La historia nunca contada del 'Algarrobico catalán', el macroedificio ilegal pendiente de derribo: "Ocuparon nuestro terreno sin permiso"

El caso del edificio Arriaz de La Ràpita (Tarragona), el 'Algarrobico catalán' pendiente de derribo por orden judicial, sigue trayendo cola. Ahora ha decidido hablar la familia que llevó la construcción del bloque -actualmente habitado por ellos- a los tribunales por la ocupación irregular de parte de su propiedad. Y lo hace en Público tras casi 20 años de silencio. ¿El motivo? Las recientes declaraciones del exalcalde de La Ràpita, Miquel Alonso (PSC), que considera "injustas y difamatorias".

En una entrevista en la radio local de La Ràpita, Alonso —que era el alcalde del municipio cuando se otorgó la licencia de obras a la promotora inmobiliaria para la construcción del edificio— vincula la familia Bernaltes —la denunciante— con una presunta petición de urbanización ilegal a cambio de no denunciar al Ayuntamiento. En este sentido, califican las palabras del exalcalde de "falsas y graves". "Se nos ha acusado de haber propuesto una ilegalidad urbanística cuando, en realidad, lo único que hemos hecho siempre ha sido defender nuestros derechos", asegura un miembro de la familia.

En enero de 2006, el Gobierno municipal, entonces socialista, otorgó una licencia de obras —posteriormente declarada ilegal por el TSJC— a la promotora inmobiliaria Sabadell Arriaz SA para la construcción de un edificio —situado entre las calles Alcanyís, Molí y Oliveres, en el acceso norte de la población— de 136 viviendas y aparcamientos, a pesar de contar con un informe desfavorable del arquitecto municipal del momento. Parte de los terrenos para la construcción y urbanización de la zona eran de la familia Bernaltes.

Inicialmente, desde el consistorio se les comunicó que la afectación sobre su terreno sería "mínima". Pero un levantamiento topográfico demostró que la ocupación real ascendía a 284 metros cuadrados, siempre según la familia. A pesar de haberlo puesto en conocimiento del Ayuntamiento, denuncian que durante meses no obtuvieron respuesta alguna, mientras tanto, las obras avanzaban y el terreno familiar era progresivamente invadido.

La familia remarca que nunca llegó a ningún acuerdo con el Ayuntamiento de La Ràpita para ceder sus terrenos. Pese a ello, las obras continuaron. "Nosotros no autorizamos nunca ninguna cesión de terreno ni ninguna ocupación de nuestro solar. Lo hicieron sin nuestro permiso", explican.

"Nuestra voluntad siempre fue llegar a un acuerdo", remarcan. La solución, según explican, pasaba por una modificación del Plan General que permitiese regularizar la situación y compensar económicamente el terreno afectado, tal y como prevé la legislación urbanística. "No pedíamos nada extraordinario, solo que se hiciera lo que marcaba la ley", afirman. Esta vía, sin embargo, nunca se abordó seriamente.

Ante la inacción municipal, la familia se vio abocada a la vía judicial. Los tribunales les acabaron dando la razón. Tanto el juzgado contencioso-administrativo como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declararon la nulidad de pleno derecho de la licencia de obras y del convenio urbanístico firmado posteriormente. Las resoluciones judiciales, a las que ha tenido acceso Público, concluyen que "un convenio no puede legalizar aquello que el planeamiento prohíbe, ni puede prevalecer sobre el interés público urbanístico".

Aun así, el edificio se terminó construyendo. Según el relato de la familia, durante las obras se produjeron múltiples irregularidades: ocupaciones de terreno privado, movimientos de tierras no autorizados, conexiones de servicios dentro de su solar e incluso la instalación de postes eléctricos sin ningún permiso. "Lo documentamos todo con actas notariales, pero nadie detenía nada", lamentan.

En 2008, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat —actualmente Departament de Territori—, con Joaquim Nadal al frente bajo el Gobierno tripartito, emitió una resolución que detallaba todas las irregularidades detectadas. El documento se envió al Ayuntamiento de La Ràpita, pero el consistorio no suspendió las obras. En 2009, el juez del Contencioso-Administrativo de Tarragona ya dictó una sentencia que ordenaba el derribo del edificio ya construido. A pesar de todos los avisos y procesos judiciales, la promotora continuó vendiendo los pisos.

La familia denuncia que la sensación de impunidad tanto de la empresa como del ayuntamiento era absoluta. "Ver cómo, a pesar de informes desfavorables y sentencias firmes, todo continuaba adelante, fue muy duro", explican. Los tribunales han sido claros: el paso del tiempo no legaliza una obra ilegal, ni siquiera cuando el edificio está terminado y habitado.

Entre 1,5 y 2 millones por el derribo  

En cuanto a la demolición del edificio, la familia asume que no es una sanción, sino una consecuencia legal inevitable de la nulidad de la licencia. "No es una cuestión de venganza ni de castigo. Es restablecer la legalidad que se vulneró", afirman. También subrayan que los vecinos y compradores no son responsables y que, si hay daños patrimoniales, estos deben dirimirse por la vía de la responsabilidad de la Administración.

En 2015, las estimaciones para ejecutar la sentencia —es decir, el derribo y las indemnizaciones a los propietarios— ascendían a 15 millones de euros. El presupuesto de 2024 del Ayuntamiento de La Ràpita fue de 18,2 millones. Sin las responsabilidades penales, el Ayuntamiento "solo" tendrá que hacer frente a los gastos del derribo del edificio, que se sitúan entre 1,5 y 2 millones. Una cifra que, pese a ser mucho menor que la inicial, sigue siendo un duro golpe para unas finanzas municipales limitadas.

A nivel personal, la familia describe el proceso como "agotador". El valor del terreno, dicen, no compensa ni de lejos los costes económicos, el desgaste emocional y los años de litigio. "Es un trozo de tierra donde plantábamos patatas", explican. "No es un conflicto urbanístico más, es una lucha constante por defender lo que es tuyo". La familia concluye que el caso Arriaz es el ejemplo de una forma de hacer que fue demasiado habitual durante los años del boom inmobiliario: conceder licencias irregulares, ignorar informes técnicos y confiar en que el tiempo y el cansancio acabarían con la rendición de los afectados.