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Interior cambia de criterio y se niega a mejorar la protección de los polizones que piden asilo en España

El 2017, un barco zarpó del puerto de Marín con dos polizones a bordo que pidieron asilo en España. Desaparecieron. El Defensor del Pueblo recomendó cambios en el protocolo e Interior los aceptó, pero tres años después ha rechazado aplicarlos

Vista general del carguero de contenedores  fondeado en el puerto de Valéncia, 'Sag Good Timing', en el que han fallecido dos polizones. / EFE/ Kai Försterling
Vista general del carguero de contenedores fondeado en el puerto de Valéncia, "Sag Good Timing", en el que fallecieron dos polizones en 2020. / EFE/ Kai Försterling.

Fue un hecho insólito. En diciembre de 2017, el buque inglés Kristin C atracó en el puerto de Marín (Pontevedra) procedente de Casablanca (Marruecos) con dos polizones a bordo. Eran de nacionalidad siria y palestina, y manifestaron su voluntad de pedir asilo en España a los agentes de Policía que se personaron en el buque.

No es lo habitual, pero lo lograron a través de los abogados de oficio y con el apoyo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de Euskadi. Sin embargo, el barco zarpó una mañana con los polizones a bordo. Su destino era un puerto polaco al que nunca llegaron. Dos días después de que zarparan, los abogados recibieron la noticia de que las solicitudes de asilo habían sido admitidas a trámite.

Ya era tarde. Los polizones, ya solicitantes de asilo de pleno derecho, se habían esfumado del país que estudiaba darles protección internacional sin que nadie asumiera ninguna responsabilidad. "Jamás sabremos qué ocurrió con ellos ni quién permitió que ese barco zarpara", lamenta Javier Galparsoro, abogado y presidente de la organización vasca.

Este letrado lleva más de 30 años trabajando por los derechos de los polizones y asegura que nunca vio un caso tan flagrante. "Se estaban cumpliendo todas las reglas, algo que no es para nada lo habitual. Por eso fue una sorpresa cuando el barco se fue con ellos", recuerda.

A lo largo de su trayectoria, Galparsoro se ha encontrado con la imposibilidad de acceder como letrado hasta los barcos con polizones, con solicitudes de asilo rechazadas que han acabado en deportaciones, con falta a asistencia letrada o con intentos de la tripulación de ocultar la presencia de polizones abordo por los inconvenientes y riesgos legales que implica. Pero nunca vio que un barco obtuviera permiso para zarpar con dos solicitantes de asilo de los que el Gobierno y la Policía tienen plena constancia.

Galparsoro elevó una queja al Defensor del Pueblo, ya que se habían vulnerado las instrucciones conjuntas sobre el tratamiento de polizones extranjeros de la Policía, la Guardia Civil, Interior e Inmigración, que datan del año 2007.

En concreto, este protocolo deja claro que el polizón que pide asilo debe permanecer en el barco hasta que se resuelva si su petición se admite o no a trámite por la vía de la solicitud en frontera, mucho más rápida que el trámite ordinario. En caso de que el buque tenga que zarpar, el polizón debe desembarcar y permanecer en dependencias habilitadas al efecto en el puerto, que es considerado frontera en ese momento. Nada de eso ocurrió en el puerto de Marín. Según la investigación del Defensor del Pueblo, el barco zarpó con la autorización verbal de la Subdelegación del Gobierno en la provincia, en quien recae aún la competencia en la gestión de estos casos.

Por eso, el Defensor del Pueblo pidió en 2019 una modificación de estas instrucciones "para proteger los derechos de posibles solicitantes de asilo en buques que estén en aguas jurisdiccionales españolas". Una revisión para evitar que no se dieran más casos como el del Kristin C

Interior se comprometió a hacer las modificaciones, pero tres años y más de diez recordatorios del Defensor del Pueblo después, el departamento de Fernando Grande-Marlaska ha decidido cambiar de criterio y rechazar los cambios propuestos. Así se lo comunicó el miércoles al propio Galparsoro la oficina del Defensor del Pueblo, que da ya por finalizadas sus actuaciones al respecto.

En sus recomendaciones, el Defensor del Pueblo pedía incluir una "obligación" a la Subdelegación del Gobierno de comunicar "por escrito a la autoridad portuaria la presencia de solicitantes de asilo" en el buque. También pedía un recordatorio expreso de la Subdelegación del Gobierno a la autoridad portuaria de "su obligación de no autorizar la salida del barco hasta que la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) se pronuncie sobre los expedientes de estas personas". Y requería "establecer de forma expresa la obligatoriedad de entregar sin demora a los letrados copia de la documentación que les permita continuar con la asistencia jurídica de los solicitantes".

En su respuesta, Interior asegura que la propia ley de asilo y refugio ya "garantiza plenamente el principio del derecho internacional humanitario de no devolución" de solicitantes de asilo. Asegura que los agentes de Policía que intervienen ya informan al buque de que debe permanecer en puerto hasta la resolución de las solicitudes. Y también descarga su responsabilidad sobre la competencia de la Subdelegación del Gobierno en todo el proceso, que según Interior, atañe al Ministerio de Política Territorial.

Para Galparsoro, la figura de los polizones es compleja, minoritaria y una de las más opacas en cuanto al ámbito de extranjería se refiere. Eso hace que los polizones sean unos de los migrantes más vulnerables. "Que Interior se niegue a realizar mejoras en su protección es simplemente vergonzoso", concluye.

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