Las 21 personas que este viernes invadieron las pistas del aeropuerto de Palma podrían haber cometido un delito contra el tráfico aéreo. La Ley de Seguridad Aérea califica como "infracción muy grave el acceso no autorizado a la zona de operaciones y a las zonas restringidas de los aeropuertos" y prevé multas que van desde los 90.001 a 225.000 euros para quien acceda a las áreas de despegue y aterrizaje sin autorización. 

La delegada del Gobierno en Balears, Aina Calvo, ha explicado este sábado que los varones que saltaron del avión en el que viajaban tras un aterrizaje de emergencia han incumplido la normativa de seguridad "sin lugar a dudas", aunque por el momento se desconoce la razón por la que lo hicieron.

El suceso mantuvo paralizado el aeródromo de Son Sant Joan, el tercero más importante del país, durante tres horas y media y provocó el desvío y retraso de cerca de 60 vuelos nacionales e internacionales. Por el momento, la Policía investiga si se trata de una acción planeada previamente o se trató de un hecho espontáneo.

Dos años de prisión para 23 trabajadores de El Prat

Lo ocurrido este viernes en Palma ha sido calificado como un "acontecimiento inédito e insólito en este país". Sin embargo, no es la primera vez que civiles invaden la pista de un aeropuerto en España. En el verano de 2006, un total de 27 trabajadores del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, ocuparon la zona de operaciones del aeródromo durante una huelga que fue considerada ilegal.

Los hechos se saldaron con una condena de dos años de prisión para 23 de ellos, mientras que otros cuatro fueron absueltos. La Audiencia de Barcelona consideró eran culpables de un delito de desórdenes públicos, al entender el juez que los hechos no constituían un delito contra el tráfico aéreo enmarcado en la norma anteriormente citada. De este mismo delito serán también acusados los hombres que saltaron a la pista en Palma, según han indicado fuentes de la investigación a Europa Press, aunque no se descarta la posibilidad de que se les imputen otros delitos.

Más tarde, en agosto de 2016, un pasajero que pensaba que iba a perder su vuelo en el madrileño aeropuerto de Barajas, accionó una alarma contra incendios en una puerta de embarque para provocar la apertura de la misma y lograr acceder a las pistas de despegue. Aunque se desconoce cuál fue la pena impuesta al viajero, la Guardia Civil señaló el día de los hechos que se ejecutaría por un procedimiento sancionador administrativo, según informó Efe.