Cuando el 20 de noviembre de 2014 Isabel Tejero acudió a intentar paralizar un desahucio en la calle Guzmania, en el madrileño barrio de Tetuán, no imaginaba que tres años después se enfrentaría a una pena de dos años y medio de prisión. Tampoco lo esperaba cuando, a los dos meses, recibió una citación judicial para prestar declaración. Lo que iba a ser un juicio por faltas ha terminado en un juicio penal en el que la Fiscalía le acusa de un delito de atentado contra la autoridad en concurso con un delito de lesiones y otras dos faltas por lesiones a agentes antidisturbios de la Policía Municipal de Madrid. Le piden dos años y seis meses de prisión, además de indemnizaciones por valor de 5.000 euros. Una petición que, si es asumida por el juez, implicaría su entrada en prisión pese a no tener antecedentes penales.

"Llevo protestando e intentado parar desahucios desde 2011, con el colectivo Stop Desahucios del 15-M de Tetuán. Nunca he tenido ningún problema porque nuestra actitud es pacífica. Protestamos y visibilizamos una problemática social e intentamos evitarla, pero siempre de forma pacífica. Nunca esparábamos que llegara semejante denuncia", afirma a Público la acusada, que mañana será juzgada.

Según el escrito de acusación de la fiscal Rocío Morejón Fenoy, la activista se concentró junto a otras dos mujeres en la puerta de un domicilio con la intención de impedir un desahucio. En concreto, el de Umberto, que había contraído una deuda con el prestamista Antonio Arroyo Arroyo, conocido por haber concedido centenares de préstamos hipotecarios con intereses desorbitados y que tiene más de 50 denuncias abiertas por estafa. "Estábamos defendiendo a un hombre que no tenía nada, que se iba a quedar sin su casa, que ya tenía pagada, pero que tuvo la necesidad de pedir dinero a ese estafador porque vivía con 60 euros al día", recuerda Isabel.

Isabel Tejero en un cartel difundido por activistas antidesahucios.

La fiscal deja claro en repetidas ocasiones que Isabel y sus compañeras impidieron el paso a los agentes municipales que escoltaban a la comisión judicial, que no había llegado aún cuando se produjeron los hechos. Tras un "pequeño forcejeo", sus compañeras obedecieron a los agentes, prosigue la fiscal, pero Isabel desoyó los requerimientos de las policías "con manifiesto desprecio al principio de autoridad y con ánimo de menoscabar la integridad física de las agentes". Añade que la acusada "comenzó a forcejear" con ellas, "lanzando patadas y cogiéndole las manos, tirándose al suelo y negándose a levantarse", siendo necesaria la intervención de otro agente, que la levantó y la llevó a un lugar más apartado donde continuaron los forcejeos en los que se produjeron las lesiones.

Finalmente, según la fiscal y las diligencias previas de la Policía, una de las agentes sufrió un esguince en un dedo de la mano izquierda, que no requirió tratamiento ni dejó secuelas. Otra policía sufrió una contusión en la pierna derecha que no requirió baja y una tercera agente sufrió un esguince en un dedo de la mano izquierda que le dejó secuelas.

Sin embargo, la versión de Isabel es muy diferente. "Estábamos allí para mediar con la comisión judicial, ya que era el primer intento de desahucio y era previsible que lo aplazaran porque el afectado no tenía a dónde ir. Ni siquiera estaba en casa ese día", rememora la activista. "De repente comenzaron a llegar antidisturbios y nos dijeron que nos retirásemos de la zona. Les expliqué que estábamos esperando a la comisión judicial para negociar y al propio afectado, a ver qué noticias traía. Después de un rato empezaron a echarnos de la zona. Yo iba la última, conversando. Era una cuesta empinada y de repente tropecé y me caí", asegura.

Entonces varios agentes intentaron levantarla cogiéndola por las axilas. "Me había quedado bloqueada por el dolor de la caída. Les dije que no me manipularan mucho porque tenía problemas de espalda pero me cogieron en volandas y me llevaron a un callejón donde me inmovilizaron y me presionaron contra el suelo. Estaba rodeada por al menos ocho agentes y les grité que me dejaran. No sabía por qué estaba allí tirada", cuenta Isabel.

Después de vaciar su bolso, es identificada pero no detenida y el incidente termina sin más complicaciones. "No sé cómo voy a poder lesionar a los agentes si me están llevando en volandas y me inmovilizan. No tiene explicación", lamenta Isabel, que teme ir a la cárcel y hacer frente a las multas e indemnizaciones, ya que está desempleada y tiene dos hijas, una de ellas menor de edad. "Esto bien de ánimos pero no deja de ser muy grave que yo pueda ir a la cárcel por defender los derechos humanos mientras vemos cada día como políticos corruptos abandonan las prisiones", lamenta.

El juicio tendrá lugar este martes a las 12.30 horas, y su abogado, Endika Zulueta, pedirá su libre absolución. Al letrado le parece llamativo que la fiscal acuse a Isabel de atentado cuando las diligencias de la policía sólo hablaban de un delito de resistencia.

Activistas y plataformas por el derecho a ala vivienda han convocado una concentración de apoyo a la acusada a las 11.30 horas en la puerta del juzgado, en la calle Julián Camarillo.