Irune Costumero perdió la custodia de su hija hace cuatro años por decisión de cuatro responsables de la Diputación Foral de Bizkaia: el diputado de Acción Social de Bizkaia, Sergio Murillo, y de tres funcionarias de los Servicios Sociales. Ahora ha visto cómo la Justicia da la razón a los funcionarios, que la acusaron de influir sobre la menor en contra del padre, lo que algunos llaman el síndrome de alienación parental (SAP) que debería ser inadmisible por inexistente.

El juicio sobre el caso se celebró el pasado mes de junio después de que en 2017 Costumero denunciara a los cuatro funcionarios de la Diputación por haberle quitado la custodia de su hija cuando tenía cinco años sin orden judicial y acusándola supuestamente de influir en contra del padre, según informa Europa Press.

La Audiencia vizcaína absolvió a los procesados al considerar que su actuación no era "incardinable en el delito de prevaricación administrativa" y que no se habían acreditado los delitos de maltrato y de lesiones psíquicas de los que fueron acusados. Costumero recurrió.

En su sentencia, la Sala Civil y Penal, presidida por Iñaki Subijana, recuerda que la representación legal de Irene Costumero, en su recurso, "pone de relieve una serie de incongruencias probatorias, en su opinión relevantes" de la sentencia de la Audiencia Provincial, aunque destaca que "en ningún momento" afirma que la valoración del Tribunal "sea irracional o insuficiente".

En este sentido, el Tribunal apunta que se limita a proponer "una valoración alternativa de diferentes hechos" para "alcanzar conclusiones distintas" a las del órgano judicial, "pero que en ningún caso justifican la irracionalidad de la inferencia obtenida por el tribunal".

Además, añade que "una parte importante" de las alegaciones de Costumero "descansan en una grabación" que la Sala de lo Civil y Penal no puede oír al no haberse propuesto "de la manera legalmente establecida la práctica contradictoria de la correspondiente prueba".

A juicio del Tribunal, la Audiencia vizcaína realiza "una valoración de la prueba practicada dotada de una lógica interna más que suficiente para que proceda" a su "convalidación", en especial "dentro de los estrechos parámetros de control de los que el legislador ha dotado para estos parámetros ha supuesto".

"A lo largo de un texto extenso, va desgranando la prueba practicada en el plenario, valorando su calidad probatoria y su encaje con el resto de la prueba practicada, concluyendo que procede la absolución de los encausados con unos razonamientos que no pueden considerarse en manera alguna irracionales o infundados", resalta.

El alto tribunal vasco indica que el tipo de prevaricación "exige, no solo una resolución contraria a derecho, sino arbitraria", es decir, "sujeta a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón".

La Sala Civil y Penal considera que la sentencia impugnada "desarrolla adecuadamente los motivos" por los que la orden foral por la que se retiró la custodia de su hija a Irene Costumero, en la que concluía "razonablemente que existía riesgo de desamparo de la menor", no puede ser considerada "como arbitraria".

Costumero irá al Supremo

Irune Costumero ha declarado, tras conocer la noticia, que "siento una profunda vergüenza por la injusticia que hay en el País Vasco que solo mira por los puestos de mucha gente del PNV que está en el negocio montado en torno a los niños y niñas". Costumero ha indicado que "no esperaba menos del TSJ del País Vasco. Está claro que van a por mí a saco, porque he levantado la caja de pandora del negocio que tienen con los niños. Mi hija en enero cumplirá diez años y lleva cinco alejada de su hogar. La están obligando a vivir con quien ella no quiere y teme".

Irune Costumero ha avanzado que recurrirá al Tribunal Supremo. "No voy a tirar la toalla, tengo una gran esperanza en el Supremo porque está fuera del País Vasco y espero que miren por mi hija y que se haga justicia".