De madrugada y claramente intencionado. Así fue el incendio que se extendió la mañana del miércoles en un bloque de 16 viviendas okupadas en la localidad madrileña de Collado Villalba y que ya investiga la policía judicial de la Guardia Civil.

Las llamas se detectaron alrededor de las 7.00 horas en el interior de uno de los dos edificios propiedad de la Sareb (conocido como el banco malo) ubicados en la Calle Real de la localidad. Allí residen alrededor de un centenar de personas, entre ellas, familias con menores y personas sin recursos y algunas con discapacidad que decidieron ocupar estos edificios en diciembre de 2020, después de que llevaran vacíos al menos desde el año 2010.

Nueve personas tuvieron que ser atendidas por los equipos de emergencia debido a intoxicaciones leves por el humo, entre ellas un bebé. Cuatro fueron hospitalizadas, entre ellas una personas con quemaduras de tercer grado en las manos que también ha recibido ya el alta. Las llamas sorprendieron a los ocupantes mientras la mayoría dormía y solo la rápida actuación de los bomberos evitó una tragedia, ya que había personas refugiadas en la azotea y otra que intentaban saltar por las ventanas para huir de las llamas, explican.

La Asamblea de Vivienda de Villalba, uno de los colectivos madrileños defensores del derecho a la vivienda, informó la mañana del miércoles de que el fuego era provocado, algo que confirmaron por la tarde los bomberos y la Guardia Civil, que mantiene abierta una investigación para averiguar quién o quienes están detrás de las llamas y con qué motivación.

"Condenamos este atentado que lo único que buscaba era quemar a varias decenas de familias que habitan un edificio abandonado", asegura la Asamblea en un comunicado. En su redes sociales son más explícitos: "Ayer intentaron quemarnos vivas".

Al menos tres focos diferentes

Fuentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil apuntan a Público que hubo al menos tres focos por los que se propagaron las llamas, lo que indica que el incendio fue premeditado. Tras una inspección ocular, los investigadores están a la espera de que las muestras recogidas sean analizadas para determinar si se utilizaron aceleradores incendiarios.

Los activistas y varios de los residentes en este edificio afirman a Público que tras la evacuación notaron un olor a gasolina y añaden que las llamas se iniciaron en el rellano del bloque, y no en el interior de las viviendas. Además, según estas fuentes, también hubo un incendio en el otro edificio anexo, también okupado, al mismo tiempo, aunque las llamas no se propagaron y los vecinos no han tenido que abandonar las viviendas. De hecho, incide la Asamblea de Vivienda, todos los desalojados han sido acogidos por las personas que ocupan las viviendas del otro bloque, también de la Sareb.

La Guardia Civil prosigue sus pesquisas tomando declaración a los residentes y recogiendo testimonios de los vecinos. También solicitará las grabaciones de las cámaras de seguridad que pudiera haber en los comercios cercanos. El incendio se originó en el número 13 de la Calle Real, un lugar más o menos céntrico en el que hay una oficina bancaria y una cafetería contigua al bloque siniestrado. Aún así, los investigadores creen que los trabajos se prolongarán durante más de un mes como mínimo.

Incertidumbre entre las familias sin casa

Desde la Sareb, propietaria de estos inmuebles, se remiten al comunicado emitido este jueves en el que lamentan los hechos e informan de que el inmueble ha resultado muy dañado.

Según informa la Asamblea de Vivienda, los ocupantes llevan dos años tratando de negociar alquileres sociales con la entidad pública, pero solo han recibido denuncias y procesos judiciales para el desalojo. Tan solo una de las familias ha podido regularizar su situación con Sareb, explican los activistas, que exigen que se realicen los trabajos de limpieza y desinfección para que los evacuados puedan regresar a los pisos en los que llevan desde que decidieron okuparlos en diciembre de 2020.

La entidad asegura que está "en contacto y en coordinación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Collado Villalba para realizar las actuaciones necesarias y para realojar de forma inmediata a las familias vulnerables que el consistorio de la localidad determine". Sin embargo, según los afectados, por el momento no se han puesto en contacto con ellos.

La única actuación que han visto los vecinos ha sido la llegada de una empresa privada de seguridad al edificio que acudía, según les han explicado, para colocar alarmas en las viviendas, donde todavía estaban las pertenencias de los afectados. Ahora temen que este incendio sirva de pretexto para tapiar las viviendas y dejar sin casa a las alrededor de 70 personas que ahí residían hasta este incendio provocado.

Criminalización de los 'okupas'

Los activistas denuncian que estos "terribles" hechos llegan después de años de criminalización de las personas abocadas a ocupar viviendas y edificios vacíos o en desuso en la localidad. Recuerdan que este ayuntamiento fue el primero en la región en poner en marcha una "oficina antiokupación", casualmente ubicada a pocos metros, en la misma calle del este edificio incendiado el miércoles.

Fue clausurada poco después de que la Asamblea de Vivienda local hiciera pública su relación con lo que llaman "mafias de la desokupación". Y es que la gestión de esta oficina estaba en manos de la empresa Desocupaciones Técnicas SL, propiedad del mismo empresario que la conocida y turbia empresa Desokupa, dedicada a desalojar por la fuerza inmuebles ocupados sin orden judicial. De hecho, el empresario está investigado por allanamientos de morada por las actividades de sus empresas.

La guerra contra la okupación ha sido una constante desde la llegada a la alcaldía de Mariola Vargas (PP), no solo en los discursos, sino en la práctica, llevando a cabo polémicos desalojos de familias vulnerables de edificios públicos, algunas llevadas a los tribunales y otras paralizadas.

"Los discursos que defienden la propiedad privada por encima de la vida y los que normalizan la aporofobia camuflándola bajo alguna etiqueta producen estas prácticas monstruosas", aseguran la Asamblea de Vivienda en referencia al incendio.

El partido Unidas por Collado Villalba (Podemos, Izquierda Unida y Cambiemos Villalba) sostiene que este inmueble, abandonado y propiedad de la Sareb, está ocupado por más de 15 familias en situación de vulnerabilidad extrema que "se ha visto agravada por comentarios en sede institucional por parte del Gobierno de derecha y extrema derecha de Collado Villalba, que han fomentado un caldo de cultivo aporófobo". Por ello, reclama al Gobierno municipal que actúe "de manera inmediata y ofrezca una solución habitacional a estas familias, no por caridad, sino por justicia social".