La ley eutanasia existe, pero su aplicación va con mucha demora. Desde su aprobación el pasado diciembre en el Congreso de los Diputados y, pese al intento de tumbarla por parte de PP y Vox llevándola al Tribunal Constitucional, las trabas y los retrasos en su implementación han ido prorrogando (en lugar de evitar) el dolor de los enfermos.

Es el caso de María Luz Calvo y Javier Serrano. Ella falleció sin poder cumplir su deseo. Él, en cambio, sigue atado a la vida sin poder poner fin al dolor que le causa la esclerosis que sufre. Dos caras de una misma moneda que nos alerta de que algo no se está haciendo bien. La internista Carmen Díaz Pedroche hacía hincapié este martes ante las cámaras del El Intermedio en el sufrimiento de estas personas.

"Hemos hecho las cosas mal desde el punto de vista de la Administración de la Comunidad de Madrid", se lamentaba. La demora en la constitución de las comisiones que deben valorar la petición del paciente convierten en una odisea la posibilidad de poner fin a la vida cuando esta se hace insoportable. En concreto, y en el caso de Serrano, desde que firmara la primera petición podrían pasar tres meses.

"Está angustiado, no duerme, no come, el problema es que ha tomado una decisión y tiene un hijo, y un nieto, y querrá despedirse de ellos, pero ni siquiera sabe cuándo se tiene que despedir, es un poco inhumano", denuncia Díaz Pedroche, que no duda en cargar contra la administración que lidera Isabel Díaz Ayuso: "En Madrid estamos atrasando un plazo por un fraude de ley, estamos incumpliendo la ley".

"La vida claro es política, y la política establece prioridades"

Todas las comunidades están obligadas a crear unas comisiones de Garantía y Evaluación, un órgano colegiado de profesionales sanitarios que determinan si cumple con los requisitos para que se le aplique la eutanasia. Balears o Catalunya fueron las primeras en construir estas comisiones, mientras que otras como Andalucía o Madrid han tardado seis meses desde que se dio luz verde para establecerlas.

La necesidad de ratificar el testamento supone un problema grave para todas aquellas personas que dieron su consentimiento antes de la entrada en vigor de la ley y ahora por diferentes circunstancias se encuentran incapacitadas para su redacción. Es el caso de los solicitantes que padecen alzheimer, demencia u otras enfermedades degenerativas.

"Cuando decimos que la vida no es política –incide Díaz Pedroche– incurrimos en un error, la vida claro que es política, y la política establece prioridades. Es evidente que la ley de eutanasia es una prioridad para los españoles, no en vano el 70%, según las estimaciones previas, estaba a favor de ella, sin embargo a nuestros políticos no les parece una prioridad".