, y al no ser nombrada, parece que no exista. “Las trabajadoras del hogar, por ejemplo, se pasan seis días de la semana encerradas en una casa. Cuentan con un solo día libre. Muchas de ellas ya participaban en el asociacionismo de su país de origen, donde lo aplicaban en educación, ecología… Forma parte de sus vidas y lo quieren reflejar, pero solamente tienen los domingos para participar en la vida política. Entonces, cuesta mucho generar un liderazgo cuando tienes una tarde a la semana”.

A la vez, esta ciudadanía subterránea está empujada a una especie de “esquizofrenia social”, en palabras de Betty. Los permisos de trabajo y residencia que dan acceso a los derechos como ciudadano se tienen y se pierden. Conforme a la ley de extranjería, cada renovación significa un contrato de trabajo a jornada completa, requisito difícil en el actual mercado laboral, con lo cual, muchas personas pierden los papeles y los derechos ciudadanos adquiridos. “Ejercen su ciudadanía en clandestinidad… Y eso genera un alto nivel de esquizofrenia social—ahora tengo derechos, ahora dejo de tenerlos —, además de la invisibilidad”.

De esta manera, los inmigrantes que dejan de cotizar y pierden sus permisos, pierden los derechos adquiridos en los años anteriores en España, incluido el derecho a voto: “El que no cotiza está fuera de la sociedad. Entonces, el inmigrante no es un ciudadano, es solo una herramienta, mano de obra. Como en la película Este no es país para viejos, pues este no es país para pobres ni para la clase trabajadora, sea española o inmigrante”, concluye Badia.

El reconocimiento pasa por el autoreconocimiento

Desde los colectivos de personas migradas se reclama el reconocimiento, la inmigración como una oportunidad para la sociedad. Por eso es necesario que sus necesidades estén presentes en las agendas políticas, que deberían contemplar, entre otras cosas, la anulación de las represivas leyes de extranjería. “Estamos hablando de una situación de muerte y violencia que se ha cobrado más de 20.000 fallecidos desde 1988 en la frontera. Estamos hablando de los CIE, de la deportación forzada, y de que la presencia de estos temas en el debate político y en los movimientos sociales es muy baja”, considera Ortiz.

Plataformas como la PAH, de carácter trasversal y con capacidad para construir espacios políticos comunes, han mostrado una participación activa de los inmigrantes en la vida política. Natalia Caicedo, de Guanyem, considera que para lograr la participación de los inmigrantes en la vida política se deben tratar hechos concretos: “Hay que trabajar problemas concretos, como lo hizo la PAH, para unir a la gente.” Todo esto plantea un nuevo concepto de ciudadanía, una ciudadanía que no se vincule a la nacionalidad, sino a los derechos, “una ciudadanía que refleje la diversidad” en palabras de Francesc Boldú del grupo Migracions y Antiracisme de Podem Barcelona. La plena ciudadanía pasa por el reconocimiento del inmigrante como sujeto político y agente social del cambio, y exige el reconocimiento de su pasado político y profesional. “Se habla de trayectoria de las personas migradas y no de profesionales. Las personas migradas no estamos en su mapa mental como profesionales, y mucho menos como agente de cambios”, comenta Gaby Poblet de ICV-EUIA.

Pero para llegar a este reconocimiento, es necesario construir antes el autoreconocimiento, “un discurso de los inmigrantes, no un discurso para los inmigrantes. La movilización de los inmigrantes, el asamblearismo son métodos, no fines. Es importante llegar a los espacios de decisión”, añade Abuy, que insiste en que son los inmigrantes los que deben liderar la lucha por sus derechos, y no delegarla: “Ya antes del 15M, los inmigrantes pusieron en jaque al sistema y mostraron que necesitaba un cambio. Pero falta liderazgo. No hay líderes que sean capaces de unir a la gente. No se trata de una persona, sino de un discurso intelectual, ideológico, un movimiento de los migrantes. Ahora cuando Podemos ha abierto la posibilidad de debatirlo todo en España, ¿dónde está el debate migratorio?”